¿CUÁLES SERÁN LAS PRINCIPALES NOVEDADES NORMATIVAS PARA 2021?

El año 2021 se inicia entre las esperanzas del control de la pandemia y de la estabilización de la economía. En este contexto, son varias las novedades legislativas que verán la luz a lo largo de este recién estrenado año. A continuación apuntamos los aspectos más importantes de algunas de ellas.

Normativa europea para el uso de drones

Desde el 1 de enero de 2021 pilotar un dron no está permitido sin contar con formación específica.

Será preciso contar con una licencia RPAS (para pilotaje de aeronaves civiles) y encontrarse de alta como operador en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).

Hasta ahora pilotar un dron de forma recreativa no era preciso contar con ningún tipo de licencia, únicamente respetar las limitaciones espaciales establecidas por AESA para este tipo de aeronaves.

A partir de ahora todos los operadores de drones, tanto de uso recreativo como profesional, habrán de estar registrado en la AESA a través de la sede electrónica en una nueva aplicación disponible desde el pasado 31 de diciembre de 2020.

La nueva normativa viene a implantar tres nuevas categorías en cuanto a las restricciones para el vuelo de este tipo de aeronaves. A saber:

– Categoría abierta: Vuelos de bajo riesgo operados por pilotos aficionados.

– Categoría específica: Vuelos de riesgo medio con la preceptiva autorización.

– Categoría certificada: Vuelos de alto riesgo, en los que el piloto deberá encontrarse certificado como operador.

Prohibición de los números 901 y 902

El Ministerio de Consumo oficializará la prohibición la tarifación especial a través de los prefijos 901 y 902, los cuales tenían un coste superior a la media, mediante la publicación en el BOE de la correspondiente Ley en fecha 23 de diciembre de 2020. 

Además la Ley viene a escuchar la vieja reivindicación de, entre otras, la organización de consumidores Facua, que ha defendido desde el principio que las empresas que habrían de disponer de números de teléfono gratuitos para sus clientes en sectores como los de la electricidad, el agua, el gas, los servicios financieros y los seguros. Estos números deberán exigirse a partir de este año a las empresas que presten estos servicios.

Economía colaborativa con IVA

Desde que Hacienda detectara el agujero en la recaudación del IVA provocado por los negocios que comercializaban servicios o productos a través de internet, se viene trabajando en la implementación de un impuesto en función de quien preste el servicio y quien lo contrate.

Así, se tendría que aplicar a la factura el IVA vigente en el país de residencia del cliente final y no, como se venía haciendo hasta ahora, esto es, el IVA del país de origen.

La reforma del IVA digital estaba prevista para enero de 2021. Sin embargo, la complejidad del momento económico actual ha hecho que su entrada en vigor se haya retrasado a julio de este año.

El lugar de tributación en materia de IVA para servicios digitales será el país de destino.  Las ventas de comercio electrónico tributarán en origen cuando el comprador sea un particular, lo  que significa que las operaciones que se efectúen desde España y que tengan como destino un país comunitario llevarán IVA español siempre que el adquiriente sea una persona física que no sea sujeto pasivo del impuesto.

La última y quizá mayor novedad de esta reforma es que la responsabilidad de recaudar el IVA de terceras empresas recaerá en las plataformas digitales quienes deberán realizar el ingreso a la administración tributaria del dinero recaudado.

IRPF de residentes y no residentes

A partir de este año quien adquiera un bien a título gratuito por causa de muerte, a través de un contrato o pacto sucesorio, que transmita dicho bien antes del fallecimiento del causante de los bienes adquiridos se subrogará en la posición de este último.

Por otro lado, la obligación de suministrar información sobre los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales.

En las rentas superiores a los 300.000€ que integren la Base liquidable general, se incrementará en 2 puntos el tipo aplicable, con lo que pasará del 48% al 50% de gravamen.

En cuanto a la Renta de los no residentes, la escala aplicable a los trabajadores desplazados se aumenta en 2 puntos el tipo de gravamen aplicable a la Base liquidable a partir de los 600.001 €, pasando de este modo del 45% al 47 % de gravamen.

En la base liquidable de ahorro a partir de 200.000€ (dividendos, intereses, ganancias patrimoniales, etc.) se incrementará en 3 puntos el tipo aplicable, esto es, del 23% al 26% de gravamen.

Impuesto sobre sociedades de no residentes

La mayor novedad reside en la implantación del llamado impuesto de salida o “exit tax”. La función de este tributo es que cuando un contribuyente traslade sus activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal del Estado, dicho Estado grave el valor económico de la plusvalía creada en su territorio y ello aun en el caso de que la plusvalía todavía no se haya realizado en el momento en que se produzca la salida.

Aunque nuestra Ley sobre Impuesto sobre Sociedades ya tiene tratamiento fiscal en el caso de cambio de residencia, también se van a operar una serie de importantes modificaciones. Así, en el caso de que el cambio de residencia se hubiese realizado a otro Estado miembro de la Unión Europea, se establecía un aplazamiento del pago del impuesto de salida.

Tras la reforma se prevé el derecho del contribuyente al fraccionamiento del pago del impuesto de salida a lo largo de cinco años, cuando el cambio de residencia se efectúe a otro Estado Miembro o un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.

Se introduce un nuevo supuesto previsto de generación de “exit tax” para el caso de que se produzca un traslado, y no de un elemento aislado sino de la actividad.

Plan de igualdad para empresas con más de 100 trabajadores

El plazo para que las empresas de más de 100 y hasta 150 trabajadores tengan realizado y aprobado el Plan de Igualdad finaliza el mes de marzo de 2021.

Son dos los objetivos que se persiguen con este plan:

  • Garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
  • Detectar situaciones de desigualdad hasta ahora inadvertidas.

La sanción para caso de incumplimiento de estas medidas iría de los 626 y a los 6.250 euros de multa.

Los Planes de Igualdad contarán con un periodo transitorio de implantación, concretamente hasta el mes de marzo de 2022, dependiendo su aprobación y aplicación del número de personas trabajadoras en la empresa de que se trate.

Al mismo tiempo, y como consecuencia de lo anterior, habremos de estar atentos a la reacción que se produzca en los convenios colectivos en cuanto a igualdad salarial entre trabajadores y trabajadoras.

José María Alonso Martín

Abogado

¿CÓMO ACTUAR SI ES USTED CLIENTE DE DENTIX?

Desde que el 2 de octubre de 2020 Dentix presentara solicitud de concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado número 2 de lo Mercantil de Madrid, se ha ido produciendo el paulatino cierre de todos los centros a lo largo y ancho del territorio español, en la mayoría de casos sin ofrecer la más mínima explicación a sus clientes. El pasado 3 de diciembre de 2020 se ha publicado  en el Boletín Oficial del Estado el edicto de fecha 30 de noviembre que dispone que la sociedad seguirá conservando sus facultades de administración y disposición de su patrimonio y que todos los acreedores deberán personarse en el procedimiento a través de Abogado y Procurador.

Acceda aquí al texto del edicto: https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/03/pdfs/BOE-B-2020-45239.pdf

En la actualidad las Comunidades Autónomas están a la espera de que el Ministerio de Consumo distribuya la nota informativa en la que, según se les comunicó en su día a las diferentes áreas de consumo de las administraciones autonómicas, trabaja desde hace semanas.

¿Cómo iniciar la reclamación?

Con el objeto de proceder a la defensa de sus derechos y a reclamar la devolución de las cantidades abonadas tras la interrupción de la prestación del servicio, los usuarios afectados podrán acudir a la vía extrajudicial mediante una comunicación escrita, la cual deberá ser remitida bien directamente a la empresa, o bien utilizando para ello el Servicio de Consumo.

Simultáneamente deberásolicitarse a la entidad bancaria con la que se haya obtenido financiación que deje de realizar los cobros, siendo recomendable para ello adjuntar la reclamación realizada ante la clínica dental, y la acreditación de que los servicios no se han prestado.

En todo caso resulta imprescindible que toda reclamación se realice por algún medio que permita dejar constancia de que se ha remitido y recibido (correo electrónico, correo postal certificado con acuse de recibo o burofax con certificación de texto). Se desaconsejan expresamente realizar gestiones telefónicas.

Si la entidad financiera continúa cobrando la deuda, cabría acudir al Servicio Provincial de Consumo y, de manera alternativa, si ha transcurrido un mes desde la fecha de la solicitud, y pese a que su resolución no sea vinculante, cabrá presentar reclamación ante los servicios de reclamaciones del Banco de España.

El siguiente paso, conociendo la declaración del concurso de acreedores, es recurrir a la vía judicial para personarse en el procedimiento abierto, mediante designación de Abogado y Procurador.

¿Qué documentación es necesaria?

Para el inicio de la reclamación resulta necesario que los afectados recopilen:

– Contrato de servicios suscrito con la clínica dental.

– Presupuesto desglosado del tratamiento contratado.

– Facturas y justificantes de los pagos realizados directamente a la clínica.

– Si se ha obtenido financiación, contrato del crédito concedido y certificado bancario de las cantidades abonadas.

– Historial clínico detallando la parte del tratamiento realizado y no realizado.

– Pruebas diagnósticas.

– Publicidad y folletos distribuidos por la empresa en su caso.

– Comunicaciones escritas con la clínica dental remitidas y recibidas.

En cualquier caso, todas las autoridades de consumo recomiendan acudir a plataformas de afectados y siempre contar con el asesoramiento de profesionales de la abogacía especializados en este tipo de reclamaciones.

José María Alonso Martín

Abogado

¿POR QUÉ LOS JUZGADOS ESTÁN REVOCANDO LAS MULTAS DEL CONFINAMIENTO?

Las primeras sentencias emitidas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo rechazan la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer sanciones.

Meses después de que se impusieran en pleno confinamiento tras la decretar el Gobierno el estado de alarma, los jueces están dictando resoluciones que revocan las sanciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impusieron a quienes no respetaban la limitación de movimientos en las primeras semanas del estado de alarma.

La razón es que ni el Real Decreto 463/2020, que instauró el estado de alarma, ni la ley orgánica 4/1981, y ni siquiera la Ley de Seguridad Ciudadana contemplan cuáles son los casos sujetos a multas durante el confinamiento. 

Respecto de aquellas sanciones impuestas en los casos en que no se ha requerido al ciudadano infractor para que rectifique y cumpla con las normas, y no haya existido menosprecio o violencia por parte del supuesto infractor, la jurisprudencia está siendo unánime y pacífica.

Llegados a este punto, debe tenerse en cuenta que, en materia sancionadora, debe regir el principio de tipicidad. Esto es, solamente constituyen infracciones las conductas identificadas por la norma. Es precisamente por este motivo que una sanción impuesta sobre una conducta no tipificada es ilegal y puede ser anulada.

El amparo legal que la Abogacía del Estado dio a la vía sancionadora fue la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana, que, en su artículo 36.6 considera infracción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

Pero no estaríamos en los supuestos previstos por este precepto cuando el infractor, una vez requerido por la autoridad, obedeciese y corrigiese su conducta.

Distinto sería que se hubiese utilizado como respaldo legal la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuyo artículo 57 resulta perfectamente aplicable frente a infracciones directas de los deberes ciudadanos impuestos por las autoridades en materia sanitaria. Y es que, en estos supuestos, la sanción aparejada a la infracción cometida, la cual dependerá de la gravedad del daño podrá ir de 3.000 euros para las infracciones leves, es decir, si no se demuestra la concurrencia de un daño directo para la salud, a 60.000 euros para las graves, esto es, cuando pueda acreditarse que la infracción implique un serio daño para la salud.

En este ámbito, sin embargo, nos encontramos con un claro problema competencial, ya que, mientras el artículo 32 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana atribuye competencias sancionadoras a la Administración del Estado y a la Administración Local, la competencia para imponer las multas previstas en la Ley General de Salud Pública, al ser materia sanitaria, es exclusiva de las Comunidades Autónomas.

En cualquier caso, todas las sanciones habrán de guardar proporción con la infracción cometida. La sanción máxima prevista en caso de desobediencia es de 30.000 euros, habiendo fijado el Ministerio de Interior una multa de 600 euros por “desplazamiento no autorizado sin circunstancias concurrentes”.

No obstante, además de la no existencia de una desobediencia a la autoridad una vez se es requerido, puede alegarse que concurren circunstancias excepcionales, de fuerza mayor o de cumplimiento de obligaciones familiares o laborales.

De lo expuesto, no debe interpretarse que de toda conducta infractora no puedan derivarse consecuencias jurídicas, pues siempre existirán casos en los que concurran requisitos que hagan imposible evitar la sanción.

Lo que sí parece claro es que, tras los acontecimientos vividos a raíz de la pandemia, resulta necesario plantear una nueva regulación de los estados de alarma, excepción y sitio contemplados en el artículo 116 de la Constitución.

José María Alonso Martín

Abogado

¿QUÉ ES UN ALBACEA TESTAMENTARIO?

El albacea testamentario cumple con aquellas instrucciones que deja el testador, la persona que otorga el testamento, y cuya principal función es que se cumpla su última voluntad.

El nombramiento se realiza en el mismo testamento, aunque es un cargo voluntario, que debe ser expresamente. También queda a facultad del testador establecer si el cargo va estar o no retribuido.

El albacea suele ser alguien con quien el testador tiene mucha confianza. Se prevé que puedan ser varios los albaceas, en cuyo caso actuarán de manera mancomunada o solidaria, según el caso.

Las funciones del albacea, que quedarán plasmadas en el testamento, determinarán que existan dos tipos de albacea:

  • El albacea universal, quien queda a cargo de toda la herencia hasta la entrega de los bienes que la integran a cada uno de los herederos.
  • El albacea particular, que recibe del testador unas funciones específicas, debiéndose estar a lo que concretamente le sea encomendado.

Entre las funciones más comunes de los albaceas se encuentran la interpretación del testamento, contar, partir y administrar los bienes de la herencia, así como el pago de las deudas que existiesen y preservar los bienes.

Para el caso en que las funciones del albacea no sean previstas en el testamento, debe entenderse que son las establecidas legalmente. Son las siguientes:

  • Hacerse cargo de funeral, cremación o incineración, de acuerdo con las costumbres o con lo dispuesto por el testador.
  • Confirmar que el testamento sea válido.
  • Conservar los bienes de la herencia.
  • Vigilar el cumplimiento del testamento.
  • Pagar el legado en metálico.
  • Realización del inventario de bienes con la presencia de herederos y legatarios.

Pero el albacea, además de obligaciones, también tiene una serie de derechos.  Así, deben recibir el reembolso de los gastos en los que haya incurrido por el cumplimiento de sus funciones y podrá reclamar compensaciones por daños y perjuicios sufridos.

Puede ser albacea cualquier persona en la que confíe el testador, con los requisitos de ser mayor de edad y tener capacidad de obrar. Aunque ni la titulación académica ni su nivel formativo es decisivo, por lo general el albacea suele ser abogado o notario, elegido por el testador por su confianza y por sus conocimientos específicos en la materia.

El único requisito para cumplir con las funciones propias del albacea es aceptarlas. Esto es, el albacea debe aceptar su cargo. El albacea dispone de seis días desde que se le anuncie su nombramiento o desde el momento en el que conoce la muerte del testador para excusarse del cargo. En esta ocasión no necesita justificar su decisión.

Una vez aceptado el cargo, la única forma de evitar el cumplimiento de sus obligaciones es y renunciar con justa causa y ante notario. Entre los motivos más frecuentes para expresar esta renuncia se encuentra el padecer una enfermedad, disputas con los herederos o bien cuando el ejercicio de su cargo le ocasione algún tipo de perjuicio.

La muerte del albacea determina también el cese de sus funciones, las cuales no pueden ser delegadas.

José Maria Alonso Martín

Abogado

ALONSO & WEBER ABOGADOS: NUEVA SENTENCIA FAVORABLE SOBRE TARJETAS REVOLVING

ALONSO & WEBER abogados vuelve a obtener una sentencia favorable contra Wizink Bank en una nueva reclamación de tarjetas de crédito “revolving”.

El día 26 de octubre de 2020, la Magistrada-Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Vélez-Málaga dictó sentencia fallando a favor de uno de los clientes de Wizink.

Nuestro cliente había concertado inicialmente con Citibank un contrato de tarjeta de crédito “revolving” en el año 2005 bajo unas condiciones poco transparentes, no habiendo sido informado debidamente de los intereses que podía generar el uso de dicho crédito. 

Tales condiciones fueron modificadas en varias ocasiones, de modo que el interés pagado por el cliente llegó a ser del 26,82% TAE, muy superior al interés normal del dinero, tal como establece la sentencia:

“El tipo de interés del 26,82% (TAE) fijado en el contrato de tarjeta de crédito de 10 de noviembre de 2005 es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. La comparación del TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en el año 2005, fecha inmediatamente posterior a la que fue concertado el crédito, que era de 8,11%, nos permite afirmar que el interés estipulado es notablemente superior al normal del dinero”.

Además la entidad fue aumentando las comisiones de manera injustificada, e incorporando otras que no habían sido fijadas en el momento inicial.

Según el fallo del Tribunal, se estiman íntegramente las pretensiones del demandante, declarando la nulidad del contrato de tarjeta “revolving” y condenando a la entidad demandada a soportar las consecuencias jurídicas y a la devolución al actor de las cantidades cobradas en otros conceptos no incluidos en el capital desde la fecha del contrato, con los intereses legales, cantidad que se determinará en ejecución de sentencia.

Con ello viene a consolidarse la posición de ALONSO & WEBER abogados como bufete de referencia en Derecho Bancario en Málaga y particularmente en la comarca de la Axarquía, en la que este despacho ha sido pionero en reclamación de cláusulas abusivas.

¿QUÉ ES UNA SERVIDUMBRE DE PASO?

La servidumbre de paso es definida como un derecho real sin posesión sobre la propiedad de otra persona. Se trata de un derecho real que permite al titular de una servidumbre usar la propiedad sin tenencia ni posesión. Es precisamente ese elemento de ausencia de la posesión lo que caracteriza a este derecho real.

El propietario puede impedir que cualquier tercero, menos el titular de servidumbre de paso, ingresen a la propiedad.

La finca afectada por la servidumbre de paso es denominada “predio sirviente”, mientras que aquella que se beneficia de la servidumbre recibe el nombre de  “predio dominante”.

La denominada servidumbre de paso “accesoria” es aquella que beneficia a una porción de terreno en particular. Si la servidumbre de paso va a beneficiar a un individuo en particular, la servidumbre es denominada “servidumbre de paso personal”.

Las servidumbres de paso pueden ser afirmativas o negativas. Las primeras autorizan a otro u otros a usar la propiedad de un tercero. En las segundas se reserva el propietario el uso de algún elemento enclavado dentro de la propiedad.

La mayor parte de las servidumbres se constituyen a través de una escritura o bien mediante un testamento. Las formalidades son básicamente las mismas que para transferir o crear otros derechos. En circunstancias excepcionales, cuando existe un litigio, podrá constituirse una servidumbre de paso en virtud de una sentencia judicial.

Tras la constatación de la existencia de una servidumbre de paso, son numerosas las preguntas que surgen a quienes pueden verse afectados. Aunque las respuestas son diferentes en cada caso concreto, estas son algunos de los casos más frecuentes.

¿Hay alguna limitación a una servidumbre de paso?

Como regla general, el titular de servidumbre de paso tiene derecho a hacer “lo razonablemente necesario o conveniente para poder gozar de los propósitos por los cuales se creó la servidumbre” con la única limitación de no suponer una carga irracional en el predio sirviente. 

El dueño del predio sirviente por su parte puede hacer cualquier uso del terreno que no suponga interferir indebidamente con el uso del titular de la servidumbre de paso.

¿Puede el dueño del predio sirviente pedir una indemnización?

Únicamente con carácter previo a constituirse la servidumbre, el propietario del predio que debe permitir el paso podrá solicitar una indemnización, que consistirá en el valor del terreno que se ocupa, si la servidumbre de paso es de uso continuado, o de la cuantificación del perjuicio que se cause, cuando se limita al propietario usar normalmente la finca. Este último supuesto es el de la actividad agrícola o ganadera, donde el propietario del predio sirviente se ve directamente perjudicado por no poder disfrutar plena y pacíficamente de la propiedad.

¿Puede una servidumbre tener “portabilidad”?

La denominada portabilidad de una servidumbre depende de su naturaleza. Esto es, si se trata de una servidumbre accesoria o personal. Una servidumbre de paso accesoria suele transferirse con la propiedad dominante aunque no se mencione en el documento de transferencia. Sin embargo, es frecuente que en el documento traslativo de dominio del predio dominante se exprese con claridad  que la servidumbre de paso no se transferirá con la tierra.

Aunque en la mayor parte de los casos las servidumbres personales se consideran derechos afectos e inseparables del propietario original y no suelen ser transferibles, es cada vez más frecuente que se permita la transferencia de determinadas servidumbres para usos comerciales, tales como telefonía, instalación de fontanería o riego e incluso transporte.

¿Hay alguna anchura máxima que deba tener la servidumbre de paso?

La anchura dependerá esencialmente de las necesidades del predio dominante. En algunos casos, aunque la anchura venga especificada en el título de su constitución, si está destinada al paso de maquinaria o transporte, podría incluso tener que adaptarse a la anchura de la nueva maquinaria que deba pasar por la finca.

¿Cuánto dura una servidumbre de paso?

En principio lo único que puede poner fin a una servidumbre de paso es el cambio en las características de predio sirviente y dominante. Así, si el predio sirviente es agregado a la finca dominante, puede ser otorgado un título público por el que el propietario pida que se extinga la servidumbre. El resumen es que, mientras exista un propietario en el predio dominante, la servidumbre se encuentra activa y plenamente vigente.

¿Puede consolidarse una servidumbre de paso por el transcurso del tiempo? 

Aunque el paso pueda ser tolerado por una finca, en ningún caso equivaldrá a constituir una servidumbre. Cosa distinta es que el titular del predio sirviente haya realizado actos como realizar obras en su finca respetando el paso, haya mantenido el lugar por el que el paso transcurre, etc. lo que podría interpretarse como una autorización tácita  que podría convertirse en un  título constitutivo de una servidumbre de paso.

En cualquier caso, todas las dudas que se planteen en relación con las servidumbres de paso, deben ser resueltas por abogados especializados, para evitar de esta forma desagradables sorpresas.

José María Alonso Martín

Abogado

LA EMPRESA ESPAÑOLA ANTE EL COVID-19

La nueva situación planteada por la pandemia del Covid-19 ha afectado de manera especial al tejido empresarial en nuestro país. Y es que un 99,8% de las empresas en España son PYMES, creando casi un 75% de los puestos de trabajo, fundamentalmente en el sector servicios.

Las últimas previsiones de la OCDE pronostican una caída del PIB de alrededor de un 3%, lo que está suponiendo un golpe de gracia para el empresariado español, que aún se estaba recuperando de la anterior crisis.

Las medidas adoptadas en aras de evitar una mayor propagación del virus traerán consigo inevitables consecuencias jurídicas en los diferentes ámbitos de la vida de las empresas, desde problemas desde el punto de vista laboral, hasta la imposibilidad de cumplir sus obligaciones contractuales, pasando por la falta de materia prima o, en determinados sectores, inexistencia de suficiente clientela.

Problemas de financiación.-

Una vez retomada la actividad tras el confinamiento muchas empresas se han visto en la obligación de recabar financiación al objeto de  es como poder hacer frente a los pagos comprometidos con empleados, proveedores, entidades financieras y Administraciones.

La línea de avales prevista por el Decreto 8/2020 para garantizar préstamos y renovaciones de las entidades financieras con sus clientes empresarios y destinadas para pagar salarios, facturas, circulante y demás necesidades de liquidez, pueden antojarse del todo insuficientes.

Problemas con los empleados.-

Aunque recientemente se ha aprobado una ampliación de los ERTE por causa mayor, es evidente que esta situación no puede durar indefinidamente. De este modo, las empresas deberán prever e implementar soluciones para afrontar el escenario que se presentará tras la finalización de los ERTE. Algunas de ellas podrán retomar la actividad con cierta normalidad, otras deberán acogerse a Expedientes de Regulación de Empleo.

Problemas con las aseguradoras.-

Parte de los perjuicios ocasionados por terceros o bien que sean reclamados a las empresas se encontrarán cubiertos por las pólizas de seguros. Pero a nadie se le escapa que se darán situaciones en que las compañías tratarán de eludir su responsabilidad. De ahí lo importante de que la empresa se encuentre bien asesorada en materia de seguros, tras haber revisado y cotejado las pólizas contratadas, en cuanto a las coberturas, plazos y forma de comunicación de los siniestros.

Problemas con clientes y proveedores.-

Al igual que en materia de seguros, todos los contratos deberán ser repasados y estudiados de manera exhaustiva, analizando aspectos tales como las causas de vencimiento anticipado, las causas previstas como de fuerza mayor, penalizaciones e indemnizaciones por incumplimiento, retrasos, y la  aplicación de la denominada cláusula «rebus sic stantibus»,  de revisión o desestimiento unilateral del contrato por variación sustancial de las circunstancias con respecto a aquellas en que se perfeccionó el contrato.

Problemas de fiscalidad.-

En el ámbito fiscal, desde hace meses se viene anunciando por el Gobierno de España un paquete de medidas específicas tales como diferir el pago de diversos impuestos, facilidades para obtener de aplazamientos, cambio en el tipo del IVA en determinados sectores y un endurecimiento en el tratamiento de los sujetos pasivos del Impuesto sobre el Patrimonio.

Problemas geopolíticos.-

Pero además, en especial las empresas que se dedican a la importación y exportación y aquellas con intereses comerciales en otros países, tendrán que enfrentarse a riesgos políticos, económicos y de seguridad sanitaria en otros estados. Es el caso de las tensas relaciones entre China y EEUU, o las recomendaciones de muchos países de no viajar o mantener relaciones con otros, por riesgo a una propagación del virus.

Aunque la crisis actual parece no haber afectado al “gigante asiático”, el crecimiento en los mercados emergentes puede resentirse y no ser capaz de absorber las fuerzas laborales, llevando a disturbios sociales, inseguridad, problemas en la sanidad pública y desconfianza en la ciudadanía.

Pero por encima de las preocupaciones relacionadas con la continuidad operativa del negocio, la protección de los empleados y la preservación del mercado, sería conveniente aprovechar esta oportunidad para fortalecer un sector empresarial tradicionalmente muy dependiente de los servicios y del turismo, en evitación de los perniciosos efectos de pandemias y todo tipo de crisis. Aquellas empresas que inviertan en la denominada “resilencia” estratégica, operativa, humana y financiera a toda suerte de riesgos globales se encontrarán en mejor situación de responder a tiempo y recuperar su actividad.

José María Alonso Martín

Abogado

LAS CLAVES DE LA NUEVA LEY DE TELETRABAJO

El gobierno, las empresas y los sindicatos ultiman los flecos de la nueva ley que regulará el teletrabajo en España. El borrador, en cuyo texto han sido introducidas varias modificaciones sobre el presentado al inicio de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, se trata de una prioridad absoluta para el ejecutivo.

La decisión de prestar teletrabajo es absolutamente voluntaria, esto es, nunca puede ser impuesta por la empresa al trabajador, pero, además, esta decisión debe ser reversible tanto para el trabajador como para la empresa. Sin embargo, la nueva regulación no se centrará en las modalidades de implementar esta reversibilidad, dejando este aspecto a lo que dispongan en cada sector los convenios colectivos.


La nueva redacción del borrador no habla del teletrabajo como un derecho del trabajador, aspecto que sigue siendo algo innegociable para las empresas, si bien se faculta a su práctica, siempre que la actividad y el puesto lo permitan.


Una vez más se deja a la negociación colectiva  la posibilidad de que esta opción de trabajo sea o no la prioritaria. Partimos de la base de que existen sectores, tales como la hostelería, la restauración y demás servicios turísticos, donde esta práctica no será posible.

En el nuevo borrador se establece un  porcentaje mínimo del 20 por ciento de la jornada, en un periodo de referencia de tres meses, para que pueda considerarse que el trabajo a distancia obliga a firmar un acuerdo específico sobre teletrabajo. Las empresas, no obstante, consideran actualmente este porcentaje excesivamente bajo, siendo uno de los puntos en que las partes deberán ceder para alcanzar un acuerdo.

La entrega en el plazo de 10 días a los representantes de los trabajadores de la copia básica de los acuerdos de trabajo así como la obligación del empresario de remitir dichas copias básicas a la oficina de empleo es otra de las novedades reseñables del borrador de regulación del teletrabajo.

Estos acuerdos a los que el  borrador hace referencia deberán incluir aspectos tales como el horario y las condiciones de disponibilidad, el inventario del equipamiento necesario para su puesta en práctica, los gastos que pudiera tener el trabajador por prestar el servicio a distancia y la forma y cuantía en que la empresa debe compensar al trabajador.

Otra de las novedades introducidas en el borrador consiste en limitar  la capacidad que los empresarios tienen de controlar y vigilar que los trabajadores a distancia. Dicha capacidad no se prohíbe, pero sí se establece que este control habrá de ser realizado respetando su dignidad y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores con discapacidad para cumplir con sus obligaciones y deberes.

Una cuestión importante a negociar era la flexibilidad del horario de los trabajadores a distancia. La patronal ha hecho hincapié en el desembolso que para muchas empresas supuso la implantación del registro horario hace poco más de un año. El sistema de registro horario deberá reflejar de manera fiel el tiempo de trabajo realizado, incluyendo el momento de inicio y finalización de la jornada, así como los tramos de actividad, en su caso.

No parece que albergue ningún tipo de controversia que el trabajo a distancia se deberá ser compensar e incluso sufragar por parte del empresario. Ello se justifica en que, en muchos casos, el teletrabajo suponía costes y gastos que debía asumir el trabajador, relacionados con suministros, equipos y herramientas vinculados al desarrollo de su actividad laboral. Una vez más, serán los convenios colectivos los que establezcan la forma en que las empresas deben compensar o sufragar dichos gastos.

Los sindicatos ven excesivo el periodo transitorio de 3 años que propone la patronal, para la aplicación de la norma a las relaciones laborales ya reguladas en virtud de acuerdo o de convenio colectivo.


Sin embargo, el borrador viene a aclarar que el resultado de su aplicación no podrá suponer en ningún caso la desaparición o restricción de derechos o condiciones más beneficiosas de que disfrutaran previamente los trabajadores con esta modalidad de prestación de la jornada laboral.

Finalmente, el nuevo borrador excluye de manera expresa al personal laboral de las Administraciones Públicas, cuyo teletrabajo será objeto de regulación en su normativa específica.

José María Alonso Martín

Abogado

UNA LEY CONCURSAL EN PLENA PANDEMIA

La entrada en vigor del texto refundido de la nueva Ley Concursal, documento por lo demás con pocas novedades con respecto a la ley anterior, plantea polémicas por hacerla coincidir con la grave crisis económica ocasionada por la pandemia del COVID-19.

Desde que fue aprobada, allá por 2003, la Ley Concursal ha sido modificada en más de una veintena de ocasiones, provocando graves problemas de índole interpretativo que habían derivado en un serio problema de inseguridad jurídica.

El nuevo texto, dividido en tres libros, aumenta el articulado de la ley, que pasa de 242 artículos a 752, en un intento de sistematizar de manera pormenorizada la amplia casuística existente, siendo fruto del mandato del Parlamento para “refundir, armonizar, clarificar y ordenar” la legislación en materia concursal.

El primer libro se halla compuesto por más de doce títulos, dedicado a los concursos de acreedores, las antiguas suspensiones de pagos.

El segundo libro viene a desarrollar el denominado derecho preconcursal. En él se regulan aspectos tales como las comunicaciones durante el concurso y los acuerdos de financiación.

Finalmente, el libro tercero se centra en las normas de derecho internacional privado.

Expertos en materia concursal denuncian que en la elaboración del estatuto del administrador concursal no se haya contado con la opinión de estos profesionales.

Asimismo, la mayor parte de expertos comparte que la entrada en vigor de la nueva Ley Concursal debería haber esperado por lo menos hasta el comienzo de 2021, no solamente por la caótica situación de las empresas en el contexto económico actual sino por lo difícil que van a tener juzgados y profesionales jurídicos poder asumir la avalancha de casos que planteará la situación de crisis generada por el COVID-19.

José María Alonso Martín

Abogado

¿QUIÉN DEBE DEVOLVER LAS ARRAS, EL VENDEDOR O LA INMOBILIARIA?

Una reciente Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga desentraña una de las más agrias polémicas que han venido planteando los abogados expertos en derecho inmobiliario.

La citada resolución resuelve el recurso de apelación interpuesto por el departamento de derecho inmobiliario de ALONSO & WEBER abogados a la sentencia dictada por el Juzgado de instancia que desestimó inicialmente sus pretensiones de declarar resuelto un contrato de reserva suscrito a través de una agencia inmobiliaria, absolviendo a los vendedores de devolver 6.000 euros correspondientes al duplo de la cantidad entregada para reserva de compraventa de un inmueble.


Frente a dicha sentencia, el equipo de expertos en materia inmobiliaria de ALONSO & WEBER abogados solicitó nuevo examen de las actuaciones al entender que dicha resolución equivocaba el fallo al no haber fundamentado suficientemente el mismo.

Basaba la sentencia de instancia la razón de la desestimación de la demanda en la falta de identidad entre las dos sociedades que firmaron el contrato de reserva con los compradores y el compromiso de venta con los vendedores, respectivamente.

No obstante, dado que la denominación social es prácticamente idéntica y es el mismo administrador de ambas quien firma los dos documentos con la parte compradora y con la parte vendedora, llega a la Audiencia Provincial a la conclusión de que las dos empresas guardan una estrecha relación entre sí. Existe, en consecuencia, legitimación pasiva de los vendedores y son ellos y no la inmobiliaria quienes deben devolver la señal a los compradores.

La cuestión a continuación determinar por el juzgador es si la cantidad a devolver debe ser el duplo o debe ser sólo lo entregado. Pues bien, en el caso previsto de no obtención de la financiación por parte de los compradores, la devolución pactada en el contrato de reserva no era del duplo, sino exclusivamente de la cantidad entregada. Sin embargo, dado que el incumplimiento de los vendedores no se debe sino a un cambio unilateral en las condiciones (la fijación de un precio superior al inicialmente pactado con la inmobiliaria), la sentencia dispone que:

El artículo 1.454 del Código Civil establece que “si hubiese mediado arras o señal en el contrato de compra y venta, podrá rescindirse el contrato resignándose el comprador a perderlas, o el vendedor a devolverlas duplicadas” siendo jurisprudencia reiterada la que señala que para atribuir la condición de penitenciales a las cantidades abonadas como arras, es del todo preciso que la voluntad de los contratantes resulte clara y esté rotundamente expresada en el convenio, es decir, debe hacerse constar la función penitencial de los anticipos entregados, conformando pacto arral al afecto. Y en un análisis de estas causas, y concretamente la fijada en el punto c), de pérdida por el comprador del importe entregado como reserva en concepto de indemnización de daños y perjuicios por no otorgamiento de escritura pública por causas no imputables al vendedor, los contratantes han dado a la reserva el carácter de arras penitenciales, de tal forma que tiene aplicación el art. citado 1.454 CC y, dado que la causa de que no se haya llevado a cabo la compraventa ha sido por resolución unilateral del vendedor, éste deberá devolver el duplo de la reserva.

El fallo de la sentencia de la Audiencia Provincial condena a los demandados a satisfacer a los actores la cantidad de 6.000 euros, más los intereses legales correspondientes devengados desde la fecha de interposición de la demanda.

La sentencia, en definitiva, ha dado por correcta, de inicio a fin, la argumentación jurídica realizada en el escrito de recurso por el equipo de ALONSO & WEBER abogados.

José María Alonso Martín

Abogado