Consecuencias de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2018

La Sentencia del Tribunal Supremo del pasado 28 de febrero supone un serio contratiempo tanto para los prestatarios como para los bufetes encargados de las correspondientes reclamaciones.

El Supremo viene a establecer que el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD) corre por cuenta de los prestatarios, no haciendo referencia expresa al resto de gastos, para los que debe entenderse vigente lo previsto en la Sentencia de 23 de diciembre de 2015.

De este modo, las demandas individuales y colectivas presentadas por los bufetes contra los bancos en las que se exigía la totalidad de los gastos de constitución para sus clientes, verán reducidas sus cuantías, pues, de continuar reclamando la liquidación del AJD, sus clientes podrían ser condenados en costas.

 

TRIBUNAL SUPREMO ALONSO & WEBER

 

La nueva resolución judicial se limita a recordar que la ley reguladora del IAJD indica que el sujeto pasivo no es sino aquel a favor del cual se constituyó la hipoteca.

La reciente resolución del Supremo viene a modificar lo establecido en la Sentencia de 23 de diciembre de 2015, objeto de severas críticas por la mayor parte de los fiscalistas, que destacaban que en AJD existe una norma reglamentaria que atribuye la condición de sujeto pasivo al prestatario.

Respecto de la cuota del AJD, por la constitución del préstamo, el Tribunal Supremo establece que en todo caso le corresponde al prestatario. Para ello se remite a la jurisprudencia constante de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo, que ha establecido que el sujeto pasivo del impuesto es el prestatario.

No olvidemos además que también los bufetes van a sufrir las consecuencias de la nueva sentencia de nuestro Alto Tribunal, pues sus honorarios vienen determinados en función de la cantidad recuperada. El porcentaje oscila entre el 10 y el 20%, a lo que deber añadirse una provisión de fondos al inicio del procedimiento.

Tanto los bufetes como las asociaciones de consumidores lamentan que el Supremo vuelva a fallar a favor de la banca, al tiempo que animan a los prestatarios afectados a continuar reclamando, aunque los incentivos para ello sean menores.

En cualquier caso, debe recordarse que, por encima de nuestro Tribunal Supremo se halla el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que, en más de una ocasión, -recuérdese la Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016- ha corregido la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal.

Como última reflexión al respecto, resaltar que no resulta razonable que una cuestión como la fiscalidad en materia de contratación hipotecaria se encuentre regulada por una normativa de rango reglamentario. Como tampoco lo es que el criterio del Tribunal Supremo varíe en tan estrecho periodo temporal. Sea como fuere, la inseguridad jurídica creada por tan perniciosa práctica afecta única y exclusivamente a los ciudadanos y en ningún caso a las entidades financieras.