La crisis de la vivienda en España ha situado al Gobierno ante una difícil tarea: proteger a quienes no pueden asumir el coste de un hogar sin ignorar la seguridad jurídica, la propiedad privada y el funcionamiento del mercado inmobiliario.
Una crisis más allá del precio del alquiler
La vivienda se ha convertido en el principal problema socioeconómico de nuestro país. El encarecimiento de los inmuebles, la insuficiencia de vivienda asequible en determinadas zonas y la dificultad para acceder tanto a una hipoteca como a un alquiler han retrasado la emancipación de muchos jóvenes y aumentado la vulnerabilidad de un gran número de hogares.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) ilustran la dimensión del problema: en 2025, el 44,3 % de las personas de entre 26 y 34 años vivía con sus progenitores. Entre quienes permanecían en el hogar familiar, el 47,3 % señalaba como motivo principal la imposibilidad económica de comprar o alquilar una vivienda.
En este contexto, y tras el mediático caso de Mari Carmen Abascal, el Gobierno aprobó inicialmente dos reales decretos-ley el 29 de septiembre y, tras el rechazo parlamentario de ambos textos, aprobó nuevas versiones el 6 de octubre. No se trata, por tanto, de una única norma, sino de dos instrumentos jurídicos con medidas diferentes.
¿Qué establecen los decretos?
El paquete aprobado el 6 de octubre de 2026 se divide en dos normas: el Real Decreto-ley 29/2026, sobre protección de la vivienda y ampliación de la oferta asequible, y el Real Decreto-ley 28/2026, sobre estabilidad de los alquileres.
Estas son las principales medidas recogidas:
- Protección frente a los desahucios: se refuerza la protección de determinados hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
- Estabilidad del alquiler: se contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual con límites temporales a ciertas actualizaciones de renta.
- Control de determinadas operaciones inmobiliarias: se restringen algunas adquisiciones de vivienda por grandes inversores.
- Más vivienda asequible: se incorporan medidas fiscales y mecanismos para movilizar inmuebles públicos y favorecer la oferta residencial.
No obstante, aprobar un decreto-ley no equivale a garantizar su permanencia en el ordenamiento jurídico. De hecho, los textos iniciales fueron rechazados por el Congreso el 2 de octubre. Las nuevas versiones habrían de someterse a control parlamentario, circunstancia que no podrá hacerse a corto plazo tras la disolución de las Cortes a raiz de la convocatoria de elecciones generales.
¿Tienen amparo legal los decretos de vivienda?
La primera cuestión reside en el derecho a la vivienda. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y ordena a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Ello no significa que deba exigir al Estado vivienda para todos, es un mandato para el desarrollo de políticas y leyes que faciliten ese acceso.
Al mismo tiempo, el artículo 33 de la Constitución reconoce la propiedad privada. Así las cosas, ya que ambos derechos deben convivir, el propietario puede usar, alquilar y disponer de su inmueble dentro de la ley, mientras que los poderes públicos pueden establecer límites justificados para proteger otros intereses constitucionales. La cuestión jurídica no eso otra que si las restricciones previstas están legalmente justificadas y resultan proporcionadas.
En segundo lugar, conviene entender en qué consiste un real decreto-ley. Se trata de una norma que el Gobierno puede aprobar cuando aprecia una situación de extraordinaria y urgente necesidad, sin esperar a tramitar una ley ordinaria. Pero esta facultad tiene límites: no puede utilizarse libremente para regular cualquier materia y debe someterse a votación del Congreso en un plazo de treinta días.
Aquí surge uno de los principales debates: si la crisis de vivienda justifica medidas urgentes, también debe explicarse por qué cada medida concreta no puede esperar a una tramitación legislativa ordinaria.
Finalmente, suspender un desahucio no equivale a eliminar la deuda ni a transmitir la titularidad del inmueble. La suspensión retrasa el lanzamiento en los supuestos legalmente previstos, pero no condona por sí sola las rentas impagadas ni resuelve definitivamente el conflicto. Del mismo modo, limitar determinadas compras de grandes inversores no debiera suponer prohibir todas las compraventas privadas.
Algo más que decretos
No cabe duda de que proteger a una persona vulnerable es una obligación legítima de los poderes públicos, pero esa protección debe acompañarse de procedimientos claros, criterios objetivos y mecanismos que eviten trasladar indefinidamente el coste de la política social a un particular.
La respuesta de fondo requiere aumentar la oferta de vivienda asequible, ampliar el parque público, facilitar la construcción donde exista demanda, movilizar viviendas vacías cuando sea viable y ofrecer ayudas eficaces a quienes no pueden pagar un alquiler de mercado.
En definitiva, la vivienda no puede garantizarse únicamente limitando derechos ni se resuelve confiando exclusivamente en el mercado. El desafío consiste en lograr que el derecho constitucional a una vivienda digna sea una realidad, con normas eficaces, seguridad jurídica y un reparto razonable de las responsabilidades entre los poderes públicos y la sociedad.
José María Alonso Martín / Abogado









