ALONSO & WEBER abogados logra que un juzgado de Vélez-Málaga obligue al banco a devolver a los prestatarios los gastos de constitución de la hipoteca, incluyendo el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados

ALONSO & WEBER Gastos hipoteca

 

 

Un juzgado de Vélez-Málaga ha declarado la nulidad de la cláusula de gastos, cuya suma asciende a un total de 1.183,91 euros, y ha incluido de manera pionera el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD).

 

Hasta la fecha, muchos juzgados de instancia habían acogido la nulidad de los gastos de Registro de la Propiedad y  la de los gastos de notaría, gracias a la Sentencia del Tribunal Supremo 705/2015, de 23 de diciembre. No sucedía no obstante lo mismo en el caso del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, cuyo importe normalmente supone más del 70% de los gastos a abonar por el prestatario, de ahí la novedad e importancia de la sentencia lograda por ALONSO & WEBER abogados.

 

Todo ello se fundamenta en la resolución del Supremo mencionada, que confirma la nulidad de determinados gastos de formalización de préstamos hipotecarios, por considerarlos abusivos y beneficiar a los bancos en exclusiva, no concretando sin embargo las consecuencias jurídicas de tal declaración de nulidad.

 

En el caso de los gastos de Registro de la Propiedad y de notaría, ambos del ámbito exclusivamente civil, la sentencia establece que “en lo que respecta a la formalización de escrituras notariales e inscripción de las mismas (necesaria para la constitución de la garantía real), que tanto el arancel de los notarios, como el de los registradores de la propiedad, atribuyen la obligación de pago al solicitante del servicio de que se trate o a cuyo favor se inscriba el derecho o solicite una certificación. Y quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo con garantía hipotecaria es, sin duda, el prestamista, pues así obtiene un título ejecutivo ( artículo 517 LEC (LA LEY 58/2000) ), constituye la garantía real ( arts. 1875 CC (LA LEY 1/1889) y 2.2 LH ) y adquiere la posibilidad de ejecución especial ( art. 685 LEC (LA LEY 58/2000) ).”

 

Pero es en la reclamación del impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, regulado por un reglamento tributario, que considera adquirente al solicitante del préstamo, donde radica lo novedoso de la sentencia.

 

Así, esta resolución judicial pionera y lograda por el bufete malagueño ALONSO & WEBER abogados abre, a través de un giro en la argumentación jurídica, la vía a la reclamación judicial del mencionado tributo. La interpretación de los letrados encargados de la dirección técnica y la del juzgado coinciden en cuanto a la obligatoriedad del abono del impuesto por parte de la entidad financiera.

 

Según dicta la resolución, “la entidad prestamista no queda al margen de los tributos que pudieran devengarse con motivo de la operación mercantil, sino que, al menos en lo que respecta al impuesto sobre actos jurídicos documentados, será sujeto pasivo en lo que se refiere a la constitución del derecho y, en todo caso, la expedición de las copias, actas y testimonios que interese y que, a través de la cláusula litigiosa, carga indebidamente sobre la otra parte contratante.”

 

Finaliza la sentencia estableciendo:

“Sentado lo anterior, analizando el contenido de las cláusulas que contemplaban el pago de los gastos aludidos por los actores, se concluye que adolecen de vicio de nulidad por resultar abusivas la cláusula séptima puntos 2 y 4, en virtud de la cual los actores procedieron al pago de 1.183,91 euros”.

 

En opinión de los abogados del bufete se trata de una sentencia que marca claramente una nueva línea jurisprudencial en la reclamación de gastos de constitución de préstamos hipotecarios.

 

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ALMA ROTA

ALONSO & WEBER VIOLENCIA

Es difícil atender el teléfono y recibir a los clientes al mismo tiempo.

Yo acababa de colgar cuando le abrí la puerta del despacho. Traía mala cara, me dijo que no había podido conciliar el sueño.

Soy abogada de víctimas de violencia de género. Conocía historias casi iguales. Pero cuando escuché su caso pensé que sería fácil demostrar que la denuncia de ella era falsa.

Aún no me explico por qué no perdí los estribos y lo mandé a paseo cuando me empezó a dar instrucciones. Pero me gustó su seguridad y lo claro que lo tenía todo. Era el prototipo de hombre que toda mujer querría tener a su lado.

Una vez ganado el caso, descubrí que no sólo me gustaba, sino que me había enamorado de él.

Nueve meses de dependencia y de relación enfermiza que tratábamos de curar con sexo. Hasta que una noche sobrepasó la barrera. Primero un insulto, luego un empujón, al final un puñetazo.

Ahora, desde la comisaría, con el ojo amoratado y el alma rota, escribo estas líneas para recordarme a mí misma que esta vez no habrá una segunda oportunidad.

¿QUÉ DICE EL ART. 155 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA?

El artículo 155 de la Constitución Española (CE) constituye un instrumento conocido por la doctrina como “ejecución forzosa” o “compulsión o coerción federal”. Presente en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, y propia del derecho federal, fue también previsto en España en la Constitución de la Segunda República.

 

ALONSO & WEBER Spanish flag

El mecanismo planteado en el artículo 155 CE tiene carácter excepcional, no pudiendo aplicarse más que en determinados supuestos. El precepto establece textualmente que si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla a cumplir forzosamente dichas obligaciones o proteger el mencionado interés general.

Añade asimismo que el Gobierno de España podrá para ello dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. La excepcionalidad de esta medida comporta, en definitiva, la existencia de un presupuesto de hecho concreto, pero cuya precisión puede llamarse a interpretaciones, y que no es otro que la actuación de la comunidad autónoma ha de atentar gravemente contra el “interés general de España”.

Con independencia de dicha interpretación y de la determinación de los supuestos en que el mecanismo previsto en el precepto estudiado podría ponerse en funcionamiento, resulta especialmente interesante estudiar la doble vertiente que el legislador constitucional plantea:

En primer lugar, es evidente que habría que entrar a discutir acerca del alcance de los incumplimientos constitucionales o legales o del grave atentado al interés general de España por parte de una comunidad autónoma. Pero también de las medidas coactivas a poner en práctica por el Gobierno central. En cualquier caso, es frecuente que las constituciones modernas doten al Ejecutivo de poderes bastantes para garantizar la viabilidad del Estado, consecuencia ineludible del principio constitucional de unidad, a cuya garantía está obligado todo Gobierno responsable.

En un segundo plano, y ante las siempre interesadas críticas a este tipo de medidas coercitivas, hay que recordar que éstas no son una anomalía de nuestra Constitución, pues la Ley Fundamental de Bonn y Constitución Italiana, por poner dos ejemplos cercanos en el ámbito europeo, ya las habían previsto. Por el contrario, dichos instrumentos son comunes en el derecho constitucional comparado. Las normas constitucionales referidas, entre otras, contemplan la posibilidad de suspensión o disolución de los órganos federales, en el supuesto de que a los mismos se les pudiese atribuir una grave lesión del orden constitucional o legal. Debe recordarse que en 2002, el Gobierno Británico, encabezado por el Primer Ministro Blair, y en aplicación del mandato constitucional equiparable a nuestro artículo 155, suspendió la Autonomía del Ulster para atemperar la crisis política imperante en pleno proceso de paz.

Cabe concluir sin embargo que no es el objeto de la medida prevista en el artículo 155 CE, pues, “la suspensión de la Autonomía”, sino arbitrar los posibles remedios proporcionados que puedan obligar al destinatario al cumplimiento forzoso de sus deberes, previa advertencia suficiente en tal sentido, que bien podrán consistir en que el Estado e incluso otras Comunidades Autónomas limítrofes asuman temporalmente determinadas competencias, o bien impedir temporalmente la actividad del órgano autonómico que haya vulnerado el ordenamiento constitucional.

José María Alonso Martín

Abogado

EL PIRATA QUE QUISO SER JUEZ

 

ALONSO & WEBER ISLA DE TORTUGA

 

Cuenta la leyenda que los piratas huidos de la justicia se refugiaron en la Isla de la Tortuga.

Allí no había cárceles, ni jueces, ni -por supuesto- abogados.

Cuando existía un pleito entre filibusteros, peleaban a cuchillo y el que sobrevivía tenía la razón.

Un día llegó a la isla un viejo pirata al que llamaban “La Ley”. Dos bucaneros peleaban por la cabaña que usaban para reparar sus excesos de alcohol y mujeres.

”La Ley” exigió un careo y les preguntó:
“Contesta rápido: ¿Duermes en tu cama?”
“No, me acuesto donde me guía cada borrachera.”
“Y tú, cuando yaces con mujeres, ¿lo haces en tu casa?”
“No, siempre en el lupanar.”
“Ninguno de los dos necesita pues la cabaña. Dejadla a quien dé buen uso de ella.”

Los dos afectados por tan salomónica decisión torcieron el gesto. El tumulto que contemplaba tan sumario juicio convocó parlamento cuyo veredicto fue unánime: “La Ley” no era imprescindible. Al amanecer, el viejo pirata era pasto de los tiburones.

¿SE PUEDEN DENUNCIAR LAS INJURIAS LEVES?

La reforma del Código Penal operada en 2015 despenalizó las injurias leves. De este modo, este tipo de injurias, muchas de las cuales eran proferidas en internet, a través de redes sociales, y que antes eran castigadas como falta, ya no son denunciables.

 

ALONSO & WEBER COMPUTER

El único supuesto en que el Código Penal sigue considerándolas tipificadas como delito es el supuesto en que las injurias se profirieran en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 173.2. Ello se traduce en que el sujeto pasivo de este delito sea alguna de las siguientes personas:

  • Quien sea o haya sido su cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
  • Los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente.
  • Menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente.
  • Persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar.
  • Personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

En consecuencia, las ofensas producidas entre extraños fuera de los casos referidos tendrán carácter privado, razón por la cual deberán ser dilucidadas en la vía civil.

Particularmente ilustrativa resulta la Sentencia de 17 de septiembre de 2015 de la Audiencia Provincial de Toledo, que refiere:

” Las injurias leves y las vejaciones injustas, salvo cuando se cometen sobre alguna de las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 173, quedan al margen del ámbito penal, por tratarse de ofensas de carácter privado cuya reparación puede exigirse en la vía jurisdiccional civil o mediante los  actos de conciliación”.

Lo cual se traduce en que, desde el punto de vista procedimental, quien haya sido objeto de este tipo de injurias se verá obligado a interponer una demanda de protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

Evidentemente, en comparación con la situación anterior a la reforma de 2015, la actual supone más gastos para el justiciable, pues para incoar un procedimiento civil requerirá de la asistencia de un abogado y de la representación de un procurador. Pero además se puede entender que el ofendido deberá acreditar de manera fehaciente y exhaustiva que el demandado ha sido autor de las injurias.

Desde el punto de vista del autor de las injurias leves, supone una considerable ventaja, toda vez que todos los por desgracia frecuentes insultos proferidos en redes sociales pueden quedar impunes si quien los ha recibido no cuenta tanto con medios económicos como con un completo asesoramiento en una materia de tal complejidad y preparación.

 

¿CÓMO RECLAMAR LA PLUSVALÍA MUNICIPAL?

 

ALONSO & WEBER CALCULATOR

 

El Tribunal Constitucional ha establecido que los contribuyentes no tendrán que pagar el impuesto de plusvalía municipal cuando hayan registrado pérdidas en la venta de un inmueble.

Queda demostrado que el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) vulnera el principio constitucional de capacidad económica, pues no se halla vinculado con el incremento real del valor del bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un periodo de tiempo”.

El hecho de que el hecho imponible fuera determinado a partir del valor catastral y no del valor de venta demuestra que la liquidación de este impuesto ha sido claramente lesiva contra la capacidad económica de los contribuyentes.

A partir de ahora se abre el periodo de reclamaciones de todos los contribuyentes perjudicados por la liquidación del impuesto cuando no tuvieron beneficio en la venta de sus inmuebles.

 

¿Cómo reclamar?

Una vez que se ha efectuado el pago de la  plusvalía será preciso presentar un escrito de solicitud de rectificación y devolución de ingresos indebidos ante el ayuntamiento que ha recaudado el impuesto, haciendo constar el importe satisfecho y motivando la reclamación.

Se inicia con ello un procedimiento administrativo tributario, debiendo contestar el ayuntamiento, dando plazo para la interposición de recurso de reposición y si lo permite -hay poblaciones que no disponen del Tribunal Económico Administrativo municipal- a continuación Reclamación Económico Administrativa que será resuelta por el Tribunal Económico Administrativo municipal correspondiente, agotándose de este modo la vía administrativa.

En ese momento, de no haber visto satisfecha nuestra reclamación, podremos iniciar un procedimiento contencioso-administrativo en el plazo es de dos meses, mediante la interposición de recurso contencioso administrativo.

 

¿Quienes pueden reclamar?

Podrán hacerlo todas aquellas personas físicas o jurídicas que hayan pagado el impuesto en virtud de del traspaso de un inmueble a pérdidas en un ejercicio fiscal no prescrito, esto es, siempre que no hayan transcurrido 4 años desde la fecha del devengo.

El traspaso de un inmueble puede haberse producido en virtud de una compraventa, herencia, donación o adjudicación por ejecución de hipoteca, por lo que es diversa la tipología de contribuyentes afectados.

 

¿Qué se debe presentar junto con la reclamación?

Todos los que presenten la reclamación deberán recopilar la siguiente documentación:

  • Documentación acreditando el pago el impuesto.
  • Documentación acreditando la pérdida económica sufrida.
  • Documentación acreditando la pérdida del valor del terreno en el momento de traspaso, recomendando que ésta consista en un informe técnico de un perito o tasador especializado.

 

¿Cuándo reclamar?

Es recomendable hacerlo lo antes posible. Existen otros procedimientos judiciales en el Tribunal Constitucional y es previsible que se produzca una reforma legislativa en los próximos meses que modifique el impuesto de plusvalía municipal.

En cualquier caso, es conveniente contar con asesoramiento jurídico y fiscal, a fin de evitar encontrarnos con desagradables sorpresas, tales como que tenga más coste el procedimiento que la cantidad que reclamamos.

 

EL OTRO DONALD

alonso-weber-donald-duck-trumpAunque el más famoso de la factoría fuera Mickey, Salam sabía que su personaje favorito de Disney fue también el ojito derecho del mítico Walt. Quizá fuera porque cuando, con solo 5 años, llegó a Nueva York con sus padres, huyendo de la enésima guerra civil en su país, llevaba una camiseta de Donald Duck. Todo lo aprendió allí. Salam creció y quiso ser abogado, Y su madre tuvo que vender el collar de su abuela para pagar la matrícula. Estudiaba en la biblioteca por las noches y de día trabajaba en un restaurante en Queens. No disfrutó de ningún privilegio. Al contrario, debió ganarse la confianza de quienes le infringían miradas de odio tras los atentados del 11S. 30 años más tarde, como en un ataque de olvido, un presidente con nombre de dibujos animados le impedía la entrada al que fue siempre su país.