Los decretos de vivienda: entre la emergencia social y los límites del Derecho

La crisis de la vivienda en España ha situado al Gobierno ante una difícil tarea: proteger a quienes no pueden asumir el coste de un hogar sin ignorar la seguridad jurídica, la propiedad privada y el funcionamiento del mercado inmobiliario.

Una crisis más allá del precio del alquiler

La vivienda se ha convertido en el principal problema socioeconómico de nuestro país. El encarecimiento de los inmuebles, la insuficiencia de vivienda asequible en determinadas zonas y la dificultad para acceder tanto a una hipoteca como a un alquiler han retrasado la emancipación de muchos jóvenes y aumentado la vulnerabilidad de un gran número de hogares.

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) ilustran la dimensión del problema: en 2025, el 44,3 % de las personas de entre 26 y 34 años vivía con sus progenitores. Entre quienes permanecían en el hogar familiar, el 47,3 % señalaba como motivo principal la imposibilidad económica de comprar o alquilar una vivienda.

En este contexto, y tras el mediático caso de Mari Carmen Abascal, el Gobierno aprobó inicialmente dos reales decretos-ley el 29 de septiembre y, tras el rechazo parlamentario de ambos textos, aprobó nuevas versiones el 6 de octubre. No se trata, por tanto, de una única norma, sino de dos instrumentos jurídicos con medidas diferentes.

¿Qué establecen los decretos?

El paquete aprobado el 6 de octubre de 2026 se divide en dos normas: el Real Decreto-ley 29/2026, sobre protección de la vivienda y ampliación de la oferta asequible, y el Real Decreto-ley 28/2026, sobre estabilidad de los alquileres.

Estas son las principales medidas recogidas:

  • Protección frente a los desahucios: se refuerza la protección de determinados hogares vulnerables sin alternativa habitacional.
  • Estabilidad del alquiler: se contempla una prórroga extraordinaria de hasta dos años para determinados contratos de vivienda habitual con límites temporales a ciertas actualizaciones de renta.
  • Control de determinadas operaciones inmobiliarias: se restringen algunas adquisiciones de vivienda por grandes inversores.
  • Más vivienda asequible: se incorporan medidas fiscales y mecanismos para movilizar inmuebles públicos y favorecer la oferta residencial.

No obstante, aprobar un decreto-ley no equivale a garantizar su permanencia en el ordenamiento jurídico. De hecho, los textos iniciales fueron rechazados por el Congreso el 2 de octubre. Las nuevas versiones habrían de someterse a control parlamentario, circunstancia que no podrá hacerse a corto plazo tras la disolución de las Cortes a raiz de la convocatoria de elecciones generales.

¿Tienen amparo legal los decretos de vivienda?

La primera cuestión reside en el derecho a la vivienda. El artículo 47 de la Constitución reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y ordena a los poderes públicos promover las condiciones necesarias para hacerlo efectivo. Ello no significa que deba exigir al Estado vivienda para todos, es un mandato para el desarrollo de políticas y leyes que faciliten ese acceso.

Al mismo tiempo, el artículo 33 de la Constitución reconoce la propiedad privada. Así las cosas, ya que ambos derechos deben convivir, el propietario puede usar, alquilar y disponer de su inmueble dentro de la ley, mientras que los poderes públicos pueden establecer límites justificados para proteger otros intereses constitucionales. La cuestión jurídica no eso otra que si las restricciones previstas están legalmente justificadas y resultan proporcionadas.

En segundo lugar, conviene entender en qué consiste un real decreto-ley. Se trata de una norma que el Gobierno puede aprobar cuando aprecia una situación de extraordinaria y urgente necesidad, sin esperar a tramitar una ley ordinaria. Pero esta facultad tiene límites: no puede utilizarse libremente para regular cualquier materia y debe someterse a votación del Congreso en un plazo de treinta días.

Aquí surge uno de los principales debates: si la crisis de vivienda justifica medidas urgentes, también debe explicarse por qué cada medida concreta no puede esperar a una tramitación legislativa ordinaria.

Finalmente, suspender un desahucio no equivale a eliminar la deuda ni a transmitir la titularidad del inmueble. La suspensión retrasa el lanzamiento en los supuestos legalmente previstos, pero no condona por sí sola las rentas impagadas ni resuelve definitivamente el conflicto. Del mismo modo, limitar determinadas compras de grandes inversores no debiera suponer prohibir todas las compraventas privadas.

Algo más que decretos

No cabe duda de que proteger a una persona vulnerable es una obligación legítima de los poderes públicos, pero esa protección debe acompañarse de procedimientos claros, criterios objetivos y mecanismos que eviten trasladar indefinidamente el coste de la política social a un particular.

La respuesta de fondo requiere aumentar la oferta de vivienda asequible, ampliar el parque público, facilitar la construcción donde exista demanda, movilizar viviendas vacías cuando sea viable y ofrecer ayudas eficaces a quienes no pueden pagar un alquiler de mercado.

En definitiva, la vivienda no puede garantizarse únicamente limitando derechos ni se resuelve confiando exclusivamente en el mercado. El desafío consiste en lograr que el derecho constitucional a una vivienda digna sea una realidad, con normas eficaces, seguridad jurídica y un reparto razonable de las responsabilidades entre los poderes públicos y la sociedad.

José María Alonso Martín / Abogado

La reforma de los juzgados y el nuevo modelo de Tribunales de Instancia

1. Introducción

La aprobación de la Ley 1/2025, de medidas de eficiencia del Servicio Público de Justicia, conocida como Ley de Eficiencia, supone una de las transformaciones más profundas del sistema judicial español desde la implantación de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta norma viene a impulsar una reforma estructural que entrará plenamente en vigor a lo largo de 2026 y que redefine la organización judicial, el modo de prestación del servicio público de justicia y la relación del ciudadano con los órganos jurisdiccionales.

El eje central de la reforma es la sustitución de los aproximadamente 3.800 juzgados unipersonales existentes por 431 Tribunales de Instancia, con el objetivo de mejorar la eficiencia, la especialización y la calidad de las resoluciones judiciales, al tiempo que se combate la excesiva litigiosidad que caracteriza al sistema español.

2. Del juzgado unipersonal al Tribunal de Instancia

El modelo tradicional de juzgado unipersonal ha sido objeto de críticas reiteradas por su rigidez organizativa, la desigual carga de trabajo entre órganos del mismo orden jurisdiccional y la dificultad para implementar verdaderas políticas de especialización.

La reforma aborda estas deficiencias mediante la creación de los Tribunales de Instancia, que se configuran como órganos judiciales colegiados desde un punto de vista organizativo, aunque manteniendo la función jurisdiccional individual de jueces y magistrados.

Cada Tribunal de Instancia se estructura en secciones especializadas por órdenes jurisdiccionales —civil, penal, contencioso-administrativo y social—, permitiendo una gestión más racional de los asuntos y una distribución flexible de las cargas de trabajo. Este diseño facilita que los recursos humanos y materiales se asignen en función de las necesidades reales del servicio, evitando situaciones de colapso en unos juzgados y de infrautilización en otros.

3. Especialización y nuevas secciones

Uno de los elementos más relevantes de la reforma es el impulso decidido a la especialización judicial. Dentro de los Tribunales de Instancia se prevé la creación de secciones específicas, destacando de forma particular las secciones de familia, infancia, capacidad y discapacidad, que unifican la respuesta judicial en materias especialmente sensibles desde el punto de vista social.

Esta especialización no solo tiene por objeto contribuir a una mayor coherencia jurisprudencial, sino que también pretende mejorar la calidad técnica de las resoluciones y la protección de los derechos de las personas más vulnerables. Al mismo tiempo, persigue una tramitación más ágil de los procedimientos, al concentrarse el conocimiento en órganos con experiencia específica en la materia.

4. Eficiencia procesal y medios adecuados de solución de conflictos

La reorganización judicial no se concibe de forma aislada, sino como parte de una estrategia más amplia orientada a la eficiencia procesal. En este contexto, la Ley de Eficiencia refuerza el papel de los medios adecuados de solución de conflictos (MASC), tales como la mediación, la conciliación o la negociación asistida.

El legislador parte de la premisa de que no todos los conflictos deben resolverse necesariamente en sede judicial. El fomento de los MASC busca reducir la litigiosidad, descargar a los tribunales de asuntos que pueden resolverse de forma consensuada y promover una cultura jurídica basada en la corresponsabilidad de las partes. De este modo, los Tribunales de Instancia podrán concentrar sus esfuerzos en aquellos litigios que realmente requieran una respuesta jurisdiccional.

5. Las Oficinas de Justicia en el Municipio

Otro pilar esencial de la reforma es la creación de las Oficinas de Justicia en el Municipio, que sustituyen a los tradicionales juzgados de paz. Estas oficinas se conciben como puntos de atención judicial de proximidad, destinados a garantizar que la ciudadanía pueda realizar trámites y gestiones básicas sin necesidad de desplazarse a la sede del Tribunal de Instancia.

Entre sus funciones se incluyen la recepción de escritos, la práctica de actos de comunicación, la asistencia en el uso de medios digitales y otras actuaciones de apoyo al servicio público de justicia. Con ello, se refuerza el principio de accesibilidad y se evita que la centralización de los Tribunales de Instancia suponga una barrera territorial para los ciudadanos, especialmente en el ámbito rural.

6. Conclusiones

La reforma de los juzgados prevista para 2026 representa un cambio de paradigma en la organización judicial española. La sustitución de los juzgados unipersonales por Tribunales de Instancia, la apuesta por la especialización y el impulso de los MASC configuran un modelo más flexible, eficiente y orientado al ciudadano.

No obstante, el éxito de la reforma va a depender en gran medida de su implementación práctica: la dotación adecuada de medios personales y materiales, la formación de jueces y funcionarios, y la coordinación entre los distintos operadores jurídicos.

Solamente si estos elementos acompañan al cambio normativo, podrá alcanzarse el objetivo último de la Ley de Eficiencia: una justicia más ágil, cercana y de mayor calidad al servicio de la sociedad.

José María Alonso Martín / Abogado

¿Cómo reclamar por compras online?

Las compras online se han convertido en una práctica habitual en los últimos años por su comodidad y rapidez. Sin embargo, pese a sus ventajas en muchos aspectos, también son frecuentes los conflictos derivados de retrasos en la entrega, productos defectuosos, artículos que no se corresponden con lo anunciado o problemas con devoluciones y reembolsos.

Conocer los derechos del consumidor y las vías de reclamación disponibles resulta fundamental para defenderse eficazmente ante este tipo de situaciones.

Derechos del consumidor en las compras online

Las compras realizadas por Internet se consideran contratos celebrados a distancia y están especialmente protegidas por la normativa de consumo, principalmente por el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU).

Entre los principales derechos del consumidor destacan:

  • Derecho de desistimiento: el consumidor puede desistir del contrato sin necesidad de justificar su decisión en un plazo de 14 días naturales desde la recepción del producto.
  • Información previa clara y veraz: el vendedor está obligado a informar, antes de la compra, sobre el precio final, gastos de envío, características del producto, plazos de entrega, política de devoluciones y datos de la empresa.
  • Entrega del producto en plazo: salvo que se indique otra cosa, el empresario debe entregar el producto en un plazo máximo de 30 días.
  • Garantía legal: los productos nuevos cuentan con una garantía mínima de tres años frente a defectos o falta de conformidad.
  • Protección frente a cláusulas abusivas: cualquier cláusula que genere un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor puede ser declarada nula.

Cómo reclamar ante el servicio de atención al cliente

El primer paso ante cualquier incidencia debe ser dirigirse al servicio de atención al cliente del vendedor, siendo recomendable:

  1. Contactar por escrito (correo electrónico o formulario web) para que quede constancia de la reclamación.
  2. Exponer los hechos de forma clara y ordenada, indicando número de pedido, fecha de compra y problema concreto.
  3. Solicitar expresamente una solución: reembolso, sustitución del producto, cumplimiento del contrato, etc.
  4. Conservar toda la documentación: facturas, correos electrónicos, capturas de pantalla y justificantes de pago.

Son numerosas las empresas que solucionan el conflicto con el consumidor en esta fase para evitar reclamaciones posteriores.

Reclamaciones ante organismos de consumo

Si la empresa no responde o la respuesta no es satisfactoria, el consumidor puede acudir a los organismos públicos de consumo:

  • Hojas oficiales de reclamaciones: obligatorias para la mayoría de las empresas, incluso en el ámbito online.
  • Oficinas Municipales o Autonómicas de Información al Consumidor (OMIC): ofrecen asesoramiento y tramitan reclamaciones.
  • Juntas Arbitrales de Consumo: permiten resolver conflictos de forma gratuita y vinculante, siempre que la empresa esté adherida al sistema arbitral o acepte someterse al mismo.
  • Plataforma europea de resolución de litigios en línea (ODR): especialmente útil cuando el vendedor está establecido en otro país de la Unión Europea.

Estas vías suelen ser más rápidas y económicas que la judicial, aunque no siempre resultan efectivas si la empresa no colabora.

Posibles reclamaciones en vía judicial

Cuando las vías extrajudiciales fracasan, el consumidor puede acudir a la vía judicial para reclamar sus derechos. Dependiendo del caso, pueden ejercitarse distintas acciones:

  • Reclamación de cantidad por incumplimiento contractual.
  • Resolución del contrato con devolución de las cantidades pagadas.
  • Indemnización por daños y perjuicios, si se acredita un perjuicio económico adicional.
  • Procedimiento monitorio, especialmente útil para reclamaciones de cuantía determinada y documentada.

En reclamaciones de menor cuantía, el procedimiento puede resultar relativamente sencillo, pero en casos más complejos (empresas extranjeras, cláusulas abusivas, daños relevantes) es imprescindible un adecuado asesoramiento legal. Por ello resulta altamente recomendable ponerse en manos de abogados especializados en derecho de consumo, que puedan analizar el caso, elegir la vía más adecuada y defender eficazmente los derechos del consumidor hasta su completa satisfacción.

José María Alonso Martín / Abogado

Cómo denunciar una negligencia médica: guía completa y actualizada

La actualidad jurídica y social nos lleva a recordar la importancia de las reclamaciones en materia de mala praxis y de negligencia médica. La denuncia por negligencia médica es un derecho de todo paciente que ha sufrido daños por una mala praxis sanitaria. En los últimos años, este tipo de reclamaciones han aumentado de manera significativa, especialmente en el ámbito de la sanidad pública. Conocer qué se considera una negligencia, cómo actuar y qué vías legales existen es fundamental para defender los derechos del paciente y exigir una reparación justa.


¿Qué se considera una negligencia médica?

Se entiende por negligencia médica la lesión o daño que sufre un paciente como consecuencia de una mala praxis por parte del personal sanitario. Es decir, cuando el profesional no actúa conforme a la lex artis, el conjunto de normas y estándares que exigen una atención médica adecuada y diligente.

No toda complicación médica es negligencia. Es importante diferenciar entre:

  • Negligencia médica: cuando se incumplen los protocolos o se cometen errores evitables que causan un daño.
  • Imposibilidad médica: cuando, pese a seguir todos los procedimientos correctamente, el resultado negativo era inevitable.

El aumento de las negligencias en la sanidad pública

Según la Asociación Defensor del Paciente, en 2021 se registró un 25% más de denuncias por negligencias médicas que en 2020. Aunque la pandemia de Covid-19 afectó gravemente al sistema sanitario, el informe advierte que la atención médica no ha mejorado tras la crisis.

Entre las principales causas de reclamaciones en la sanidad pública se incluyen, entre otras:

  • Errores de diagnóstico y pérdida de oportunidades de tratamiento.
  • Intervenciones quirúrgicas mal realizadas.
  • Altas médicas precipitadas.
  • Negligencias médicas en el parto.
  • Infecciones hospitalarias.
  • Retrasos en ambulancias o atención primaria.

El informe también alerta sobre una creciente brecha entre la sanidad pública y la privada, atribuida a la falta de personal sanitario y recursos materiales, lo que repercute directamente en la calidad asistencial.


Vías legales para denunciar una negligencia médica

El proceso para denunciar una negligencia médica depende de si el hecho ocurrió en un centro público o privado.

1. En la sanidad pública: vía administrativa

Cuando la negligencia ocurre en un hospital o centro público, la reclamación debe iniciarse ante la Administración, ya que es la responsable del funcionamiento de los servicios sanitarios en cada comunidad autónoma.

Este procedimiento está regulado por la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, cuyo artículo 28 establece el principio de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas. Dicho principio reconoce el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por los daños causados por el funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

  • La reclamación se presenta mediante un escrito administrativo ante el hospital o la consejería de sanidad correspondiente.
  • El objetivo es obtener una indemnización económica por los daños sufridos, nunca la imposición de penas de prisión a los responsables.
  • La Administración tiene un plazo de seis meses para resolver. Si no lo hace o la respuesta es negativa, puede interponerse un recurso contencioso-administrativo ante los tribunales.

En algunos casos, la reclamación puede dirigirse directamente contra la aseguradora de la Administración pública (según la Ley del Contrato de Seguro), aunque ambos procedimientos son excluyentes.

2. En la sanidad privada: vía civil o penal

En los centros privados, la reclamación se presenta contra el profesional o la clínica responsable. Lo habitual es acudir a la vía civil, reclamando una indemnización a la aseguradora del médico o del hospital.
La vía penal es menos frecuente, pues exige pruebas y testigos que acrediten el delito de forma clara.


Pasos a dar antes de presentar una denuncia por negligencia médica

  1. Reunir toda la documentación médica
    Es esencial recopilar informes clínicos, resultados de pruebas, diagnósticos, informes quirúrgicos, y, en su caso, el informe de autopsia. Estos documentos son la base para demostrar la relación causa-efecto entre la mala praxis y el daño.
  2. Contratar a un abogado especializado
    Un abogado experto en negligencias médicas sabrá cómo redactar la reclamación, qué pruebas son necesarias y qué terminología jurídica emplear. Un error en la redacción del escrito puede invalidar todo el procedimiento.
  3. Contar con un informe pericial médico
    El abogado suele trabajar con un perito médico, quien analiza la documentación y determina si efectivamente existió una negligencia. Su informe es una prueba clave en el proceso judicial o administrativo.
  4. Elegir la vía más adecuada
    Dependiendo de si el hecho ocurrió en la sanidad pública o privada, el abogado indicará si conviene iniciar la reclamación por la vía administrativa, civil o, en casos excepcionales, penal.

Cómo calcular la indemnización

La cuantía de la indemnización por negligencia médica se determina según el baremo de la Orden ESS/66/2013, regulado en la Ley 35/2015, el mismo que se aplica para valorar los daños en accidentes de tráfico.

Se tienen en cuenta factores como:

  • Grado y tipo de lesión (física, neurológica, psiquiátrica).
  • Secuelas permanentes y pérdida de capacidad laboral.
  • Gastos de rehabilitación, fisioterapia o asistencia futura.
  • Impacto psicológico y pérdida de calidad de vida.
  • Intereses legales y perjuicios económicos derivados.

Ejemplos de indemnizaciones reconocidas:

  • 4 millones de euros por un parto que causó parálisis cerebral en un bebé.
  • 2 millones de euros por dejar a una paciente en estado vegetativo.
  • 1 millón de euros por contagio de hepatitis C en un hospital.

La importancia de reclamar

Como ya expusimos, cada año crece el número de demandas por negligencia médica en España. Las razones y motivos de reclamación son diversas, yendo desde errores de diagnóstico hasta prescripción de un tratamiento inadecuado, pasando, claro está, por errores cometidos en el transcurso de operaciones quirúrgicas.

En este sentido, reclamar no busca únicamente una reparación económica, sino también promover la transparencia y la mejora del sistema sanitario. Los pacientes tienen derecho a una atención segura, diligente y humana. Exigir responsabilidades no es venganza: es justicia y una forma de evitar que otros sufran las mismas consecuencias.

José María Alonso Martín / Abogado

PIONERA SENTENCIA QUE RECONOCE LA IMPROCEDENCIA DE UN DESPIDO DISCIPLINARIO SIN TRÁMITE DE ALEGACIONES

Una reciente sentencia del Juzgado de lo Social número 9 de Málaga viene a confirmar la Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de despido, al considerar improcedente el despido de un trabajador en cuya comunicación no se ha acreditado el motivo, supuestamente la realización de unas pintadas en las instalaciones de la empresa.

En particular, y en relación con la comunicación realizada al trabajador, la resolución establece que:

En el supuesto de autos, la carta de despido es genérica, no contiene datos concretos, fechas en las que ocurrieron los hechos imputados al actor, se dice que su comportamiento en los últimos meses ha sido desconsiderado en relación a sus superiores y compañeros, tal situación supone una disminución voluntaria y continuada de su rendimiento en el trabajo , como hemos dicho no se concretan datos relativos a fechas para computo , por ejemplo de la prescripción, ni con qué superiores o compañeros ha sido desconsiderado el actor, ni concretamente como se ha plasmado la disminución voluntaria en el trabajo.

Además, en cuanto a la expresión de los motivos del despido, dispone la referida sentencia que:

La exigencia de comunicación escrita y la expresión de la causa tienen como finalidad proporcionar al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco de los hechos que fundan el despido para que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquellos, pueda impugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue convenientes para su defensa.

Es preciso consignar el elemento fáctico del hecho constitutivo del acto extintivo, lo que supone mantener un razonable término medio informativo.

En principio, la finalidad de esta comunicación es la de ofrecer al trabajador la información necesaria para que conozca con suficiente plenitud las causas a las que responde la decisión extintiva.

Concluye el Fallo de la sentencia en los siguientes términos:

Que estimando la demanda formulada por D. R. A. G. V. contra la empresa A. S.L.,  declaro IMPROCEDENTE el despido de la misma, condenando a la empresa demandada a que, a opción de la misma, que deberá efectuar, ante este Juzgado , dentro de los CINCO DÍAS hábiles siguientes a la notificación de la sentencia , readmita a D. R. A. G. V. en el mismo puesto que venía desempeñando hasta la fecha del despido con las mismas condiciones con abono de los salarios dejados de percibir desde el despido a la notificación de la sentencia a razón de 49,13 € diarios o le satisfaga una indemnización cifrada en 2026,81 € .

Se trata de una sentencia paradigmática que viene a seguir a pie juntillas la Jurisprudencia mayor y en particular la STS 5454/2024, la cual introduce la obligatoriedad de una audiencia previa del trabajador antes de la adopción de la medida extintiva. 

Un nuevo éxito del departamento de derecho laboral de ALONSO & WEBER abogados.

¿Pueden reclamarse los daños del apagón del 28 de abril?

La semana próxima se cumple un mes desde el histórico apagón que dejó al país a oscuras. Fueron muchos los ciudadanos que, de un modo u otro, sufrieron un perjuicio económico como consecuencia de este acontecimiento.

En unos casos, fueron los alimentos perecederos que se estropearon como consecuencia de la desconexión de los sistemas de refrigeración tanto domésticos como industriales; en otros, los perjuicios causados en el transporte de pasajeros que se vieron afectados, los derivados de no poder utilizar las redes de internet o telefonía, e incluso las consecuencias de la reanudación del servicio eléctrico, con millones de electrodomésticos averiados.

En las próximas líneas analizaremos diferentes cuestiones relevantes a la hora de plantear la correspondiente reclamación.

¿Quién es el responsable?

Aunque la responsabilidad última podría recaer sobre el organismo semipúblico Red Eléctrica, la normativa actual permite que los usuarios puedan interponer la reclamación sea a la comercializadora o bien a la distribuidora del servicio contratado, y ello comprende tanto el servicio eléctrico como el de telecomunicaciones.

Los afectados por el apagón podrán reclamar indistintamente frente a cualquiera de los intervinientes del sector eléctrico y, en el caso de dirigirse a la distribuidora, el éxito de la reclamación estará en buena medida condicionado en la prueba de la relación de causalidad entre los daños sufridos y la alteración o interrupción del suministro.

El Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, establece que no se considerarán incumplimientos de calidad los provocados por causa de fuerza mayor o las acciones de terceros.

De este modo, la responsabilidad del apagón podrá considerarse de:

  • La empresa distribuidora o comercializadora de energía eléctrica. Normalmente será así si finalmente se demuestra que el corte de luz ha sido consecuencia de una avería, de una falta de mantenimiento o de una mala planificación.
  • Las administraciones públicas. Y ello si se demuestra la negligencia administrativa en la gestión o supervisión del suministro eléctrico.

En este caso en particular, la determinación de quien sea el responsable último tardará meses, razón por la que es más que recomendable plantear la reclamación directamente ante la compañía eléctrica con la que tengamos contratado el suministro.

¿Puedo reclamar a mi compañía de seguros?

Otra opción para los afectados es estar a lo que digan sus pólizas de seguros, ya que en muchas de ellas se incluyen coberturas por daños sufridos por cortes de electricidad. Si la suya es una de estas pólizas, lo primero será dar parte a la aseguradora y comprobar que el daño en cuestión es objeto de cobertura. Los más frecuentes serán las averías en electrodomésticos, la pérdida de alimentos o la interrupción de actividades que dependan del suministro eléctrico.

¿Cuál es el marco legal?

La normativa que ampara este tipo de reclamaciones es la siguiente:

  • Código Civil (arts. 1902 y 1903): Dichos preceptos establecen la responsabilidad extracontractual por daños.
  • Ley 24/2013, del Sector Eléctrico: Esta norma viene a regular los derechos del consumidor de servicio eléctrico.
  • Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre: Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y viene a fijar los estándares de calidad que han de cumplir las compañías eléctricas.

¿Puedo reclamar si no pude ir a trabajar?

Como causa ajena al trabajador, el apagón daría lugar a reclamar y justificaría la ausencia al puesto de trabajo, tanto en su modalidad presencial como en la de teletrabajo.

El art 30 del Estatuto de los Trabajadores, establece que «si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario se retrasase en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo».

El Tribunal Supremo, en Sentencia de 26 de junio de 2024 ya estableció que “el tiempo en el que un teletrabajador sufre una avería o incidencia, como la caída de la red de internet o un corte de luz, cuenta como tiempo efectivo de trabajo”. 

Además, cuando los cortes de luz o internet se produjesen en el espacio físico de la empresa, ello no supondría que los trabajadores presenciales tuvieran que recuperar el tiempo de trabajo, ni verían reducido su salario por dicho motivo, por lo que se interpreta que tampoco ello puede afectar a quienes prestaran sus servicios mediante teletrabajo.

¿Qué documentación debo recopilar?

Ante todo, debemos demostrar los daños que hemos sufrido. En este sentido, será necesario conservar las facturas o tickets de los productos perecederos estropeados, de los electrodomésticos averiados y acompañar fotos, videos, partes de avería.

Es fundamental hacer una valoración económica de los daños sufridos, especialmente si se trata de equipos costosos o pérdidas de negocio.

¿Dónde y cómo puedo reclamar?

La reclamación deber ser presentada ante el servicio de atención al cliente de la comercializadora o la distribuidora del suministro eléctrico, la oficina de atención al usuario del Ministerio para la Transición Ecológica o el Servicio de Consumo de la correspondiente Comunidad Autónoma.

Para el caso de que la compañía no responda o desestime nuestra reclamación, está prevista la implementación de sistemas de resolución extrajudicial de este tipo de conflictos, como es el caso del arbitraje de consumo.

Finalmente, si la vía extrajudicial resulta infructuosa, la última opción es presentar demanda por responsabilidad civil ante la compañía eléctrica.

¿Hasta cuándo puedo reclamar?

El plazo para reclamar por daños materiales derivados del apagón es de un año desde la fecha en que se produjo el siniestro, y ello de conformidad con el artículo 1968.2 del Código Civil.

Si la demanda se plantea por incumplimiento de contrato de la compañía, el plazo será de cinco años, según prevé el artículo 1964 del Código Civil.

En cualquier caso, es más que recomendable presentar la reclamación extrajudicial lo antes posible para eludir la prescripción del derecho a reclamar y evitar la pérdida de pruebas de los daños producidos.

José María Alonso Martín / Abogado

¿Qué son los MASC?

El pasado 3 de abril entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025, publicada el 2 de enero de 2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y cuya finalidad es introducir en el ordenamiento jurídico como acceso válido a la Justicia, además de los órganos jurisdiccionales, otros medios adecuados de solución de controversias en vía no jurisdiccional (MASC), como medida para la consolidación de un servicio público de Justicia sostenible, potenciando la negociación entre las partes, directamente o con la ayuda de un tercero neutral.

Los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) se crean por lo tanto como mecanismos que pretenden resolver disputas sin necesidad de recurrir a los tribunales. Son métodos alternativos a la vía judicial que fomentan la negociación y el diálogo entre las partes para llegar a un acuerdo. 

Los MASC, según lo establecido en la ley, engloban actividades negociadoras tales como la mediación, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión de persona experta independiente, el derecho colaborativo y la justicia restaurativa, en las cuales las partes van a intentar alcanzar acuerdos de buena fe, ya sea de manera directa o con la intervención de un tercero neutral.

La solicitud de inicio de un MASC, en la que se defina adecuadamente el objeto de la negociación, interrumpirá la prescripción o suspenderá la caducidad de la acción desde la fecha en que conste el intento de comunicación. La interrupción o la suspensión se prolongará hasta la fecha de firma del acuerdo o de la terminación del proceso de negociación sin acuerdo.

Se establece que el proceso de negociación y la documentación empleada en el MASC serán confidenciales, salvo en lo que se refiere al intento de la negociación y a la identidad entre el objeto de la negociación y de la controversia. Será posible que las partes se dispensen expresa y recíprocamente de esta obligación de confidencialidad. El deber de confidencialidad deberá conjugarse con la necesidad de acreditar el cumplimiento del requisito de procedibilidad.

Elemento novedoso es el nuevo régimen de costas, con el que se trata de incentivar el uso eficaz de los MASC y, en consecuencia, penalizar a la parte que rechace participar en la negociación previa. Para decidir sobre la condena en costas, el tribunal podrá eximir de la condena a la parte vencida cuando la parte vencedora haya rehusado participar en el MASC. Una regla similar aplicará en los casos de estimación parcial de la demanda, de manera que se podrá imponer las costas a aquella parte que no participó sin justa causa en el MASC.

La LO 1/2025 prevé un régimen específico para los litigios en materia de consumo. Así, para entender cumplido el requisito de procedibilidad, el consumidor podrá optar entre la formulación de una reclamación extrajudicial previa o acudir a cualquiera de los MASC previstos en la LO 1/2025. En particular, para los litigios sobre cláusulas abusivas incorporadas en préstamos hipotecarios, se establece un régimen específico, según el cual el consumidor está obligado a interponer una reclamación extrajudicial previa a la entidad financiera con la que contrató. En estos últimos casos, el plazo máximo para llegar a un acuerdo será un mes y si la entidad rechaza la reclamación deberá justificar los motivos de oposición sin que pueda alegar motivos distintos en el procedimiento judicial posterior. Se contemplan otras medidas, como la imposición de una indemnización o penalización por mora a los empresarios que no contribuyan a una solución consensuada en conflictos sobre cláusulas abusivas.

A modo de conclusión, pueden hacerse las siguientes consideraciones sobre los MASC:

  • Obligatoriedad: Son requisito de procedibilidad antes de presentar una demanda judicial en la mayoría de los procedimientos civiles y mercantiles, con contadas excepciones.
  • Ámbito de aplicación: En asuntos civiles y mercantiles, incluidos los conflictos transfronterizos, excluyendo los ámbitos penal, laboral y concursal, así como los litigios donde participe el sector público.
  • Confidencialidad y formalización: Los procesos serán confidenciales y los acuerdos alcanzados podrán formalizarse mediante escritura pública o bien ser homologados judicialmente para dotarlos de fuerza ejecutiva.
  • Uso de medios telemáticos: Se facilitará la utilización de herramientas digitales para el desarrollo de los procesos negociadores.

La reforma es tan importante y su objetivo es tan ambicioso que todos los operadores jurídicos habrán de realizar una profunda labor de formación y de preparación para ajustarse a esta nueva realidad enmarcada en la consecución de una justicia más eficiente.

José María Alonso Martín

Abogado

Tarjetas “revolving”: El Tribunal Supremo concreta cuándo son nulas por la falta de transparencia

Dos sentencias de la Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo se han pronunciado muy recientemente sobre la falta de transparencia y el carácter abusivo de la cláusula del contrato de tarjeta de crédito que establece el interés remuneratorio, evaluada junto con las que establecen el sistema de amortización “revolving”.

En dichas sentencias se fijan los nuevos criterios para valorar la falta de transparencia. El TS establece como cuestiones relevantes en el clausulado “revolving” que el crédito se renueva de manera automática en el vencimiento de cada cuota -normalmente, mensual-, que se convierte en crédito rotativo o revolvente, equiparándose a una línea de crédito permanente; y que existe grave riesgo de encadenarse a una deuda indefinida, que nunca se termina de pagar, dándose lugar al denominado efecto “bola de nieve”.

Las mencionadas sentencias recuerdan que el crédito “revolving” no es sino un crédito al consumo con interés, de duración indefinida o de duración definida pero prorrogable automáticamente, concedido a personas físicas, en el que el consumidor puede disponer hasta el límite del crédito concedido sin tener que pagar la totalidad de lo dispuesto en un plazo determinado, sino que reembolsa el crédito dispuesto de forma aplazada, mediante el pago de cuotas periódicas cuyo importe puede consistir en una cantidad fija o en un porcentaje de la cantidad dispuesta. Lo más habitual es que la entidad financiera fije una cantidad o un porcentaje bajo, lo que alarga significativamente el plazo de amortización, suponiendo la generación de una gran cantidad de intereses al amortizarse poco capital en cada cuota. El crédito se renueva de forma automática en el vencimiento de cada cuota. El riesgo ya mencionado al encadenamiento a una deuda de carácter indefinido hace que el consumidor deba recibir una información puntual sobre estas, con un contenido y presentación adecuada y en el momento oportuno. Dicha información debe permitir que un consumidor medio pueda comprender el producto ofertado así como los riesgos derivados del mismo.

El Supremo exige que la información debe exponer de manera transparente por su contenido, forma de expresión y ubicación en el documento, el funcionamiento concreto del mecanismo de recomposición del capital y su influencia en la liquidación de los intereses y en la amortización del capital dispuesto, especialmente en los supuestos de incremento notable del riesgo.

Debe informarse al consumidor de la relación entre la elevada TAE, el mecanismo de recomposición del capital y las demás cláusulas con trascendencia en la creación de los riesgos descritos, basándose en criterios precisos e inteligibles, las consecuencias económicas que se deriven para él.

El TS dispone que, aunque la falta de transparencia no suponga automáticamente la abusividad de la cláusula, en el caso particular de las tarjetas “revolving”, cuando afecte a la cláusula relativa a la TAE, valorada junto con las cláusulas relativas al sistema de amortización, el anatocismo y la escasa cuota mensual, se entenderá que no es inocua para el consumidor, pues provoca un grave desequilibrio, en contra de las exigencias de la buena fe, con graves consecuencias, dando lugar a lo que la sala ha venido en denominar el “deudor cautivo”.

José María Alonso Martín

Abogado

¿Qué es el acoso escolar?

El acoso escolar, también conocido con el término anglosajón bullying, se define como aquella forma de maltrato tanto verbal como psicológico que se produce en el ámbito escolar y que se caracteriza por una continuidad en el tiempo.

El acoso escolar puede traducirse tanto en agresiones físicas, como en amenazas, vejaciones, coacciones, insultos, humillaciones, etc. Su objetivo no es otro que el de amedrentar y hostigar a la víctima.

Para que una situación de acoso escolar pueda ser identificada deben concurrir los siguientes elementos:

– El desequilibrio. Ello supone el ejercicio de la fuerza física, verbal o psicológica del acosador con respecto del acosado.

– La intencionalidad. No cabe el acoso sin intención de herir, amenazar o asustar al acosado.

– La reiteración. La acción descrita, para ser considerada acoso, debe repetirse en el tiempo.

Entre las modalidades de acoso, encontramos tanto la tipología clásica de violencia física o amenazas verbales como por medios digitales (redes sociales), en sus diferentes formas (sexting, stalking, etc.).

Todas las modalidades anteriores de acoso escolar pueden presentarse indistintamente en su forma individual o grupal.

La Convención de Derechos del Niño, que pone el foco en la necesidad de la especial protección del niño frente a toda clase de maltrato, está en la base del marco legal de prevención y lucha contra el acoso escolar.

Entre los principios constitucionales vulnerados por el acoso escolar se halla la dignidad del niño y sus derechos fundamentales (art. 10.1 de la Constitución Española).

El art.1 de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, dispone que el sistema educativo español debe inspirarse en una serie de principios, basados todos ellos en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en nuestra Carta Magna.

Así mismo, al art. 1 de la Ley 26/2015, de 28 Julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que modifica la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, establece que los menores tienen la obligación de respetar a los profesores y otros empleados de los centros escolares, así como al resto de sus compañeros, evitando situaciones de conflicto y acoso escolar.

En cuanto a la tutela que debe ofrecerse a la víctima de acoso escolar, en particular, en el ámbito académico, dentro del denominado Plan de Convivencia, cada centro debe incluir un Reglamento de Régimen interno que refleje con claridad las normas de comportamiento a respetar por el alumnado y el correspondiente régimen disciplinario.

El acoso físico o moral es una infracción que debe ser tipificada como falta muy grave, y conlleva la aplicación de las medidas correctoras que pueden llegar a la expulsión del centro del alumno acosador.

Si bien es siempre preferible y deseable que la infracción grave de las normas de convivencia escolar pueda ser solucionada extrajudicialmente, para el caso en que la víctima no vea tutelados sus derechos, podrá acudir a los órganos jurisdiccionales.

Así las cosas, el acoso escolar puede ser constitutivo de delito, siempre que las conductas que lo integren se incardinen en alguno de los siguientes tipos recogidos en nuestro Código Penal: lesiones (arts. 147 y ss); amenazas (arts. 169 a 171); coacciones (art. 172); abusos sexuales (arts. 178 y ss); injurias (art. 205); y calumnias (arts. 208 a 210).

El art. 143.1 del Código Penal castiga particularmente la inducción al suicidio de otro. Esta circunstancia se produce lamentablemente con frecuencia cuando el acosado no puede soportar más las conductas y finalmente decide quitarse la vida.

La LO 1/2015 introduce un nuevo delito de acoso (art. 172. Ter del Código Penal) para aquellas conductas que se realicen de forma insistente y reiterada y menoscabando gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima.

Con independencia de que los hechos puedan estar tipificados en el Código Penal, en la vía jurisdiccional civil se puede así mismo solicitar la reparación del daño y la indemnización por los perjuicios causados a la víctima de acoso.

En este sentido, la responsabilidad puede extenderse tanto al centro educativo (culpa in vigilando de los profesores y dirección por la no adopción de medidas que eviten y erradiquen esta situación (art. 1903 del Código Civil); como a los propios padres, quienes son responsables por los actos ilícitos de sus hijos menores.

Finalmente, en el caso de centros educativos públicos, la existencia de daños causados como consecuencia de actos de acoso en el ámbito escolar, conllevaría directamente la exigencia de responsabilidad de la Administración, garante del respeto de los derechos fundamentales del alumnado en la prestación de un servicio público de educación.

José María Alonso Martín

Abogado

¿Qué es el secreto profesional?

El secreto profesional es definido en la Real Academia Española de la Lengua como el deber que tienen los miembros de ciertas profesiones, como los médicos, los abogados, los notarios, etc., de no descubrir a tercero los hechos que han conocido en el ejercicio de su profesión.

De esto modo, políticos, militares, policías, jueces, fiscales, médicos, periodistas, sacerdotes y, por supuesto, abogados deben guardar secreto con respecto a información que les es confiada por sus pacientes, subalternos administrados, feligreses o clientes.

El secreto profesional es, más que un derecho, un deber. Dicho deber de guardar secreto se encuentra castigado por medio de una sanción que se impondrá a quien revelara información conocida en el desarrollo de su profesión.

El delito de revelación de secretos está regulado en los artículos 197 y 201 del Código Penal, y se refiere a una serie de conductas con las que se descubren secretos de otra persona o se vulnera su intimidad.

Se trata de un delito de mera actividad, pues no es preciso causar directamente un perjuicio determinado sobre la víctima, siendo suficiente con llevar a cabo las actividades tipificadas en el Código Penal.

El tipo básico se encuentra regulado en los apartados 1 y 2 del artículo 197.

En el primer apartado se sanciona la conducta consistente en apoderarse de los papeles de otra persona, sus cartas, mensajes de correo electrónico o cualquier otro documento o efecto personal, interceptar sus comunicaciones o utilizar artificios técnicos, de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido, etc. En estos supuestos se prevé una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses.

Existe un tipo agravado en que se contempla una pena más alta para este delito, cuando concurran circunstancias que hagan que los hechos sean más graves.

Así, el apartado 3 del artículo 197 establece una pena de prisión de 2 a 5 años si se difunden, revelan o ceden a terceras personas los datos o hechos que se han descubierto o las imágenes captadas a que se hace referencia en el artículo 197. El castigo para estas conductas es el de pena de prisión de 1 a 3 años y multa de 12 a 24 meses.

Por otro lado, el apartado 4 del artículo 197 sanciona con pena de prisión de 3 a 5 años si el sujeto activo es una persona encargada o responsable de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros; y cuando los hechos son realizados utilizando datos personales de la víctima. Si los datos reservados se han difundido, cedido o revelado a terceros, corresponderán las penas en su mitad superior.

En el artículo 197.7 ha previsto un tipo atenuado al establecer una pena de prisión de 3 meses a 1 año o multa de 6 a 12 meses cuando, sin autorización del afectado, se difunda, revele o ceda a terceras personas imágenes o grabaciones audiovisuales de aquel que se hayan obtenido con su permiso en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de terceros, si su divulgación menoscaba de forma grave su intimidad personal. La pena será la de multa de 1 a 3 meses para quien recibiera las imágenes o grabaciones audiovisuales anteriores y las difundiese o revelase sin el consentimiento del afectado.

Existe, no obstante lo anterior, excepciones a la obligación de guardar secreto profesional.

En la relación confidencial del abogado y su cliente pueden surgir situaciones en las que los abogados enfrenten dilemas planteados a raíz de prevención de delitos graves o el interés superior. Es así que la prevención de cometer determinados delitos como los que atentasen a la vida humana, la paz pública y los relacionados con el terrorismo constituye una excepción al deber del secreto profesional.

De igual modo, entre los profesionales sanitarios, sería exceptuada la obligación del secreto cuando se evite la propagación de una epidemia o de una enfermedad considerada de grave riesgo para la salud pública.

El caso de protección de la información de los periodistas, aunque con la limitación expuesta que les obliga de desvelar secretos que conculquen la legalidad o la salud pública, lleva a que no puedan revelar ni desvelar la identidad de las fuentes de la información que publiquen, ni revelar la identidad de otros periodistas o colaboradores.

Al margen de la tipología expuesta, existen tres clases de secreto profesional: el natural, el prometido y el confiado.

El primero se halla caracterizado por el deber de guardar reserva sin que sea exigida, esto es, independientemente de cualquier relación contractual o profesional o de cualquier promesa de confidencialidad.

El secreto prometido tiene su origen en una relación contractual, pactándose entre las partes qué tipo de información no podrá divulgarse ni difundirse.

El tercer tipo, el secreto profesional confiado es el caso más convencional de secreto profesional, viniendo marcado por las disposiciones deontológicas de cada profesión, manifestadas en sus respectivos códigos éticos.

Volviendo al secreto profesional de la abogacía, la aprobación de normas como la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo ha establecido nuevas obligaciones para los abogados.

De esta manera, el abogado, en su relación con el cliente, estará obligado a asumir una serie de obligaciones de información. Podría tratarse de datos esenciales de sus clientes en las operaciones en las que está prestando asesoramiento. El abogado estaría inclusive obligado a no prestar asesoramiento en caso de que pueda haber indicios de relación con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Asimismo, el abogado tendrá la obligación de comunicar la existencia de indicios de blanqueo al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.

José María Alonso Martín

Abogado