La declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo dio lugar al establecimiento de una serie de medidas urgentes y excepcionales, en el ámbito social, laboral y económico. Pero, ¿qué sucede con el cumplimiento de los contratos firmados con anterioridad a la emergencia sanitaria? ¿deben cumplirse las obligaciones contractuales a pesar de concurrir situaciones extraordinarias sobrevenidas? ¿puede exigirse a particulares y empresas el cumplimiento de los contratos durante el estado de alarma?
Lo primero a lo que debemos estar es al contenido del contrato y, una vez examinado, habrá de comprobarse si son de aplicación la excepción de fuerza mayor y la cláusula rebus sic stantibus.
La fuerza mayor se encuentra definida como aquella circunstancia imprevisible que se traduce en una modificación de las condiciones contractuales, llevando a la imposibilidad de su cumplimiento.
La consecuencia de la existencia de fuerza mayor no es otra que la producción de una situación de desequilibrio entre los contratantes.
Para el caso en que no fuera posible la consideración de fuerza mayor, en muchos supuestos sería sin embargo aplicable el principio rebus sic stantibus que permite la modificación de los términos de la relación contractual por un cambio imprevisible en las circunstancias.
No debe olvidarse que, además de los referidos, en materia de contratación son tenidos en cuenta otros dos principios: el principio de la autonomía de la voluntad y el llamado pacta sunt servanda.
El primero de ellos, también conocido como libertad contractual, supone reconocer el poder de ambas partes de la autorregulación de sus propios objetivos e intereses, con la única exigencia de la observancia de la ley, el orden público y la moral.
El principio pacta sunt servanda equivale a entender que el contenido del contrato obliga a ambas partes, debiendo ser escrupulosamente cumplido de conformidad con su clausulado.
En cualquier caso, la aplicación del principio rebus sic stantibus en el contexto actual vendrá sujeta a la concurrencia de los siguientes requisitos:
- Alteración extraordinaria de las circunstancias al cumplimiento del contrato, en relación con aquellas otras que concurrieron en el momento de su celebración. Se entiende este requisitos como el acaecimiento de un cambio en la denominada fase fáctica del contrato, esto es, que los hechos son ahora diferentes a los de la firma del contrato.
- Desequilibrio entre las prestaciones de las partes. Se considera que dicho desequilibrio debe ser desorbitante, lo que supone que debe frustrar la finalidad del contrato. El cambio en las circunstancias debe dar lugar a un desequilibrio entre las partes y las obligaciones asumidas por las mismas.
- Circunstancias radicalmente imprevisibles. Para la consideración de una circunstancia imprevisible será preciso que no sea achacable a la parte perjudicada, es decir, que obedezca a una circunstancia que no fue causada por quien manifiesta no poder cumplir.
- Carencia de otra vía de reequilibrio. Así las cosas, la cláusula rebus sic stantibusse aplicará únicamente en defecto de otro remedio que posibilite reequilibrar el desequilibrio ocasionado en la relación contractual.
En cualquier caso, para analizar si cabe aplicar este principio, habremos de acudir a un abogado especializado, que procederá al análisis de las circunstancias desde dos vertientes, esto es, dependiendo de si actuamos como proveedores de bienes o servicios o bien si lo hacemos como perceptores de los mismos. En el primero de los casos, la modificación de las circunstancias fácticas ha de imposibilitar la prestación del servicio o la entrega del producto en cuestión. En el segundo supuesto el contratante, quien venía inicialmente obligado a abonar el servicio o bien recibido, ve como las circunstancias concurrentes impiden que pueda atender al pago.
Además de lo anterior, en el análisis del cambio en las condiciones habrá de estarse a dos factores:
- El contenido de los contratos, pues puede que se haya previsto la concurrencia de este tipo de acontecimientos.
- Las circunstancias geográficas, temporales, personales, etc.
Sea como fuere resulta altamente recomendable que, una vez se constate la imposibilidad de cumplimiento, se comunique esta circunstancia a la otra parte, debiendo hacerse de manera fehaciente. En dicha comunicación deberán explicarse y acreditarse en qué consisten las modificaciones que dificultan o impiden el cumplimiento del contrato. Solamente si no se consigue alcanzar un acuerdo amistoso, deberá acudirse a la vía judicial, siendo los juzgados quienes aprecien si concurren los elementos de la fuerza mayor y si la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus permite que puedan ser moduladas las obligaciones contractuales.
José María Alonso Martín
Abogado
