¿QUÉ DEBO HACER SI MI EMPRESA SUFRE UN CIBERATAQUE?

El incuestionable aumento experimentado en las comunicaciones digitales, en la cantidad de información disponible en la red y en las facilidades de acceder a ella ha supuesto igualmente un considerable incremento de la exposición de las empresas con la consecuencia directa del riesgo ante las amenazas que se derivan del abuso de las tecnologías de la información para la consecución de fines ilícitos.

Aunque ya sabemos que, como en todas las realidades jurídicas, el legislador llega tarde a solucionarlas, olvidando en este ámbito además que, más que normas farragosas y de difícil interpretación, el derecho de las nuevas tecnologías precisa de soluciones prácticas, rápidas y accesibles.

En España, el Ministerio de Industria  y la abogacía digital son más que conscientes de este reto, pues en la sociedad interconectada en que vivimos, aun siendo necesarias iniciativas legislativas y regulatorias exhaustivas, se demanda un marco jurídico sólido y coherente y, por encima de todo, que ofrezca seguridad jurídica a los ciudadanos y a las empresas.

A nadie se le escapa el hecho –especialmente en las circunstancias actuales de reorganización geopolítica- que la ciberseguridad es un elemento esencial de nuestro día a día. Y desde el punto de vista de la empresa somos –y seremos más aún en el futuro- testigos de numerosos y cada vez más habituales y graves ataques a sistemas informáticos y fugas de información, causa de no solamente de grandes pérdidas económicas y reputacionales para organizaciones y empresas, sino de una creciente desconfianza en la ciudadanía y en los usuarios de internet.

Prevenir.-

En este sentido, lo primero será crear medidas de prevención relativas a la adecuación y al cumplimiento de la legislación aplicable -LOPD y RLOPD-. Estas medidas incluyen, entre otras:

  • Establecer una circular sobre el tratamiento de datos de carácter personal.
  • Implementar un sistema de investigación de incidencias de seguridad de los datos.
  • Solicitar la aceptación de la política de seguridad por los empleados.
  • Disponer de una política de uso de medios tecnológicos.

Detectar.-

Una adecuada gestión de la fase de detección del ataque informático puede reducir significativamente el impacto del ataque. Siendo un momento crítico,  es fundamental tener previstas medidas encaminadas a detectar a tiempo el ciberataque, pues desafortunadamente en ocasiones se tiene conocimiento de la irrupción ya cuando la  información ha sido sustraída y revelada al público o a la red, o incluso cuando el ciberdelinuente contacta con la empresa para amenazarla o extorsionarla.

En esta fase, las medidas fundamentales son de índole técnico, siendo esencial monitorizar los sistemas con el objeto de poder detectar entradas sospechosas en el sistema.

No obstante, también será preciso diseñar medidas estrictamente legales, mediante el establecimiento e implantación de un protocolo interno adecuado, y de naturaleza organizativa, detectando y registrando incidencias y brechas en el documento de seguridad de la empresa.

Una vez detectada una entrada ilegal en los sistemas informáticos de la empresa será  necesario ejecutar un plan organizado de recuperación. 

Informar.-

Cuando la empresa ha sufrido un ciberataque se ve en la necesidad de responder inmediatamente a sus empleados y clientes. No nos referimos exclusivamente a la información de que se ha producido un ataque informático, sino también en el alcance del mismo, las medidas que se van a tomar y la denuncia del hecho acontecido a las autoridades competentes.

Denunciar.- 

  • Comunicar a la Agencia Española de Protección de Datos

Aunque en relación con la notificación a la AEPD de una brecha de seguridad, con anterioridad a aprobarse el RGPDE (Reglamento General de Protección de Datos Europeo), se encontraban únicamente obligados los operadores de telecomunicaciones, el nuevo Reglamento obliga a todas las empresas que hayan sufrido un ciberataque a realizar una notificación a la AEPD, sin demora, en un plazo máximo de 72 horas.

  •  Denunciar ante la Policía, la Guardia Civil o el Juzgado de Guardia

En la actualidad la Guardia Civil, con el Grupo de Delitos Telemáticos, y la Policía, con la Brigada de Investigación Tecnológica, disponen de equipos de trabajo, que se encuentran preparados y formados para la investigación de estos ciberdelitos y puestos asimismo a disposición de los juzgados en su función de instrucción, investigación y determinación de la autoría y de la naturaleza delictiva de estos hechos.

En cuanto a la información a proporcionar en las respectivas denuncias, es importante que contenga:

– Las direcciones IP, incluyendo fecha, hora y puerto.  

– Una completa y detallada descripción del incidente, así como su fecha, duración y alcance.

 – Una valoración económica al menos aproximada del impacto del ataque informático.

– La identificación de los equipos comprometidos así como de los activos afectados.

– Un informe de las medidas que la empresa ha adoptado tras el ataque.

– La situación del estado actual de la resolución del incidente.

José María Alonso Martín

Abogado

¿Por qué es necesario contar con un abogado en la venta de un inmueble?

Contra la tradicional costumbre de delegar por completo los trámites de la compra a la inmobiliaria y, en el caso de precisar financiación, a la entidad financiera, es una tendencia al alza que los compradores cuenten con asesoramiento jurídico y fiscal en las operaciones de adquisición de inmuebles. Esta situación, ya normalizada en el mercado de inversores extranjeros, se ha extendido, en consecuencia, al mercado nacional.

No obstante, aún existe cierta reticencia a contratar servicios jurídicos cuando se ha decidido poner en el mercado un inmueble. Ello atiende a que se piensa, erróneamente, que la investigación sobre la titularidad, legalidad y fiscalidad y demás trámites, así como todos los gastos, corren por cuenta de la parte compradora. Nada más lejos de la realidad: son múltiples las razones por las que el vendedor debe recibir un correcto asesoramiento jurídico, fiscal y financiero. He aquí algunas de ellas.

En primer lugar, el simple hecho de la determinación del precio de venta, frecuentemente delegado a los asesores inmobiliarios, debe ser convenientemente revisada por abogados especializados en derecho inmobiliario y urbanístico. Téngase en cuenta que este precio deberá corresponder con el valor declarado en la venta, lo cual tendrá implicaciones fiscales no únicamente para el comprador sino, como más tarde se expondrá, para la parte vendedora.

Por otro lado, no es infrecuente que, especialmente en inmuebles rústicos -aunque no exclusivamente- no exista correspondencia entre la descripción dada a la finca en la escritura y la que figura en el catastro. La correspondiente alteración catastral deberá realizarse con carácter previo al otorgamiento de la escritura pública, pues de lo contrario el vendedor se podría ver sometido a soportar una retención sobre el precio, en tanto la regularización no se haya hecho efectiva.

Para los residentes británicos y todos aquellos cuyos estados no se encuentren en la zona euro, la transacción podrá realizarse, con la supervisión del abogado y del notario, siempre que se acredite fehacientemente el pago. Este trámite constituye, en definitiva, una garantía de cobro del precio al vendedor.

Finalmente, puede darse el caso de que el vendedor sea no residente, razón por la que se practicará una retención del 3% sobre el precio de venta. En estos supuestos es más que recomendable que el abogado reciba el encargo de recuperar la cantidad retenida una vez se compruebe por la autoridad tributaria que no existen deudas pendientes.

Mención aparte debemos dedicar a las obligaciones fiscales del vendedor. Dos son los impuestos de los que quien vende un inmueble es sujeto pasivo: IRPF y Plusvalía municipal.

El IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Persanas Físicas) se aplica sobre un gran número de operaciones, entre ellas la venta de un inmueble. Su cuota es calculada en función de la ganancia patrimonial –si la hay– y la liquidación se practica con el Modelo 100 correspondiente al ejercicio fiscal en que se haga la venta. Dicha ganancia no se considerará tal si se produce la reinversión en otro inmueble que se destine a vivienda habitual.

La Plusvalía municipal (Impuesto sobre el Incremento del Valor de Inmuebles de Naturaleza Urbana) es un impuesto de ámbito local, cuya cuota se calcula en función del incremento del valor del terreno en que se halla construida la vivienda objeto de la venta durante los años que ha sido propiedad del vendedor. Recientemente el Tribunal Constitucional ha declarado nulo el cálculo del impuesto, en particular cuando no se produce beneficio en la venta. Esta nueva circunstancia, no obstante, no exime de la presentación del impuesto por el vendedor, aunque finalmente no esté obligado al pago.

Cuestión importante, además de los motivos anteriormente planteados, es la de la representación del vendedor para el caso en que no resida en el lugar donde vaya a tener lugar el otorgamiento de la venta y no pueda desplazarse para el mismo. En dichos supuestos, un poder notarial específico del vendedor en favor de su abogado para firmar la escritura en su nombre y realizar igualmente en su representación todos los trámites a los que la ley de obliga, puede ser la mejor solución.

José María Alonso Martín

Abogado

¿ Por qué es importante tener un abogado experto en ciberseguridad?

En los últimos 10 años han quedado expuestas en internet más de 8 billones de identidades. El aumento en los ataques a sistemas informáticos ha hecho que los poderes públicos hayan reforzado y construyendo un marco legal específico en materia de ciberseguridad.

Este marco, si bien se halla encuadrado fundamentalmente en el ámbito del derecho administrativo, también se extiende a otras ramas del derecho, tales como el derecho civil y el derecho penal.

En derecho penal son los arts. 197 y siguientes, y 263 y siguientes, del Código Penal los que tipifican las conductas que implican el apoderamiento de datos de carácter persona, su modificación y utilización así como aquellas que suponen daños en sistemas informáticos, intrusismo y vulnerabilidad de los sistemas de seguridad.

Por otro lado, la directiva de secretos comerciales exige que el perjudicado en estos supuestos, para poder ejercitar las medidas establecidas, ha debido implantar medidas tendentes a garantizar el carácter secreto de la información. Ello se traducirá tanto en medias organizativas, técnicas y de seguridad informática, como medidas estrictamente de índole legal, tales como acuerdos y cláusulas de confidencialidad.

La norma de mayor impacto en este ámbito es el Reglamento General de Protección de Datos, el cual, si bien se ocupa más de la protección de las personas físicas que de la seguridad informática en sí, recoge un tratamiento específico de la ciberseguridad, aunque no se desarrolle cómo hayan de ser los sistemas de la información y la seguridad de las redes.

El Código de derecho de la Ciberseguridad, por su parte, es un compendio normativo realizado por el INCIBE (Organismo dependiente de la Secretaría de Estado para el Avance Digital del Ministerio de Economía y Empresa) que pretende ser una herramienta donde encontrar todas las normas que afecten directamente a la ciberseguridad, y facilitar de esta manera el estudio de una materia absolutamente imprescindible para lograr una adecuada protección de empresas, instituciones y ciudadanos.

En cuanto a su área de cobertura, las obligaciones de protección de la seguridad de la información se han introducido en distintos ámbitos. Así, si inicialmente la ciberseguridad se circunscribió a aspectos  relacionados con la seguridad nacional e infraestructuras críticas de los Estados, en la actualidad se ha ampliado a toda suerte de servicios de seguridad privada, a proveedores de servicios electrónicos de confianza, tales como firmas  y certificados digitales), así como al contenido de las comunicaciones, a los datos del tráfico y  a la localización de las mismas.

La falta de armonización europea en materia de seguridad de la información ha llevado a la Unión Europea a aprobar la Directiva NIS, que prevé la aplicación de medidas de seguridad específicas. Estas medidas van desde incluir ciertos controles, a implementar un sistema de gestión y notificación de incidentes más allá de las fronteras de cada estado miembro para los denominados operadores de servicios esenciales. Entre estos operadores se encontrarían entidades financieras, empresas de transporte, compañías energéticas, toda la industria del sector sanitario y demás empresas de suministro. Se regula de forma particularizada la seguridad de los llamados proveedores de servicios digitales, entre los que destacarían los buscadores de internet y las empresas que ofrecen servicios de cloud computing.

Pero lo esencial de la Directiva NIS es que crea un instrumento que regula la ciberseguridad en el ámbito de la UE, mediante el cual los estados miembros deben contraer obligaciones a partir de un estándar mínimo. La transposición de la Directiva fue realizada en España mediante la aprobación del RD-Ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información.

En conclusión, las exigencias en materia de ciberseguridad están más dirigidas en la necesidad de proteger los sistemas en sí que en la protección de datos personales.

Si una empresa no planifica, desarrolla e implanta una estrategia específica en materia de seguridad informática, se arriesga a incurrir en el incumplimiento de obligaciones legales que conllevaría a la imposición de sanciones.

No obstante, la observancia de la normativa en seguridad informática, desde el punto de vista de la empresa, tiene como objetivo evitar la paralización de los servicios y el consiguiente lucro cesante, los costes de restablecimiento de la seguridad y, por encima de todo, el perjuicio por la mala reputación que supone la exposición pública y pérdida de información crítica de sus clientes y usuarios.

José María Alonso Martín

Abogado

¿EN QUÉ CONSISTE LA NUEVA LEY DE VIVIENDA?

En el día de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado la primera Ley de Vivienda de España. Tras más de dos años de negociaciones, el texto está listo para su trámite parlamentario, el cual se seguirá por el procedimiento de urgencia.

El nuevo texto normativo pretende regular numerosos y diversos ámbitos del sector inmobiliario: de las ayudas al acceso a la vivienda a la regulación exhaustiva de los desahucios; desde la limitación de los precios del alquiler en  las denominadas “zonas tensionadas” hasta una mayor rigidez en el cambio de calificación de la vivienda pública.

Proyecto de ley polémico

El proyecto de ley parte del reconocimiento de las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de vivienda, si bien esta cuestión, así como la posible vulneración de la nueva norma del derecho a la propiedad privada, ha llevado a que el CGPJ aprobara por 15 votos a favor un informe en el que concluye que el texto normativo resulta “contradictorio”, “farragoso”, “sobrecargado” e “inoportuno”.

Pese a dicho informe, el cual es preceptivo mas no vinculante, el Gobierno, bajo las premisas de que “hay que dejar atrás las burbujas inmobiliarias” y que “evitar la especulación es un mandato de la Constitución”, ha aprobado el texto del anteproyecto de la Ley de Vivienda.

Decálogo para una Ley de Vivienda

Son diez las claves de la novedosa y polémica norma. A saber:

  1. Se obligará a los promotores inmobiliarios a que existan alquileres públicos en las nuevas promociones.
  2. Los propietarios de los inmuebles vacíos durante más de dos años pagarán más IBI, pudiendo incrementarse la cuota más de un 100%.
  3. Se implementarán ventajas fiscales en el IRPF a los pequeños propietarios que dispongan de viviendas arrendadas.
  4. Los grandes propietarios, que dispongan de más de diez viviendas en alquiler, deberán adaptar el precio del alquiler al índice de referencia de la zona.
  5. Para la fijación de los precios, se procede a la definición de “zona de mercado tensionado”.
  6. Se regula de manera específica el procedimiento del desahucio y el lanzamiento en situaciones de especial vulnerabilidad.
  7. Nace la denominada “vivienda asequible incentivada”, destinada al mercado de alquiler con precios reducidos.
  8. Se establece la calificación de vivienda protegida con carácter indefinido, no susceptible de recalificación.
  9. El parque público de vivienda social pasa a considerarse patrimonio, no pudiendo pasar a manos privadas.
  10. La creación del fondo social de vivienda, que tiene como objetivo que jóvenes y personas vulnerables puedan tener acceso al alquiler.

Miedo de los propietarios y recelo de las CCAA

Frente a la vehemencia del Gobierno, que afirma que la ley no va en contra de nadie más que de la especulación inmobiliaria, los propietarios con viviendas arrendadas ven peligrar por un lado, la eficacia de los procedimientos de desahucio por impago al tiempo que temen por la vulneración de un derecho fundamental, que no es otro que el de la propiedad privada consagrado en el art. 33 de la Constitución.

Por lo que respecta a quien corresponden las competencias para la determinación de cuáles sean las denominadas “zonas tensionadas”, el proyecto de ley podría ser fuente de serios conflictos entre ayuntamientos y CCAA.

José María Alonso Martín

Abogado

Contundente resolución de la Audiencia Provincial de Málaga en materia de maltrato infantil

Un reciente auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga ha marcado un hito al estimar íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de unos padres a los que se les impuso una orden de alejamiento respecto de su hijo, de tan sólo seis meses, tras haber sufrido una caída mientras lo bañaban.

La orden de protección había sido decretada por un juzgado de Vélez-Málaga, tras haberse comprobado en las pruebas diagnósticas del menor, que existían callosidades óseas que, a juicio de la juzgadora, eran suficientes para imputar a los padres un posible delito de maltrato infantil.

El recurso de apelación interpuesto contra el auto fue fundamentado en que no existían siquiera indicios razonables para atribuir la responsabilidad de los padres respecto de las lesiones del menor.

De hecho, como pudo acreditarse tras la exploración forense, las callosidades óseas pudieron ser debidas a la caída en el baño, y las otras que se detectaron pudieron ocasionarse como consecuencia del parto, en donde suelen producirse este tipo de lesiones.

Bajo la dirección letrada de José María Alonso, el recurso argumentaba que los padres siempre actuaron diligentemente para con sus hijos menores (tienen además una hija de 8 años de edad), acudiendo a sus revisiones médicas y cumpliendo con el calendario de vacunación infantil, habiendo recibido ambos hijos menores sus respectivas vacunas y revisiones pediátricas correspondientes, sin apreciarse nunca indicios de malos tratos.

El auto por el que, con extraordinaria contundencia, se estima íntegramente el citado recurso establece que la orden de alejamiento decretada por el juzgado de Vélez-Málaga debe ser dejada sin efecto, por no suponer los padres riesgo alguno para el menor y califica de osadas y temerarias las afirmaciones realizadas por la jueza de instancia, disponiendo que:

“el Juzgado Instructor, con el argumento meramente voluntarista de que tales explicaciones no son creíbles, sin ninguna base objetiva para ello, lo que hace es presumir contra reo que los padres investigados son unos maltratadores de su hijo, y por eso les priva, no sólo a ellos, sino también al menor, con el perjuicio que esto puede suponer para él, de cualquier relación entre ellos.

Por todo ello, atendiendo a cuanto se deja expuesto, procede la estimación del recurso, levantando y dejando sin efecto la medida cautelar combatida en esta alzada.”

Con tal auto, se marca un hito en la consideración de los elementos a tener en cuenta para la imputación del delito de maltrato infantil, habiendo de estarse, al tiempo de a la protección de la integridad y seguridad del menor, al principio de presunción de inocencia de los padres.

Un nuevo éxito de ALONSO & WEBER abogados, cuyo equipo de derecho penal ha vuelto a demostrar ser un referente en la defensa de los derechos de los padres en esta tipología de delitos.

LA CUSTODIA COMPARTIDA SE CONSOLIDA EN LA JURISPRUDENCIA DE LOS JUZGADOS DE FAMILIA

Una reciente sentencia de los juzgados de primera instancia de Vélez-Málaga, siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, declara que mantener la guarda y custodia exclusiva de una menor de corta edad a favor de la madre con el único argumento de mantenerla en el entorno al que se encuentra adaptada, sin razonar sobre cuál sería la edad adecuada para adoptar la guarda y custodia compartida.

En el supuesto que estudiamos en este artículo, la madre había presentado demanda solicitando la custodia en exclusiva. La contestación de la demanda, la cual fue encargada al departamento de familia de ALONSO & WEBER abogados, se realizó en términos de acreditar que, desde que se produjo la ruptura entre los progenitores, se había ejercido una custodia compartida de facto, a la que, de hecho, la demandante no se había opuesto en ningún momento, en gran medida debido a sus amplias jornadas de trabajo y a su disparidad de horarios laborales, mientras que el otro progenitor acreditaba que su jornada se iniciaba a las 11 y finalizaba a las 17 horas.

La sentencia insiste en el efecto que, de no adoptarse la custodia compartida en estos momentos, el transcurso del tiempo podría originar en consolidar la rutina que impone la guarda y custodia exclusiva, petrificando la situación de la menor hasta hacer prácticamente inviable un cambio posterior, lo que resulta contrario al interés de la niña.

En particular, la resolución dispone que:

“En virtud de las pruebas practicadas en el acto de la vista, en el supuesto que nos ocupa procede acordar la guarda y custodia compartida conforme al artículo 92.8 del CC. Así, debemos recordar que la guarda y custodia compartida ha de ser entendida “siempre desde la protección y beneficio de los hijos menores y no como una medida excepcional, sino como la más normal que permite hacer efectivo el derecho de los hijos a mantener relación con ambos progenitores […]” (STS 30.10.2018,Ponente: Excm. Sr. D. J. Antonio Seijas Quintana). Por otro lado, de los interrogatorios de parte practicados, se advierte que ambos progenitores tienen la capacidad y aptitudes necesarias para el cuidado de la menor, cuentan con habitación para la misma y sus domicilios se encuentran próximos y en la misma localidad. Bien es cierto, que la jornada laboral de la parte actora es más variable y en ocasiones, para la recogida de la menor, se tendrá que acudir a familiares o amigos cercanos, cosa que hasta el día de hoy se estaba realizando sin problemas, por lo que no se puede considerar un obstáculo para determinar este régimen de guarda.”

La sentencia establece, en definitiva, un sistema de guarda y custodia compartida, entendiendo que, para la adopción de esta medida, se antoja absolutamente esencial que se acredite que los horarios laborales permiten al progenitor los cuidados de la menor, lo cual pudo ser corroborado mediante la aportación de un completo informe de una prestigiosa agencia de detectives, el cual fue ratificado por su autor, quien a la sazón se encargó de las investigaciones.

Un nuevo paso en la consideración de la custodia compartida como régimen estandarizado más favorable para el desarrollo y estabilidad emocional de los menores, al que ha contribuido el departamento de familia de ALONSO & WEBER abogados.

EL ARRENDATARIO ES RESPONSABLE DEL IMPAGO DE LAS RENTAS AL ARRENDADOR AUNQUE HAYA SUBARRENDADO EL INMUEBLE

ALONSO & WEBER abogados ha vuelto a marcar el camino en las reclamaciones por impago de rentas y desahucio, en esta ocasión en el partido judicial de Fuengirola, logrando una sentencia favorable que esclarece contra quién se puede dirigir este tipo de demandas.

El Juzgado territorialmente competente en los juicios sobre arrendamientos de inmuebles y desahucios, como excepción a la regla general del domicilio del demandado, es el del partido judicial donde esté la finca.  

Por otro lado, tal como sucedió en el caso que hoy estudiamos, es muy frecuente que el arrendatario sea un empresario o una persona jurídica, quien a su vez tiene subarrendado el inmueble.

En nuestro caso, se trataba de una agencia inmobiliaria que había arrendado un apartamento al propietario, con el objeto de ofrecerlo en subarriendo a clientes, empleados y colaboradores.

Ante los repetidos y sucesivos impagos, el arrendador se vio obligado a reclamar las rentas pendientes solicitando el desahucio de la ocupante.

Aunque la parte demandada contestó a la reclamación oponiéndose a la pretensión de contrario, alegando falta de legitimación pasiva de la demandada por ostentar título para poseer, afirmando que la acción debería haberse dirigido directamente a la subarrendataria, la citada sentencia concluye con claridad que no es preciso que el arrendador demande al subarrendatario en una acción de desahucio por falta de pago. De hecho, el subarriendo no es una sucesión con sustitución del arrendatario, al contrario de lo que sucede con la cesión (Tribunal Supremo, 8-7-1948, 31-5-1999, 9-10-2007). El arrendador podrá solamente reclamar la renta del arrendamiento a aquel con quien haya contratado. Únicamente se contemplaría la posibilidad de demandar al subarrendatario cuando se discute la legitimidad del subarrendamiento y con la finalidad de evitar su indefensión en un juicio cuya resolución pudiera afectarle.

El fallo de la sentencia establece, con transparencia, y en la línea jurisprudencial que pacíficamente a trazado el Tribunal Supremo que:

“Pues bien, en relación al instituto de la tácita reconducción el fundamento se encuentra en la presunción legal del consentimiento del arrendador en la continuación del contrato. Es doctrina comúnmente admitida que, según el artículo 1566 del Código Civil, los requisitos para que pueda entenderse producida la tácita reconducción, son tres: 1.- Que al terminar el contrato, permanezca el arrendatario quince días disfrutando de la cosa arrendada; 2.- Que el disfrute por el arrendatario, en el plazo de quince días, lo sea con la aquiescencia del arrendador, entendiéndose destruido el consentimiento del arrendador por cualquier hecho que evidencie la voluntad contraria a la continuación en el arrendamiento ; y 3.- Que no haya precedido requerimiento.

En el supuesto que nos ocupa se dan todos estos presupuestos, y todo ello hasta el burofax aportado por el demandante mostrando su voluntad de no continuar (una vez que los mails no muestran tal voluntad, sino un intento de una negociación que no terminó en resultado alguno). Pese al anterior requemamiento, la parte demandada, como se ha dicho, sostuvo la existencia de una prórroga previa anual a contar desde julio de 2020. Lo que debe plantease es sí a fecha de julio de 2020, el contrato quedó prorrogado por un año, como sostuvo la demandada o, sí por el contrario, el burofax resolvió el contrato. Pues bien, en este caso, la aquiescencia de las partes de continuar el arriendo desde julio de 2019 (fecha en la que expiró el plazo mínimo y la prórroga legal) constituye tácita reconducción, naciendo un nuevo contrato. Y ello es así, por cuanto la jurisprudencia viene estableciendo que el artículo 1566 del Código Civil contempla un supuesto de renovación del contrato por tiempo determinado, por la voluntad presunta de las partes, bien entendido que no se trata de prórroga del contrato sino de un nuevo contrato que si de ordinario reproduce las características de aquél, no así en cuanto al plazo de duración, pues éste no es el que regía en el contrato extinguido, sino que ha de ser siempre, dentro de la teoría de la reconducción, el que señala el artículo 1581 del Código Civil”.

La resolución concluye fallando en el sentido de declarar resuelto el contrato arrendaticio de  que liga a ambas partes, y en consecuencia condenando a la parte demandada a que deje libre y a disposición de la parte actora la vivienda y condenando asimismo a la demandada a abonar las rentas devengadas y hasta el desalojo efectivo de la vivienda.

LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MÁLAGA, A FAVOR DE LA PENSIÓN COMPENSATORIA CUANDO HAY DESEQUILIBRIO

Una reciente sentencia de la AP de Málaga, de fecha 20 de septiembre de 2021, ha vuelto a la línea marcada en virtud de la STS 236/2018, de 17 de abril, en relación con la procedencia de establecer una pensión compensatoria en los casos de desequilibrio.

La referida resolución falla estimando un recurso de apelación interpuesto en representación de una mujer de 62 años y que percibe un subsidio, y estableciendo una pensión compensatoria por importe de 200 euros y con carácter indefinido.

La sentencia justifica la procedencia de dicha pensión por la constatación de un desequilibrio entre los cónyuges en el momento de la separación, amén de la duración del matrimonio -más de 30 años- y de la total imposibilidad de obtener un trabajo en el futuro por parte de la esposa, dado además que en la actualidad percibe únicamente un subsidio como único ingreso.

Se entiende por desequilibrio todo aquel «empeoramiento económico en relación con la situación existente constante matrimonio; que deber resultar de la confrontación entre las condiciones económicas de cada uno, antes y después de la ruptura, por lo que no se trata de una pensión de alimentos y lo que sí ha de probarse es que se ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge».

No obstante, la sentencia hace hincapié en que una mera desigualdad económica no genera de forma automática el derecho a la compensación que supone la pensión compensatoria. Resulta imprescindible una ponderación del conjunto de la dedicación a la familia, la colaboración en actividades del otro cónyuge, la situación anterior al matrimonio, así como cualquier otra circunstancia relevante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Código Civil.

En este supuesto, los abogados de la solicitante adujeron, además del desequilibrio económico, la concurrencia del resto de requisitos previstos en el mencionado precepto, tales como la dedicación pasada a la familia y cuidado de hijos, la duración del matrimonio, la edad y estado actual de salud y la escasa cualificación profesional, con la consiguiente dificultad para encontrar un empleo que le permitiera subsistir.

Un importante éxito ALONSO & WEBER abogados, cuyo departamento de derecho de familia vuelve a ser referente en Málaga y en la Axarquía.

¿Qué impuestos se pagan cuando se compra un inmueble?

La compra de un inmueble supone necesariamente conocer cuáles son los gastos que conlleva. Entre ellos resulta imprescindible saber los impuestos que se van a pagar, tanto por el otorgamiento de la compraventa, como por la titularidad del inmueble.

¿Qué impuestos se pagan con la compra de un inmueble?

En la compraventa de una finca se liquidan necesariamente alguno de estos impuestos: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

El IVA es un impuesto neutro,esto es, normalmente permite al que lo paga repercutirlo posteriormente, salvo cuando el comprador sea el consumidor final. Por tanto, para la operación de compraventa de un bien inmueble es crucial tener en cuenta que, si se compra directamente al promotor, deberá pagarse el precio incrementado en un 10%.

El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es un impuesto que, una vez liquidado, no se puede repercutir. En Andalucía, con carácter general, el tipo del impuesto es de un 8 %.

¿Qué impuestos se pagan por ser propietario?

El impuesto que debe pagarse por la titularidad de un bien inmueble, es de índole municipal y recibe el nombre de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El Impuesto de Bienes Inmuebles es un impuesto que se paga anualmente dependiendo su cuota del Valor Catastral que tenga la finca.

Por tanto, tiene que ser considerado como un coste inevitable que hay que asumir cada año.

Para conocer el importe del IBI basta con revisar los recibos de este impuesto del último año, teniendo en cuenta que es más que previsible que sea algo superior, pues éste suele actualizarse anualmente.

¿Se debe declarar siempre la propiedad de un inmueble en el IRPF?

Al igual que en el caso del IBI, el propietario ve cómo se grava la propiedad de un inmueble en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a través de las denominadas rentas inmobiliarias.

Tienen la consideración de rentas inmobiliarias aquellas que el contribuyente debe incluir en la base imponible de este impuesto por ser propietario o titular de un derecho real de disfrute sobre determinados bienes inmuebles urbanos.

Cuando un inmueble se adquiere en el transcurso de un ejercicio o haya estado arrendado o afecto a una actividad económica durante parte de un año, la renta imputable será la que proporcionalmente corresponda al número de días comprendidos en dicho período. 

¿Cómo se debe valorar un bien inmueble?

La valoración a efectos fiscales de un inmueble, la cual viene calculada a partir de su valor catastral, determinará el valor mínimo por el que se podrá declarar la compraventa de la finca. Por tanto, definirá el valor mínimo a pagar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que se traduce en que en ningún caso cabrá valorar un inmueble por debajo de su valor fiscal.

Si se comprueba que el valor fiscal del inmueble es superior al real de la compraventa, se deberá entonces realizarse una tasación contradictoria para justificar que el valor que le adjudica la Administración Tributaria es desproporcionado. De esto modo, podrá establecerse un valor fiscal acorde con el valor real del inmueble.

En cualquier caso, antes de comprar un inmueble, resulta imprescindible contar con asesoramiento especializado jurídico y fiscal.

José María Alonso Martín

Abogado

¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY DE EUTANASIA?

Tras su aprobación definitiva por el Pleno del Congreso, la denominada Ley de eutanasia y suicidio asistido regula la llamada eutanasia activa. Como establece la exposición de motivos de la ley, ésta “es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.

Para solicitar la eutanasia es preciso “tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud”.

Si la persona no cumple el requisito consciencia, se le puede aplicar la ley siempre y cuando haya “suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos”.

Por lo que se refiere al proceso, tras una primera solicitud del paciente, el médico responsable deberá deliberar “sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita”.

El paciente, una vez informado, deberá confirmar su intención. Tras esta segunda solicitud debe celebrarse una nueva reunión entre médico y paciente, con el objeto de asegurarse de que el paciente es conocedor de lo que solicita.

En definitiva, el paciente debe confirmar su voluntad en cuatro ocasiones y todas y cada una de ellas deben reflejarse en su historial médico.

Este proceso tendrá un periodo inicial de 15 días entre la primera y segunda solicitud del paciente. Durante las siguientes 24 horas el médico responsable consultará a un especialista, quien tendrá hasta 10 días para contestar. Tres días más tarde entra en escena la llamada comisión de garantías. Ésta podrá tardar dos días más en nombrar a los expertos encargados de la evaluación la petición, y éstos, a su vez, tendrán otros siete días para decidir y dos días más para efectuar la comunicación de su resolución al presidente de la comisión. En caso de ser positiva, el presidente de la comisión dará traslado al médico responsable, que la llevará a cabo “con el máximo cuidado y profesionalidad”. En definitiva, el plazo máximo para que se lleve a cabo la eutanasia será de 40 días, a partir de formular la primera solicitud.

Los profesionales sanitarios que se encuentren directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”, según refiere la ley, debiendo manifestar esta voluntad “anticipadamente y por escrito”.

La Organización Médica Colegial, al igual que la Iglesia católica y el Comité Español de Bioética se han mostrado claramente contrarias a la entrada en vigor de esta ley. Por lo que respecta a las asociaciones de paciente no han mostrado una postura definida. Sin embargo, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas ha criticado abiertamente que pueda permitirse la eutanasia a personas que sufran “discapacidad grave”, pues el texto de la ley habla únicamente del “sufrimiento intolerable que pueda causar una situación imposibilitante”.

José María Alonso Martín

Abogado