CONCURSO DE ACREEDORES: UNA REALIDAD NECESARIA

El año 2020 ha supuesto para los empresarios, además de los consabidas modificaciones normativas en los ámbitos laboral y fiscal, un importante cambio regulatorio del concurso de acreedores. Dichos cambios se han producido especialmente tras la declaración del estado de alarma que fue acordada en virtud del Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo, y fundamentalmente a través del Real Decreto Ley 16/2020 del 28 de abril, de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente a la covid-19 en el ámbito de la Administración de justicia y por la Ley 3/2020, del 18 de septiembre de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, pero también a raíz de la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 1/2020 del 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal.

¿Qué es el concurso de acreedores?

El  concurso de acreedores de define como un instrumento que toda empresa tiene para solventar una situación económica extraordinaria y de crisis. En particular, una empresa puede solicitar la declaración de concurso de acreedores cuando constata que no tiene liquidez suficiente para cumplir sus obligaciones. Es un procedimiento, por lo tanto, estrechamente relacionado con la falta de solvencia de las empresas.

La Ley Concursal 22/2003 del 9 de julio del 2003 contempla que sólo se someterán a concurso de acreedores aquellas empresas que “no pueden cumplir regularmente sus obligaciones exigibles”.

¿Cuál es la situación actual?

En este escenario el número de concursos de acreedores  presentados desde marzo de 2020 se ha incrementado exponencialmente. El tercer trimestre de 2020 registró un incremento superior al 50%, llegando a las 1.678 solicitudes de concurso voluntario.

Si es usted empresario y ha remado contracorriente durante este último año sin poder alcanzar la orilla, quizá sea el momento de plantear un concurso de acreedores con el objeto de organizar los pagos y dar ciertos visos de esperanza a la viabilidad de su empresa en el futuro.

¿Qué pasos dar?

1) Compruebe la insolvencia de su empresa

El primer paso consiste en constatar si la empresa se halla ya en situación de insolvencia. Si es así, resulta urgente iniciar el proceso de solicitud de concurso voluntario. Pero también puede ser que la empresa haya podido afrontar sus obligaciones hasta esta fecha y no sea previsible que lo siga haciendo en el futuro. En dicho caso nos encontraríamos en una situación de riesgo inminente de insolvencia. Elconocimiento es, por así decirlo, el elemento que da inicio al procedimiento, aunque no se haya hecho de manera formal. Este formalismo consiste en la notificación al juzgado de lo mercantil. El plazo para hacerlo es de dos meses desde el conocimiento de la insolvencia o del riesgo inminente de la misma.  De no iniciarse la tramitación en este periodo, el empresario incurriría en falta de diligencia, con sus correspondientes consecuencias en la vía civil y penal.

2) Presente la declaración de concurso

Como ya hemos expuesto, la competencia en este ámbito la tienen los juzgados de lo mercantil, por lo que la solicitud de concurso deberá presentarse ante la oficina de reparto del juzgado de lo mercantil de la provincia donde la sociedad tenga su domicilio. La presentación no puede hacerla el empresario directamente, debiendo designar para ello a abogado y procurador.

3) Nombramiento de administración concursal

La entrada de la administración concursal supondrá inmediatamente el cese de los gestores de la empresa. El administrador concursal es nombrado por el juez y sus funciones fundamentales son las de proceder al inventario de la empresa, al estudio de la situación de la misma y realizar una propuesta de plan de pagos que incluirá un calendario de pagos que tenga como finalidad que la empresa siga desarrollando su actividad, mediante un proceso monitorizado y donde la prioridad de atender a los pagos; y una liquidación de la sociedad de manera ordenada, en la que deberán incluirse quitas.

4) Terminación del concurso

El concurso finaliza con la liquidación de la sociedad o bien con la vuelta de los antiguos gestores a la administración ordinaria. En cualquier caso, deberá garantizarse el pago a los acreedores. Una vez que el juez haya dado por finalizado el concurso de acreedores la empresa podrá operar con plena libertad del mismo modo que lo hacía antes de solicitar el concurso.

En definitiva, el concurso de acreedores no es sinónimo de bancarrota y cierre de la empresa, sino un procedimiento que prima el cobro de los acreedores y la viabilidad de la actividad una vez atendidos los pagos. Sí resulta importante entender por parte de la empresa que se trata de una operación de extraordinaria complejidad y dedicación, que requiere el asesoramiento de abogados y economistas especialistas en derecho mercantil.

José María Alonso Martín
Abogado

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LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID DECLARA NULA LA TARJETA PASS DE CARREFOUR

La sentencia dictada en fecha 24 de septiembre de 2020 por el Juzgado de primera instancia 102 de Madrid ha sido ratificada por la Audiencia Provincial en sentencia de 18 de febrero de 2021, tras desestimarse el recurso de apelación interpuesto a instancias de Carrefour EFC SAU, obligando en consecuencia a retirar la cláusula de interés remuneratorio por considerarse abusiva.

¿Qué resuelve la sentencia?

La cláusula en cuestión, que establecía un 21.99% TAE en un contrato de tarjeta de crédito revolving ha sido declarada nula por falta de transparencia.

La citada resolución judicial hace referencia la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 2021, que recuerda la exigencia de control de incorporación en toda clase de contratos y de transparencia reforzada en la contratación con consumidores.

Por otro lado, se recuerda que la Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de marzo de 2020 admite el control de transparencia de las cláusulas relativas al interés remuneratorio, crédito revolving, por tratarse de una condición general impuesta, presupuesto fáctico concurrente en el presente caso por tener la demandante en la relación jurídica analizada la consideración de consumidora.

En este caso concreto, se indica un interés TIN 20.04% (TAE 21.99%), un contenido que no permitiría conocer ni el alcance real de los efectos económicos en la aplicación del interés retributivo pactado, ni la información sobre la proporción de pago de amortización de capital y de los intereses, no habiendo podido ser comprensible durante la simple lectura por parte del consumidor y sin que constara que se facilitara en este caso concreto a la cliente información clara y suficiente para que pudiera tener conocimiento de cuáles serían las consecuencias económicas del pacto.

¿Por qué la cláusula es abusiva?

En este punto, la resolución remarca que la carga económica de este tipo de contratos de tarjetas revolving, concepto éste del que tienen que informar adecuadamente desde el propio banco o entidad, viene determinada por tres elementos: capitalización de intereses de la operación, variabilidad del límite de crédito que permite el incremento de la deuda y mínima cuota de amortización que prolonga el crédito de una forma casi indefinida.

En particular, la sentencia establece:

La cláusula 8.2 del contrato, con el título Modalidad Crédito, indica interés del 20,04% anual (TAE 21,99%), contenido que no permite conocer el alcance real de los efectos económicos en la aplicación del interés retributivo pactado, por las circunstancias concurrentes en este tipo de operaciones de crédito, señaladas por la STS de 4 de marzo de 2020 al establecer “….y las propias peculiaridades del crédito revolving, en que el límite del crédito se va recomponiendo constantemente, las cuantías de las cuotas no suelen ser muyelevadas en comparación con la deuda pendiente y alargan muy considerablemente el tiempo durante el que el prestatario sigue pagando las cuotas con una elevada proporción correspondiente a intereses y poca amortización del capital, hasta el punto de que puede convertir al prestatario en un deudor «cautivo», y los intereses y comisiones devengados se capitalizan para devengar el interés remuneratorio…..”, información sobre proporción de pago de amortización de capital y de intereses no inferible de la simple lectura por contratante consumidor, sin que conste fuera facilitada a la demandante información clara y suficiente para tener conocimiento de las consecuencias económicas pactadas.

Las razones expresadas llevan a desestimar el recurso de apelación y a confirmar íntegramente la resolución recurrida.

¿Qué supone la sentencia?

Esta resolución supone un espaldarazo sin precedentes en las pretensiones de miles de clientes de Carrefour, atrapados con esta tarjeta de crédito que, comercializada usando como gancho descuentos en la compra de productos, era ofrecida en muchos casos por las mismas dependientas de caja, profesional sin la cualificación suficiente para explicar las características y consecuencias de la contratación de la tarjeta Pass de Carrefour.

¿Cómo reclamar?

En resumen, todos quienes contrataron esta tarjeta con Carrefour podrán solicitar la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio y, en consecuencia, reclamar la devolución de las cantidades indebidamente abonadas como consecuencia de la imposición de dicha cláusula.

Es recomendable solicitar mediante escrito dirigido a Carrefour EFC SAU la retirada de la cláusula. De no atender la financiera a la solicitud, será preciso presentar demanda de juicio declarativo, junto con el contrato de la tarjeta y el extracto de los pagos realizados con la misma. Para ello deberán ponerse en manos de abogados especializados en derecho bancario.

José María Alonso Martín

Abogado