¿EN QUÉ CONSISTE LA LEY DE LA SEGUNDA OPORTUNIDAD?

Durante la crisis financiera de 2008 quedaron en evidencia las muchas carencias que la Ley Concursal tenía para enfrentarse a los problemas planteados por empresas y particulares que acreditaban la imposibilidad de afrontar sus deudas. Estas carencias intentaron ser suplidas por numerosas reformas llevadas a cabo a golpe de Real Decreto, impulsadas muchas de ellas por el Ministerio de Economía. 

En este contexto nace la Ley de la Segunda Oportunidad, regulada por Real Decreto Ley 1/2015 y que cuenta en total con 58 normas.

El mecanismo de la segunda oportunidad no es sino el recurso legal que ofrece a particulares y autónomos la posibilidad de una renegociación de sus deudas, que incluso puede llegar en algunos casos a su condonación total, cuando se evidencie que no es posible hacer frente a su pago. 

Dos son los mecanismos implementados por la Ley de Segunda Oportunidad.

La exoneración de deudas.

Se trata de la posibilidad de eludir determinadas deudas. Este beneficio puede afectar tanto a los créditos ordinarios como subordinados, incluyendo también los créditos hipotecarios. Únicamente pueden acogerse aquellos deudores en relación con créditos que no estén protegidos por la ley.

El acuerdo extrajudicial de pagos.-

Con dicho acuerdo se pretende reestructurar la deuda en un plazo de cinco años como máximo. Permitirá introducir quitas y esperas en las deudas.

Los deudores que deseen acogerse a este proceso deberán cumplir con los requisitos establecidos, demostrando que actúan con buena fe. Entre ellos destacan:

  • Que intente alcanzar un acuerdo extrajudicial antes de solicitar el concurso de acreedores.
  • Que no haya sido declarado culpable en este tipo de solicitud de concurso.
  • Que se demuestre al juez que su insolvencia no ha sido provocada por el empresario, mediante administración desleal.
  • Que no haya sido beneficiario de esta Ley de Segunda Oportunidad diez años antes de solicitar este concurso.
  • Que no haya sido condenado por delitos económicos, contra el patrimonio, Hacienda Pública, derechos de trabajadores, Seguridad Social o falsedad documental.
  • Que rechace ofertas de puestos de trabajo cuatro años antes de la solicitud.

Igualmente habrá de tenerse en cuenta el pasado del deudor insolvente para verificar su historial crediticio. Así, no podrán acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad aquellos deudores que hayan sido considerados “malos pagadores”.

El plan de pagos que se acuerde en un proceso de Segunda Oportunidad tiene una eficacia que puede extenderse a lo largo de los próximos cinco años. Si además se solicita el beneficio de exoneración de deudas, el deudor no podrá volver a solicitarlo durante los diez años siguientes. 

Como señalamos anteriormente, se exigirá que el deudor no hubiese sido declarado culpable de delitos de contenido económico y/o social. Estos delitos se encuentran regulados en los artículos 234  y siguientes del Código Penal y entre ellos están:

  • Los delitos socioeconómicos y contra el patrimonio: hurtos, robos, extorsiones, usurpaciones o robos, hurtos de uso de vehículos, defraudaciones, frustraciones de ejecuciones, insolvencias punibles y alteraciones de precios en concursos y subastas públicas.
  • Los delitos contra los derechos de los trabajadores: conductas graves que hayan perjudicado, suprimido o restringido derechos laborales o de la Seguridad Social. También se incluyen aquí los incumplimientos en materia de extranjería y de tráfico ilegal de mano de obra.
  • Los delitos de falsedad documental: falsificación de documentos públicos, privados, certificados e incluso tarjetas de débito y crédito.

En la actualidad, según se ha filtrado a los medios de comunicación, el Gobierno se está planteando seriamente aprobar una norma que permita condonar las deudas que empresas y autónomos hayan contraído con Hacienda y Seguridad Social, siempre que hayan sido declarados insolventes.

Esto significa que muchos autónomos afectados por la crisis económica actual podrían quedar exentos de afrontar sus deudas con Hacienda y Seguridad Social en caso de que su negocio sea insolvente sin tener que acudir a los órganos jurisdiccionales, como está sucediendo en la actualidad y que está demostrando que los juzgados están dando la razón a los autónomos en la mayoría de los casos.

El Gobierno está negociando una reforma de la Ley de Segunda Oportunidad en la que se abriría una puerta a condonar las deudas públicas tras la declaración del concurso de acreedores.

La crisis económica ocasionada a raíz de la pandemia ha incrementado considerablemente los procesos judiciales solicitando la condonación de las deudas públicas, lo que además de estar provocando serios colapsos en los juzgados, ha llevado al Ejecutivo a iniciar los trabajos para implementar la exoneración de estas deudas con la Administración en la Ley de Segunda Oportunidad, que en su redacción original no contemplaba esta posibilidad.

De llevarse finalmente a efecto,  muchos autónomos evitarían el trámite de tener que pasar por el juzgado para ser exonerados de las deudas que no pueden pagar.

José Maria Alonso Martín

Abogado

¿PUEDE LA POLICÍA ENTRAR EN MI DOMICILIO SIN MI CONSENTIMIENTO?

Las sucesivas prórrogas del estado de alarma y la prohibición expresa de reunirse con no convivientes a partir de cierto aforo ha llevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a intervenir accediendo a inmuebles donde se celebraban fiestas que vulneraban las prohibiciones impuestas por el Gobierno y las Comunidades Autónomas.

Pero esta situación nos lleva a plantearnos la pregunta de si dichas intervenciones son legales si no media consentimiento ni orden judicial.

Supuestamente, la legalidad de la entrada y registro de los agentes de la policía en estos casos podría encontrarse amparada por los artículos 9.13 y 16.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana

En particular, el artículo 16.1 establece que “en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: 

a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.

b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”.

El artículo 16.5 dispone asimismo:

“En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley”.

El debate está planteado al ponerse en el otro extremo de la balanza  un derecho fundamental como es el recogido en el artículo 18 de la Constitución Española, y que consagra la inviolabilidad del domicilio, la cual no puede ser suspendida durante el estado de alarma, únicamente en caso de estado de excepción o de estado de sitio (art. 11 de la Ley 4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio).

Sobre lo alegado por los agentes de la autoridad, en relación con que los ocupantes de estos inmuebles cometen un delito de desobediencia al negarse a abrir a la autoridad, cabe reseñar que dicha actuación de entrada y registro en el domicilio se encontraría únicamente justificada en el caso de comisión de un delito flagrante.

En ningún caso una infracción administrativa, como es el caso, legitimaría la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en estos casos.

Esto es, sin una orden judicial los agentes no podrán acceder a la vivienda, y en caso de hacerlo, los hechos podrían llegar a ser tipificados como allanamiento de morada, al no haberse recabado del propietario o del inquilino el consentimiento necesario.

 José María Alonso Martín
Abogado