Qué hay que saber sobre el juicio verbal

La Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 contemplaba el juicio verbal como procedimiento más sencillo en el orden jurisdiccional civil para dirimir cuestiones tales como pequeñas reclamaciones de cantidad. De lege data era un proceso oral, si bien la resistencia existente por entonces al principio de oralidad convertía al juicio verbal en un proceso eminentemente escrito.

En la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, cuando hablamos de juicio verbal, nos referimos a un procedimiento con un desarrollo significativamente más abreviado que el juicio ordinario pero con mayores competencias que las establecidas por la anterior Ley procesal. Ambos integran la clase de procesos declarativos (art. 248.2 LEC).

 

ALONSO & WEBER JUICIO VERBAL

 

De manera genérica, para determinar si la cuestión debe ser resuelta en este tipo de procedimiento, se atenderá a la cuantía de la demanda. De esta manera, se ventilarán en juicio verbal aquellas cuestiones cuya cuantía no exceda de 6.000 euros (art. 250.2 LEC).

Sin embargo, no son únicamente los juicios de reclamación de cantidad los que resueltos por esta modalidad procesal. Así, el art. 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil enumeran los supuestos que habrán de tramitarse a través de juicio verbal. Dichos supuestos podrían incluirse en dos tipologías. Una primera, de carácter plenario –alimentos, precario, rectificación de hechos-.

Y una segunda tipología, en la que se comprenderán los supuestos por así decirlo de carácter sumario, entre los que cabría destacar, por ser de gran actualidad, los desahucios, tutela posesoria y arrendamientos financieros.

Igualmente se tramitará en juicio verbal las demandas derivadas del ejercicio de la acción de cesación en defensa de intereses colectivos y difusos de consumidores y usuarios.

El juicio verbal tiene lugar tras la admisión a trámite de la demanda, en la que aparecerán los datos y circunstancias del actor y del demandado así como su domicilio a efectos de notificaciones (art. 437 LEC).

La vista del juicio verbal se inicia mediante la exposición de la parte actora de los fundamentos de lo que pida o simplemente, como sucede en la mayoría de los casos, por medio de la ratificación de la demanda..

A continuación, la parte demandada podrá interponer cuantas excepciones crea conveniente y contestará a la demanda, pronunciándose, si fuese el caso, sobre la documental aportada de contrario.

Tras la intervención de la parte demandada, el juez dará la palabra de nuevo a la parte actora, para que proponga la prueba por este orden: documental, testifical y pericial. La prueba podrá ser admitida o denegada por el juez, y, en el primer supuesto, se procederá a su práctica.

No debemos olvidar que, con anterioridad a la testifical, se procederá al interrogatorio de parte, haciendo hincapié en la prohibición de citar como testigo a nuestro propio representado.

La Ley de Enjuiciamiento Civil no contempla un trámite de conclusiones para el juicio verbal, con lo que, en la práctica, nos encontraremos jueces que lo permiten y otros que no. Es recomendable que el letrado, en su primera intervención en la vista, pregunte a Su Señoría acerca de la posibilidad de realizar conclusiones tras la práctica de la prueba. Finalizadas dichas conclusiones, si se permitiesen, tanto por la parte actora como por la parte demandada, el juicio quedará visto para sentencia.

El Colegio de Abogados de Málaga exige mayor compromiso con los abogados del Turno de Oficio

 La Junta de Andalucía ha fijado un calendario para los pagos adeudados del turno de oficio. Si no se cumple el primer plazo, los abogados andaluces acudirán a los tribunales y dejaran de prestar sus servicios.

A primeros de febrero de 2013 se debe abonar el primer trimestre de 2012 cifrado en 7.508.409,63 euros, a principios de marzo el segundo trimestre,
7.388.155,33 euros, y a finales de marzo o primeros de abril el tercer trimestre, 6.515.368,45 euros.

Málaga, 15 de enero de 2013. El próximo 15 de febrero es la fecha límite fijada por el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (Cadeca) para que la Junta de Andalucía asuma el retraso en el pago de los servicios prestados por los abogados del Turno de Oficio. Ante dichas exigencias, el Consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha emitido un compromiso por escrito para confirmar dicho pago.

Este comunicado ha supuesto un hito en la historia de la abogacía andaluza, dado que es la primera vez que ocurre. En esta notificación se desglosa el pago
de lo adeudado en los primeros días de los meses de febrero, marzo y abril.

Para asegurar el cumplimiento puntual de los compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía, la Comisión Permanente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados mantiene las medidas acordadas en el Pleno de fecha 29 de noviembre de 2012, en materia de pagos pendientes de los servicios de asistencia jurídica gratuita y de los gastos de funcionamiento asociados a los mismos.

Además, el Consejo Andaluz confirma la suspensión de medidas de presión, siempre que la Junta de Andalucía cumpla con el calendario de pago. Si no fuera así, los abogados andaluces acudirán a los tribunales y dejarán de prestar sus servicios.

Por otra parte, se reitera el requerimiento del pago de la cantidad adeudada a los Colegios de Abogados por los gastos de funcionamiento, que representan el 50% de la totalidad del ejercicio de 2012, para garantizar la subsistencia de los servicios de asistencia jurídica gratuita. Mientras no se abone, los
Colegios de Abogados mantendrán las medidas acordadas de adecuación de los servicios a los fondos recibidos.

Ante esta situación, Francisco Javier Lara Peláez, decano del Colegio de Abogados de Málaga ha expresado su compromiso con los abogados del Turno de Oficio. “Continuaremos luchando por defender la mejora de las condiciones en la que se ofrece este servicio. El impago supone un empobrecimiento directo del mismo y ante ello, los ciudadanos serán los primeros perjudicados.

DE LOS RECORTES Y LOS AJUSTES

ALONSO & WEBER NO A LOS RECORTES EN JUSTICIA

El que, cuando le preguntas qué tal le va, dice que muy bien, miente como un bellaco. Fueron las palabras que el otro día, al encontrarnos en un acto solemne en la Sede del Colegio de Abogados, me dijo un buen amigo y compañero de profesión, a propósito de la tan traída y llevada crisis.

Y es verdad. A los recortes en la enseñanza siguieron los de la sanidad, y a aquellos se unieron los de la justicia. Aún a riesgo de pecar de políticamente incorrecto, soy de los que opinan que, en una situación como la que atraviesa nuestra economía, los recortes –o llamémoslos mejor ajustes, pues vienen a corregir ciertas disfuncionalidades en los servicios públicos- no son necesarios sino absolutamente imprescindibles. Sin embargo, los mencionados ajustes vienen a afectar a –como diría un pedante- los tres pilares de nuestro sistema social.

En una entrevista que le hicieron hace poco al economista Leopoldo Abadía, declaraba que no hay en esencia grandes diferencias entre la economía de un país y una economía familiar, no puede uno gastarse más de lo que tiene, decía.

Aunque no puedo estar más de acuerdo con el señor Abadía, existen ciertas diferencias significativas. Para empezar, no hay economía familiar que apoye su funcionamiento en partidas a fondo perdido, esto es, que no se traduzcan en la obtención de algún producto o servicio, mientras que en la economía de una nación, existe una serie de servicios básicos prestados por el sector público. Por otro lado, si utilizamos esta comparación en la vertiente de estos ajustes o recortes que todos estamos sufriendo, se puede plantear que una familia, ante una situación de falta de ingresos, prescinda de ir al cine, salir a cenar o irse de vacaciones, pero en ningún caso de escolarizar a sus hijos, ir al supermercado o hacer uso de los recursos energéticos, si bien este apartado va camino de convertirse en un auténtico lujo.

Nuestros gobernantes, a la manera de un padre de familia irresponsable, han cercenado lo más básico de nuestro sistema. El derecho al trabajo, reconocido constitucionalmente, fue el primer derecho vulnerado: además de en fútbol somos los campeones del mundo en desempleo. El derecho a la educación, recogido en el artículo 27 de la Constitución, junto con la libertad de enseñanza,  corre serio peligro ante las dificultades de los docentes por hacer su trabajo en las condiciones adecuadas. El derecho a la protección de la salud, contemplado en el artículo 34 de nuestro Texto Constitucional, se encuentra en el trasfondo de las protestas de facultativos y personal hospitalario en todas y cada una de las Comunidades Autónomas. Y finalmente se ha visto seriamente perjudicada por la archiconocida Ley de Tasas, el derecho de los ciudadanos a obtener de jueces y tribunales la tutela judicial efectiva.

Cuando un ciudadano no puede siquiera reclamar judicialmente lo que se le adeuda, precisamente porque no tiene liquidez para abonar unas tasas que lo que en puridad hacen es plantear una presunción iuris tantum de que todo justiciable tiene suficiente capacidad económica para litigar; cuando el Titular de la Cartera de Justicia, sin otro fin que compensar lo delirante de la Ley de Tasas, anuncia una reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita en la que pretende ampliar el beneficio a maltratadas, discapacitados y victimas del terrorismo, aún cuando tengan recursos suficientes; cuando en nuestro país es cada vez más patente que la justicia no es igual para todos –lo que queda en evidencia cada vez que abrimos un periódico y nos asombramos ante el gusto de la justicia por el coqueteo con el poder, y no sólo político-; cuando pasan todas estas cosas,  no nos quedan más que dos opciones: o rezar para que lo próximo no sea aún más drástico y dañino, o movilizarse para al menos dejar claro que la ciudadanía no comparte que, mientras se mantiene el status quo de políticos, altos funcionarios y banqueros, sufran el resto de los ciudadanos que son –y no está de más recordarlo- también contribuyentes.

Y es que a estas alturas, y en plena vorágine de ajustes, motivados todos por la insuficiencia de ingresos en las arcas públicas, me atrevo a formular una pregunta en voz alta: pero entonces, ¿adónde van nuestros impuestos?  

 

                                       José María Alonso es abogado, miembo del Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.