La compra de un inmueble supone necesariamente conocer cuáles son los gastos que conlleva. Entre ellos resulta imprescindible saber los impuestos que se van a pagar, tanto por el otorgamiento de la compraventa, como por la titularidad del inmueble.
¿Qué impuestos se pagan con la compra de un inmueble?
En la compraventa de una finca se liquidan necesariamente alguno de estos impuestos: el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) o el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).
El IVA es un impuesto neutro,esto es, normalmente permite al que lo paga repercutirlo posteriormente, salvo cuando el comprador sea el consumidor final. Por tanto, para la operación de compraventa de un bien inmueble es crucial tener en cuenta que, si se compra directamente al promotor, deberá pagarse el precio incrementado en un 10%.
El Impuesto de Transmisiones Patrimoniales es un impuesto que, una vez liquidado, no se puede repercutir. En Andalucía, con carácter general, el tipo del impuesto es de un 8 %.
¿Qué impuestos se pagan por ser propietario?
El impuesto que debe pagarse por la titularidad de un bien inmueble, es de índole municipal y recibe el nombre de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). El Impuesto de Bienes Inmuebles es un impuesto que se paga anualmente dependiendo su cuota del Valor Catastral que tenga la finca.
Por tanto, tiene que ser considerado como un coste inevitable que hay que asumir cada año.
Para conocer el importe del IBI basta con revisar los recibos de este impuesto del último año, teniendo en cuenta que es más que previsible que sea algo superior, pues éste suele actualizarse anualmente.
¿Se debe declarar siempre la propiedad de un inmueble en el IRPF?
Al igual que en el caso del IBI, el propietario ve cómo se grava la propiedad de un inmueble en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a través de las denominadas rentas inmobiliarias.
Tienen la consideración de rentas inmobiliarias aquellas que el contribuyente debe incluir en la base imponible de este impuesto por ser propietario o titular de un derecho real de disfrute sobre determinados bienes inmuebles urbanos.
Cuando un inmueble se adquiere en el transcurso de un ejercicio o haya estado arrendado o afecto a una actividad económica durante parte de un año, la renta imputable será la que proporcionalmente corresponda al número de días comprendidos en dicho período.
¿Cómo se debe valorar un bien inmueble?
La valoración a efectos fiscales de un inmueble, la cual viene calculada a partir de su valor catastral, determinará el valor mínimo por el que se podrá declarar la compraventa de la finca. Por tanto, definirá el valor mínimo a pagar por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que se traduce en que en ningún caso cabrá valorar un inmueble por debajo de su valor fiscal.
Si se comprueba que el valor fiscal del inmueble es superior al real de la compraventa, se deberá entonces realizarse una tasación contradictoria para justificar que el valor que le adjudica la Administración Tributaria es desproporcionado. De esto modo, podrá establecerse un valor fiscal acorde con el valor real del inmueble.
En cualquier caso, antes de comprar un inmueble, resulta imprescindible contar con asesoramiento especializado jurídico y fiscal.
Tras su aprobación definitiva por el Pleno del Congreso, la denominada Ley de eutanasia y suicidio asistido regula la llamada eutanasia activa. Como establece la exposición de motivos de la ley, ésta “es la acción por la que un profesional sanitario pone fin a la vida de un paciente de manera deliberada y a petición de este, cuando se produce dentro de un contexto eutanásico por causa de padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable”.
Para solicitar la eutanasia es preciso “tener la nacionalidad española o residencia legal en España o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses, tener mayoría de edad y ser capaz y consciente en el momento de la solicitud”.
Si la persona no cumple el requisito consciencia, se le puede aplicar la ley siempre y cuando haya “suscrito con anterioridad un documento de instrucciones, testamento vital, voluntades anticipadas o documentos equivalentes legalmente reconocidos”.
Por lo que se refiere al proceso, tras una primera solicitud del paciente, el médico responsable deberá deliberar “sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita”.
El paciente, una vez informado, deberá confirmar su intención. Tras esta segunda solicitud debe celebrarse una nueva reunión entre médico y paciente, con el objeto de asegurarse de que el paciente es conocedor de lo que solicita.
En definitiva, el paciente debe confirmar su voluntad en cuatro ocasiones y todas y cada una de ellas deben reflejarse en su historial médico.
Este proceso tendrá un periodo inicial de 15 días entre la primera y segunda solicitud del paciente. Durante las siguientes 24 horas el médico responsable consultará a un especialista, quien tendrá hasta 10 días para contestar. Tres días más tarde entra en escena la llamada comisión de garantías. Ésta podrá tardar dos días más en nombrar a los expertos encargados de la evaluación la petición, y éstos, a su vez, tendrán otros siete días para decidir y dos días más para efectuar la comunicación de su resolución al presidente de la comisión. En caso de ser positiva, el presidente de la comisión dará traslado al médico responsable, que la llevará a cabo “con el máximo cuidado y profesionalidad”. En definitiva, el plazo máximo para que se lleve a cabo la eutanasia será de 40 días, a partir de formular la primera solicitud.
Los profesionales sanitarios que se encuentren directamente implicados en la prestación de ayuda para morir podrán ejercer su derecho a la objeción de conciencia”, según refiere la ley, debiendo manifestar esta voluntad “anticipadamente y por escrito”.
La Organización Médica Colegial, al igual que la Iglesia católica y el Comité Español de Bioética se han mostrado claramente contrarias a la entrada en vigor de esta ley. Por lo que respecta a las asociaciones de paciente no han mostrado una postura definida. Sin embargo, el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas ha criticado abiertamente que pueda permitirse la eutanasia a personas que sufran “discapacidad grave”, pues el texto de la ley habla únicamente del “sufrimiento intolerable que pueda causar una situación imposibilitante”.
Durante la crisis financiera de 2008 quedaron en evidencia las muchas carencias que la Ley Concursal tenía para enfrentarse a los problemas planteados por empresas y particulares que acreditaban la imposibilidad de afrontar sus deudas. Estas carencias intentaron ser suplidas por numerosas reformas llevadas a cabo a golpe de Real Decreto, impulsadas muchas de ellas por el Ministerio de Economía.
En este contexto nace la Ley de la Segunda Oportunidad, regulada por Real Decreto Ley 1/2015 y que cuenta en total con 58 normas.
El mecanismo de la segunda oportunidad no es sino el recurso legal que ofrece a particulares y autónomos la posibilidad de una renegociación de sus deudas, que incluso puede llegar en algunos casos a su condonación total, cuando se evidencie que no es posible hacer frente a su pago.
Dos son los mecanismos implementados por la Ley de Segunda Oportunidad.
La exoneración de deudas.–
Se trata de la posibilidad de eludir determinadas deudas. Este beneficio puede afectar tanto a los créditos ordinarios como subordinados, incluyendo también los créditos hipotecarios. Únicamente pueden acogerse aquellos deudores en relación con créditos que no estén protegidos por la ley.
El acuerdo extrajudicial de pagos.-
Con dicho acuerdo se pretende reestructurar ladeuda en un plazo de cinco años como máximo. Permitirá introducir quitas y esperas en las deudas.
Los deudores que deseen acogerse a este proceso deberán cumplir con los requisitos establecidos, demostrando que actúan con buena fe. Entre ellos destacan:
Que intente alcanzar un acuerdo extrajudicial antes de solicitar el concurso de acreedores.
Que no haya sido declarado culpable en este tipo de solicitud de concurso.
Que se demuestre al juez que su insolvencia no ha sido provocada por el empresario, mediante administración desleal.
Que no haya sido beneficiario de esta Ley de Segunda Oportunidad diez años antes de solicitar este concurso.
Que no haya sido condenado por delitos económicos, contra el patrimonio, Hacienda Pública, derechos de trabajadores, Seguridad Social o falsedad documental.
Que rechace ofertas de puestos de trabajo cuatro años antes de la solicitud.
Igualmente habrá de tenerse en cuenta el pasado del deudor insolvente para verificar su historial crediticio. Así, no podrán acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad aquellos deudores que hayan sido considerados “malos pagadores”.
El plan de pagos que se acuerde en un proceso de Segunda Oportunidad tiene una eficacia que puede extenderse a lo largo de los próximos cinco años. Si además se solicita el beneficio de exoneración de deudas, el deudor no podrá volver a solicitarlo durante los diez años siguientes.
Como señalamos anteriormente, se exigirá que el deudor no hubiese sido declarado culpable de delitos de contenido económico y/o social. Estos delitos se encuentran regulados en los artículos 234 y siguientes del Código Penal y entre ellos están:
Los delitos socioeconómicos y contra el patrimonio: hurtos, robos, extorsiones, usurpaciones o robos, hurtos de uso de vehículos, defraudaciones, frustraciones de ejecuciones, insolvencias punibles y alteraciones de precios en concursos y subastas públicas.
Los delitos contra los derechos de los trabajadores: conductas graves que hayan perjudicado, suprimido o restringido derechos laborales o de la Seguridad Social. También se incluyen aquí los incumplimientos en materia de extranjería y de tráfico ilegal de mano de obra.
Los delitos de falsedad documental: falsificación de documentos públicos, privados, certificados e incluso tarjetas de débito y crédito.
En la actualidad, según se ha filtrado a los medios de comunicación, el Gobierno se está planteando seriamente aprobar una norma que permita condonar las deudas que empresas y autónomos hayan contraído con Hacienda y Seguridad Social, siempre que hayan sido declarados insolventes.
Esto significa que muchos autónomos afectados por la crisis económica actual podrían quedar exentos de afrontar sus deudas con Hacienda y Seguridad Social en caso de que su negocio sea insolvente sin tener que acudir a los órganos jurisdiccionales, como está sucediendo en la actualidad y que está demostrando que los juzgados están dando la razón a los autónomos en la mayoría de los casos.
El Gobierno está negociando una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad en la que se abriría una puerta a condonar las deudas públicas tras la declaración del concurso de acreedores.
La crisis económica ocasionada a raíz de la pandemia ha incrementado considerablemente los procesos judiciales solicitando la condonación de las deudas públicas, lo que además de estar provocando serios colapsos en los juzgados, ha llevado al Ejecutivo a iniciar los trabajos para implementar la exoneración de estas deudas con la Administración en la Ley de Segunda Oportunidad, que en su redacción original no contemplaba esta posibilidad.
De llevarse finalmente a efecto, muchos autónomos evitarían el trámite de tener que pasar por el juzgado para ser exonerados de las deudas que no pueden pagar.
Las sucesivas prórrogas del estado de alarma y la prohibición expresa de reunirse con no convivientes a partir de cierto aforo ha llevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a intervenir accediendo a inmuebles donde se celebraban fiestas que vulneraban las prohibiciones impuestas por el Gobierno y las Comunidades Autónomas.
Pero esta situación nos lleva a plantearnos la pregunta de si dichas intervenciones son legales si no media consentimiento ni orden judicial.
En particular, el artículo 16.1 establece que “en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos:
a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.
b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”.
El artículo 16.5 dispone asimismo:
“En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley”.
El debate está planteado al ponerse en el otro extremo de la balanza un derecho fundamental como es el recogido en el artículo 18 de la Constitución Española, y que consagra la inviolabilidad del domicilio, la cual no puede ser suspendida durante el estado de alarma, únicamente en caso de estado de excepción o de estado de sitio (art. 11 de la Ley 4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio).
Sobre lo alegado por los agentes de la autoridad, en relación con que los ocupantes de estos inmuebles cometen un delito de desobediencia al negarse a abrir a la autoridad, cabe reseñar que dicha actuación de entrada y registro en el domicilio se encontraría únicamente justificada en el caso de comisión de un delito flagrante.
En ningún caso una infracción administrativa, como es el caso, legitimaría la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en estos casos.
Esto es, sin una orden judicial los agentes no podrán acceder a la vivienda, y en caso de hacerlo, los hechos podrían llegar a ser tipificados como allanamiento de morada, al no haberse recabado del propietario o del inquilino el consentimiento necesario.
El año 2020 ha supuesto para los empresarios, además de los consabidas modificaciones normativas en los ámbitos laboral y fiscal, un importante cambio regulatorio del concurso de acreedores. Dichos cambios se han producido especialmente tras la declaración del estado de alarma que fue acordada en virtud del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, y fundamentalmente a través del Real Decreto Ley 16/2020 del 28 de abril, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de justicia y por la Ley 3/2020, del 18 de septiembre de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, pero también a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2020 del 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.
¿Qué es el concurso de acreedores?
El concurso de acreedores de define como un instrumento que toda empresa tiene para solventar una situación económica extraordinaria y de crisis. En particular, una empresa puede solicitar la declaración de concurso de acreedores cuando constata que no tiene liquidez suficiente para cumplir sus obligaciones. Es un procedimiento, por lo tanto, estrechamente relacionado con la falta de solvencia de las empresas.
La Ley Concursal 22/2003 del 9 de julio del 2003 contempla que sólo se someterán a concurso de acreedores aquellas empresas que “no pueden cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”.
¿Cuál es la situación actual?
En este escenario el número de concursos de acreedores presentados desde marzo de 2020 se ha incrementado exponencialmente. El tercer trimestre de 2020 registró un incremento superior al 50%, llegando a las 1.678 solicitudes de concurso voluntario.
Si es usted empresario y ha remado contracorriente durante este último año sin poder alcanzar la orilla, quizá sea el momento de plantear un concurso de acreedores con el objeto de organizar los pagos y dar ciertos visos de esperanza a la viabilidad de su empresa en el futuro.
¿Qué pasos dar?
1) Compruebe la insolvencia de su empresa
El primer paso consiste en constatar si la empresa se halla ya en situación de insolvencia. Si es así, resulta urgente iniciar el proceso de solicitud de concurso voluntario. Pero también puede ser que la empresa haya podido afrontar sus obligaciones hasta esta fecha y no sea previsible que lo siga haciendo en el futuro. En dicho caso nos encontraríamos en una situación de riesgo inminente de insolvencia. Elconocimiento es, por así decirlo, el elemento que da inicio al procedimiento, aunque no se haya hecho de manera formal. Este formalismo consiste en la notificación al juzgado de lo mercantil. El plazo para hacerlo es de dos meses desde el conocimiento de la insolvencia o del riesgo inminente de la misma. De no iniciarse la tramitación en este periodo, el empresario incurriría en falta de diligencia, con sus correspondientes consecuencias en la vía civil y penal.
2) Presente la declaración de concurso
Como ya hemos expuesto, la competencia en este ámbito la tienen los juzgados de lo mercantil, por lo que la solicitud de concurso deberá presentarse ante la oficina de reparto del juzgado de lo mercantil de la provincia donde la sociedad tenga su domicilio. La presentación no puede hacerla el empresario directamente, debiendo designar para ello a abogado y procurador.
3) Nombramiento de administración concursal
La entrada de la administración concursal supondrá inmediatamente el cese de los gestores de la empresa. El administrador concursal es nombrado por el juez y sus funciones fundamentales son las de proceder al inventario de la empresa, al estudio de la situación de la misma y realizar una propuesta de plan de pagos que incluirá un calendario de pagos que tenga como finalidad que la empresa siga desarrollando su actividad, mediante un proceso monitorizado y donde la prioridad de atender a los pagos; y una liquidación de la sociedad de manera ordenada, en la que deberán incluirse quitas.
4) Terminación del concurso
El concurso finaliza con la liquidación de la sociedad o bien con la vuelta de los antiguos gestores a la administración ordinaria. En cualquier caso, deberá garantizarse el pago a los acreedores. Una vez que el juez haya dado por finalizado el concurso de acreedores la empresa podrá operar con plena libertad del mismo modo que lo hacía antes de solicitar el concurso.
En definitiva, el concurso de acreedores no es sinónimo de bancarrota y cierre de la empresa, sino un procedimiento que prima el cobro de los acreedores y la viabilidad de la actividad una vez atendidos los pagos. Sí resulta importante entender por parte de la empresa que se trata de una operación de extraordinaria complejidad y dedicación, que requiere el asesoramiento de abogados y economistas especialistas en derecho mercantil.
La sentencia dictada en fecha 24 de septiembre de 2020 por el Juzgado de primera instancia 102 de Madrid ha sido ratificada por la Audiencia Provincial en sentencia de 18 de febrero de 2021, tras desestimarse el recurso de apelación interpuesto a instancias de Carrefour EFC SAU, obligando en consecuencia a retirar la cláusula de interés remuneratorio por considerarse abusiva.
¿Qué resuelve la sentencia?
La cláusula en cuestión, que establecía un 21.99% TAE en un contrato de tarjeta de crédito revolving ha sido declarada nula por falta de transparencia.
La citada resolución judicial hace referencia la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2021, que recuerda la exigencia de control de incorporación en toda clase de contratos y de transparencia reforzada en la contratación con consumidores.
Por otro lado, se recuerda que la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 admite el control de transparencia de las cláusulas relativas al interés remuneratorio, crédito revolving, por tratarse de una condición general impuesta, presupuesto fáctico concurrente en el presente caso por tener la demandante en la relación jurídica analizada la consideración de consumidora.
En este caso concreto, se indica un interés TIN 20.04% (TAE 21.99%), un contenido que no permitiría conocer ni el alcance real de los efectos económicos en la aplicación del interés retributivo pactado, ni la información sobre la proporción de pago de amortización de capital y de los intereses, no habiendo podido ser comprensible durante la simple lectura por parte del consumidor y sin que constara que se facilitara en este caso concreto a la cliente información clara y suficiente para que pudiera tener conocimiento de cuáles serían las consecuencias económicas del pacto.
¿Por qué la cláusula es abusiva?
En este punto, la resolución remarca que la carga económica de este tipo de contratos de tarjetas revolving, concepto éste del que tienen que informar adecuadamente desde el propio banco o entidad, viene determinada por tres elementos: capitalización de intereses de la operación, variabilidad del límite de crédito que permite el incremento de la deuda y mínima cuota de amortización que prolonga el crédito de una forma casi indefinida.
En particular, la sentencia establece:
La cláusula 8.2 del contrato, con el título Modalidad Crédito, indica interés del 20,04% anual (TAE 21,99%), contenido que no permite conocer el alcance real de los efectos económicos en la aplicación del interés retributivo pactado, por las circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, señaladas por la STS de 4 de marzo de 2020 al establecer “….y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muyelevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio…..”, información sobre proporción de pago de amortización de capital y de intereses no inferible de la simple lectura por contratante consumidor, sin que conste fuera facilitada a la demandante información clara y suficiente para tener conocimiento de las consecuencias económicas pactadas.
Las razones expresadas llevan a desestimar el recurso de apelación y a confirmar íntegramente la resolución recurrida.
¿Qué supone la sentencia?
Esta resolución supone un espaldarazo sin precedentes en las pretensiones de miles de clientes de Carrefour, atrapados con esta tarjeta de crédito que, comercializada usando como gancho descuentos en la compra de productos, era ofrecida en muchos casos por las mismas dependientas de caja, profesional sin la cualificación suficiente para explicar las características y consecuencias de la contratación de la tarjeta Pass de Carrefour.
¿Cómo reclamar?
En resumen, todos quienes contrataron esta tarjeta con Carrefour podrán solicitar la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio y, en consecuencia, reclamar la devolución de las cantidades indebidamente abonadas como consecuencia de la imposición de dicha cláusula.
Es recomendable solicitar mediante escrito dirigido a Carrefour EFC SAU la retirada de la cláusula. De no atender la financiera a la solicitud, será preciso presentar demanda de juicio declarativo, junto con el contrato de la tarjeta y el extracto de los pagos realizados con la misma. Para ello deberán ponerse en manos de abogados especializados en derecho bancario.
Desde 2007 la ley permite en España el cambio de género en el Registro Civil. Estas son las claves de la normativa actual y de la que está por venir.
El borrador de la que ha venido a denominarse “Ley Trans”, cuyo preparación ha sido filtrada por el Ministerio de Igualdad, sin contar con el consenso del resto del Consejo de Ministros, permitirá, entre otras cuestiones, el cambio de sexo a los 16 años sin necesidad de consentimiento de los padres, ni de un informe ni de tratamiento médico alguno.
Esta inminente novedad legislativa nos lleva a recordar cuál es el tratamiento que el Registro Civil viene dando al cambio de género desde hace más de una década.
En efecto, ya desde el año 2007 es posible la rectificación en el Registro Civil de los datos relativos al sexo de una persona, del mismo modo que sucede cuando se desea cambiar de nombre, del orden de los apellidos o de la documentación que acredite la identidad de la persona que lo solicita, siendo necesario seguir un procedimiento con determinadas garantías.
Así, aquellos españoles mayores de edad que deseen cambiar su género en el Registro Civil, pueden hacerlo sin demasiados problemas. La principal novedad introducida en 2007, fue la eliminación de uno de los requisitos más polémicos vigente hasta aquella fecha, y era la de la necesidad de se hubiese practicado un cambio de sexo mediante una intervención quirúrgica.
Para poder realizar los trámites para la modificación de género en el Registro Civil, será preciso dirigirse a una sede del Registro Civil del domicilio donde el interesado se encuentre empadronado. No es preciso hacerlo de forma presencial, pues en la actualidad puede iniciarse el expediente de forma telemática o por correo. Además de formalizar la solicitud correspondiente, habrá que hacer constar el nombre y apellidos actual, el número de DNI, domicilio actual y a efectos de notificaciones, la explicación de los hechos que motivan la petición de cambio de género y el nuevo nombre que se solicita para la nueva identidad, en consonancia con el género cuya rectificación se pide.
Además de los documentos identificativos y datos mencionados, será necesario recabar la siguiente documentación adicional:
Certificado de empadronamiento.
Certificado literal de nacimiento.
Fotocopia del DNI.
Informe médico o psicológico, donde se habrá de hacer constar que existe una disonancia entre el género que aparece en el Registro Civil y la identidad de género.
Informe médico de tratamiento, acreditando que ha habido un tratamiento médico –no necesariamente quirúrgico- durante al menos dos años dirigido a la modificación del género. Para el caso de que existan razones de salud o de edad que hagan imposible dicho tratamiento, será necesario aportar certificado médico indicando esta circunstancia.
Tras la presentación de toda la documentación al expediente, el Registro Civil procederá a modificar los datos del solicitante, y con el correspondiente certificado será posible cambiar los datos en toda la documentación oficial: DNI, pasaporte, carnet de conducir, tarjeta sanitaria, títulos académicos, etc., si bien será preciso solicitarlo a cada uno de los organismos y administraciones competentes.
En el caso de los menores no existe en la actualidad ninguna legislación que autorice este cambio, de ahí la propuesta realizada por el Ministerio de Igualdad.
Lo cierto es que, aunque desde octubre de 2018 ya es posible realizar el cambio de nombre en consonancia con el género, es necesario que el menor, a través de sus padres, indique su voluntad de cambiar su nombre sin necesidad de aportar ningún informe. Debemos hacer hincapié en que se trata únicamente de un cambio de nombre, el cambio de género en el Registro Civil, queda en estos casos aplazado hasta que el interesado alcance la mayoría de edad y pueda acogerse entonces al procedimiento introducido por la Ley 3/2007.
El borrador de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans redactado por el Ministerio de Igualdad contempla queel cambio de sexo en el Registro Civil pueda realizarse sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y los 16 con consentimiento de padres o tutores.
Según el texto que se ha filtrado a algunos medios, a partir de los 16 años bastaría con la declaración expresa de la persona interesada, sin necesidad de tratamiento hormonal como venía siendo requerido hasta ahora. Entre los 12 y los 16 años el cambio será posible con el mero consentimiento de los padres.
El año 2021 se inicia entre las esperanzas del control de la pandemia y de la estabilización de la economía. En este contexto, son varias las novedades legislativas que verán la luz a lo largo de este recién estrenado año. A continuación apuntamos los aspectos más importantes de algunas de ellas.
Normativa europea para el uso de drones
Desde el 1 de enero de 2021 pilotar un dron no está permitido sin contar con formación específica.
Será preciso contar con una licencia RPAS (para pilotaje de aeronaves civiles) y encontrarse de alta como operador en la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
Hasta ahora pilotar un dron de forma recreativa no era preciso contar con ningún tipo de licencia, únicamente respetar las limitaciones espaciales establecidas por AESA para este tipo de aeronaves.
A partir de ahora todos los operadores de drones, tanto de uso recreativo como profesional, habrán de estar registrado en la AESA a través de la sede electrónica en una nueva aplicación disponible desde el pasado 31 de diciembre de 2020.
La nueva normativa viene a implantar tres nuevas categorías en cuanto a las restricciones para el vuelo de este tipo de aeronaves. A saber:
– Categoría abierta: Vuelos de bajo riesgo operados por pilotos aficionados.
– Categoría específica: Vuelos de riesgo medio con la preceptiva autorización.
– Categoría certificada: Vuelos de alto riesgo, en los que el piloto deberá encontrarse certificado como operador.
Prohibición de los números 901 y 902
El Ministerio de Consumo oficializará la prohibición la tarifación especial a través de los prefijos 901 y 902, los cuales tenían un coste superior a la media, mediante la publicación en el BOE de la correspondiente Ley en fecha 23 de diciembre de 2020.
Además la Ley viene a escuchar la vieja reivindicación de, entre otras, la organización de consumidores Facua, que ha defendido desde el principio que las empresas que habrían de disponer de números de teléfono gratuitos para sus clientes en sectores como los de la electricidad, el agua, el gas, los servicios financieros y los seguros. Estos números deberán exigirse a partir de este año a las empresas que presten estos servicios.
Economía colaborativa con IVA
Desde que Hacienda detectara el agujero en la recaudación del IVA provocado por los negocios que comercializaban servicios o productos a través de internet, se viene trabajando en la implementación de un impuesto en función de quien preste el servicio y quien lo contrate.
Así, se tendría que aplicar a la factura el IVA vigente en el país de residencia del cliente final y no, como se venía haciendo hasta ahora, esto es, el IVA del país de origen.
La reforma del IVA digital estaba prevista para enero de 2021. Sin embargo, la complejidad del momento económico actual ha hecho que su entrada en vigor se haya retrasado a julio de este año.
El lugar de tributación en materia de IVA para servicios digitales será el país de destino. Las ventas de comercio electrónico tributarán en origen cuando el comprador sea un particular, lo que significa que las operaciones que se efectúen desde España y que tengan como destino un país comunitario llevarán IVA español siempre que el adquiriente sea una persona física que no sea sujeto pasivo del impuesto.
La última y quizá mayor novedad de esta reforma es que la responsabilidad de recaudar el IVA de terceras empresas recaerá en las plataformas digitales quienes deberán realizar el ingreso a la administración tributaria del dinero recaudado.
IRPF de residentes y no residentes
A partir de este año quien adquiera un bien a título gratuito por causa de muerte, a través de un contrato o pacto sucesorio, que transmita dicho bien antes del fallecimiento del causante de los bienes adquiridos se subrogará en la posición de este último.
Por otro lado, la obligación de suministrar información sobre los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales.
En las rentas superiores a los 300.000€ que integren la Base liquidable general, se incrementará en 2 puntos el tipo aplicable, con lo que pasará del 48% al 50% de gravamen.
En cuanto a la Renta de los no residentes, la escala aplicable a los trabajadores desplazados se aumenta en 2 puntos el tipo de gravamen aplicable a la Base liquidable a partir de los 600.001 €, pasando de este modo del 45% al 47 % de gravamen.
En la base liquidable de ahorro a partir de 200.000€ (dividendos, intereses, ganancias patrimoniales, etc.) se incrementará en 3 puntos el tipo aplicable, esto es, del 23% al 26% de gravamen.
Impuesto sobre sociedades de no residentes
La mayor novedad reside en la implantación del llamado impuesto de salida o “exit tax”. La función de este tributo es que cuando un contribuyente traslade sus activos o su residencia fiscal fuera de la jurisdicción fiscal del Estado, dicho Estado grave el valor económico de la plusvalía creada en su territorio y ello aun en el caso de que la plusvalía todavía no se haya realizado en el momento en que se produzca la salida.
Aunque nuestra Ley sobre Impuesto sobre Sociedades ya tiene tratamiento fiscal en el caso de cambio de residencia, también se van a operar una serie de importantes modificaciones. Así, en el caso de que el cambio de residencia se hubiese realizado a otro Estado miembro de la Unión Europea, se establecía un aplazamiento del pago del impuesto de salida.
Tras la reforma se prevé el derecho del contribuyente al fraccionamiento del pago del impuesto de salida a lo largo de cinco años, cuando el cambio de residencia se efectúe a otro Estado Miembro o un tercer país que sea parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
Se introduce un nuevo supuesto previsto de generación de “exit tax” para el caso de que se produzca un traslado, y no de un elemento aislado sino de la actividad.
Plan de igualdad para empresas con más de 100 trabajadores
El plazo para que las empresas de más de 100 y hasta 150 trabajadorestengan realizado y aprobado el Plan de Igualdad finaliza el mes de marzo de 2021.
Son dos los objetivos que se persiguen con este plan:
Garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral.
Detectar situaciones de desigualdad hasta ahora inadvertidas.
La sanción para caso de incumplimiento de estas medidas iría de los 626 y a los 6.250 euros de multa.
Los Planes de Igualdad contarán con un periodo transitorio de implantación, concretamente hasta el mes de marzo de 2022, dependiendo su aprobación y aplicación del número de personas trabajadoras en la empresa de que se trate.
Al mismo tiempo, y como consecuencia de lo anterior, habremos de estar atentos a la reacción que se produzca en los convenios colectivos en cuanto a igualdad salarial entre trabajadores y trabajadoras.
Desde que el 2 de octubre de 2020 Dentix presentara solicitud de concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado número 2 de lo Mercantil de Madrid, se ha ido produciendo el paulatino cierre de todos los centros a lo largo y ancho del territorio español, en la mayoría de casos sin ofrecer la más mínima explicación a sus clientes. El pasado 3 de diciembre de 2020 se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el edicto de fecha 30 de noviembre que dispone que la sociedad seguirá conservando sus facultades de administración y disposición de su patrimonio y que todos los acreedores deberán personarse en el procedimiento a través de Abogado y Procurador.
En la actualidad las Comunidades Autónomas están a la espera de que el Ministerio de Consumo distribuya la nota informativa en la que, según se les comunicó en su día a las diferentes áreas de consumo de las administraciones autonómicas, trabaja desde hace semanas.
¿Cómo iniciar la reclamación?
Con el objeto de proceder a la defensa de sus derechos y a reclamar la devolución de las cantidades abonadas tras la interrupción de la prestación del servicio, los usuarios afectados podrán acudir a la vía extrajudicial mediante una comunicación escrita, la cual deberá ser remitida bien directamente a la empresa, o bien utilizando para ello el Servicio de Consumo.
Simultáneamente deberásolicitarse a la entidad bancaria con la que se haya obtenido financiación que deje de realizar los cobros, siendo recomendable para ello adjuntar la reclamación realizada ante la clínica dental, y la acreditación de que los servicios no se han prestado.
En todo caso resulta imprescindible que toda reclamación se realice por algún medio que permita dejar constancia de que se ha remitido y recibido (correo electrónico, correo postal certificado con acuse de recibo o burofax con certificación de texto). Se desaconsejan expresamente realizar gestiones telefónicas.
Si la entidad financiera continúa cobrando la deuda, cabría acudir al Servicio Provincial de Consumo y, de manera alternativa, si ha transcurrido un mes desde la fecha de la solicitud, y pese a que su resolución no sea vinculante, cabrá presentar reclamación ante los servicios de reclamaciones del Banco de España.
El siguiente paso, conociendo la declaración del concurso de acreedores, es recurrir a la vía judicial para personarse en el procedimiento abierto, mediante designación de Abogado y Procurador.
¿Qué documentación es necesaria?
Para el inicio de la reclamación resulta necesario que los afectados recopilen:
– Contrato de servicios suscrito con la clínica dental.
– Presupuesto desglosado del tratamiento contratado.
– Facturas y justificantes de los pagos realizados directamente a la clínica.
– Si se ha obtenido financiación, contrato del crédito concedido y certificado bancario de las cantidades abonadas.
– Historial clínico detallando la parte del tratamiento realizado y no realizado.
– Pruebas diagnósticas.
– Publicidad y folletos distribuidos por la empresa en su caso.
– Comunicaciones escritas con la clínica dental remitidas y recibidas.
En cualquier caso, todas las autoridades de consumo recomiendan acudir a plataformas de afectados y siempre contar con el asesoramiento de profesionales de la abogacía especializados en este tipo de reclamaciones.
Las primeras sentencias emitidas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo rechazan la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer sanciones.
Meses después de que se impusieran en pleno confinamiento tras la decretar el Gobierno el estado de alarma, los jueces están dictando resoluciones que revocan las sanciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impusieron a quienes no respetaban la limitación de movimientos en las primeras semanas del estado de alarma.
La razón es que ni el Real Decreto 463/2020, que instauró el estado de alarma, ni la ley orgánica 4/1981, y ni siquiera la Ley de Seguridad Ciudadana contemplan cuáles son los casos sujetos a multas durante el confinamiento.
Respecto de aquellas sanciones impuestas en los casos en que no se ha requerido al ciudadano infractor para que rectifique y cumpla con las normas, y no haya existido menosprecio o violencia por parte del supuesto infractor, la jurisprudencia está siendo unánime y pacífica.
Llegados a este punto, debe tenerse en cuenta que, en materia sancionadora, debe regir el principio de tipicidad. Esto es, solamente constituyen infracciones las conductas identificadas por la norma. Es precisamente por este motivo que una sanción impuesta sobre una conducta no tipificada es ilegal y puede ser anulada.
El amparo legal que la Abogacía del Estado dio a la vía sancionadora fue la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana, que, en su artículo 36.6 considera infracción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.
Pero no estaríamos en los supuestos previstos por este precepto cuando el infractor, una vez requerido por la autoridad, obedeciese y corrigiese su conducta.
Distinto sería que se hubiese utilizado como respaldo legal la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuyo artículo 57 resulta perfectamente aplicable frente a infracciones directas de los deberes ciudadanos impuestos por las autoridades en materia sanitaria. Y es que, en estos supuestos, la sanción aparejada a la infracción cometida, la cual dependerá de la gravedad del daño podrá ir de 3.000 euros para las infracciones leves, es decir, si no se demuestra la concurrencia de un daño directo para la salud, a 60.000 euros para las graves, esto es, cuando pueda acreditarse que la infracción implique un serio daño para la salud.
En este ámbito, sin embargo, nos encontramos con un claro problema competencial, ya que, mientras el artículo 32 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana atribuye competencias sancionadoras a la Administración del Estado y a la Administración Local, la competencia para imponer las multas previstas en la Ley General de Salud Pública, al ser materia sanitaria, es exclusiva de las Comunidades Autónomas.
En cualquier caso, todas las sanciones habrán de guardar proporción con la infracción cometida. La sanción máxima prevista en caso de desobediencia es de 30.000 euros, habiendo fijado el Ministerio de Interior una multa de 600 euros por “desplazamiento no autorizado sin circunstancias concurrentes”.
No obstante, además de la no existencia de una desobediencia a la autoridad una vez se es requerido, puede alegarse que concurren circunstancias excepcionales, de fuerza mayor o de cumplimiento de obligaciones familiares o laborales.
De lo expuesto, no debe interpretarse que de toda conducta infractora no puedan derivarse consecuencias jurídicas, pues siempre existirán casos en los que concurran requisitos que hagan imposible evitar la sanción.
Lo que sí parece claro es que, tras los acontecimientos vividos a raíz de la pandemia, resulta necesario plantear una nueva regulación de los estados de alarma, excepción y sitio contemplados en el artículo 116 de la Constitución.
