LA PANDEMIA AMENAZA CON RALENTIZAR AÚN MÁS LA JUSTICIA EN ESPAÑA

Los ya negativos datos del informe sobre eficiencia de la justicia Esclerosis judicial en España, aún más llamativos si se contrastan con la situación de la justicia en el escenario internacional amenazan con empeorar tras la vuelta al funcionamiento de juzgados y tribunales tras el levantamiento del estado de alarma decretado en nuestro país.

 

ALONSO & WEBER Lentitud justicia España

 

Y es que el informe, que toma como referencia datos de 2019, establece que la justicia en España logró resolver 5,78 millones de casos de los casi 9 millones planteados, lo que constituye menos del 70% del total.

El dato es especialmente preocupante en los juzgados de lo contencioso-administrativo, donde la tasa de casos resueltos a un 53%, así como en los juzgados de lo social, con algo más de un 56% de los asuntos planteados.

Sin embargo, los datos apuntan a ser igualmente inquietantes en los juzgados de primera instancia, en el ámbito jurisdiccional civil, que a duras penas bajaban en 2019 de un 60% de ratio de asuntos resueltos sobre el total de las demandas planteadas.

Es previsible que, además de un considerable aumento de la litigiosidad, los procesos judiciales tiendan a dilatarse en el tiempo, con plazos muy superiores a la media de la Unión Europea. Especialmente llamativo era ya antes de la pandemia el retraso en los juzgados de lo mercantil, donde un proceso pasó de resolverse en una media de 17 meses, frente a los escasos 8 meses de 2007.

ALONSO & WEBER LENTITUD EN LA JUSTICIA

La lentitud de la justicia y su consecuencia en la percepción que de los  órganos jurisdiccionales tienen los ciudadanos se percibe en los datos de los procedimientos instados contra juzgados y tribunales. De los expedientes promovidos por responsabilidad patrimonial del Ministerio de Justicia la mayor parte se concentra precisamente en el funcionamiento anormal de la administración de justicia. Por otro lado llama poderosamente la atención que los expedientes promovidos por dilaciones indebidas de los juzgados y tribunales sean en su mayor parte desestimados.

En el contexto actual, las medidas de choque recientemente planteadas por el Consejo General del Poder Judicial van dirigidas en la línea de reorientar recursos hacia áreas que se prevén más saturadas tras la vuelta al funcionamiento de la administración de justicia.

Con todo, cabe resaltar que la litigiosidad no es que sea especialmente preocupante ni perjudicial en sí misma, pues se encuentra por debajo de otros países de nuestro entorno, tales como Francia o Italia. De lo que se trata es de fomentar otras vías de resolución de conflictos, tales como el arbitraje o la mediación que, si bien son más caros, son herramientas más rápidas y especialmente beneficiosas en ámbitos como familia o mercantil.

Asimismo, más allá de proponer la habilitación del mes de agosto para el pleno funcionamiento de los juzgados y tribunales, habría que garantizar su eficiencia, permitiendo que las plantillas de estos órganos jurisdiccionales se encuentren siempre completas y haciendo que se provea de manera ágil  y ordenada.

Que la situación actual va a tener serias consecuencias en cuanto a garantizar los derechos de los ciudadanos ya es un hecho. Confiamos en que no lo sea que se pierda esta oportunidad para implementar los mecanismos de la administración de justicia. Que la aprovechemos es, en cierta medida, responsabilidad de todos los operadores jurídicos.

José María Alonso Martín

Abogado

¿CÓMO DEBE SER LA PUBLICIDAD DE LOS ABOGADOS?

El Colegio de Abogados de Madrid ha calificado recientemente como “especialmente repugnante” la publicidad de varios bufetes de abogados dirigida a la captación de clientes en plena pandemia del COVID-19.

 

ALONSO & WEBER PUBLICIDAD ABOGADOS

 

El comunicado del órgano colegial madrileño recuerda asimismo que el Estatuto de la Abogacía Española y el Código Deontológico prohíben expresamente todas aquellas prácticas publicitarias que se dirijan, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas y demás sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la libre elección de abogado.

 

Lo planteado por el Colegio de Abogados de Madrid nos lleva a recordar que publicitar servicios jurídicos no siempre ha sido legal. Los abogados tenían prohibida la publicidad con unas restricciones muy claras, incluyendo las placas en los portales de los edificios donde se encontraban sus despachos y la utilización de marcas. No se permitía identificar un bufete con una marca o logotipo y las denominaciones sociales como tales debían contener como mínimo el apellido de alguno de los socios ejercientes del bufete.

 

En concreto, el  Estatuto General de la Abogacía Española de 1982 establecía en su artículo 31: “Se prohíbe a los abogados: a) El anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través de medios publicitarios”.

 

La liberalización de la publicidad para abogados y su regulación fue fruto de años de debate entre diferentes sectores de la abogacía, y dado que el ejercicio de la profesión de abogado se ha de desarrollar siempre bajo el imperio de una ética profesional, basada en la confianza con el cliente, se entendió que la publicidad, siempre que no fuese desleal, debía permitirse para ofertar servicios jurídicos.

 

No obstante, la actual regulación define aquellas prácticas publicitarias en al ámbito de los abogados que debe considerarse ilícita. Entre ellas:

1.- La publicidad que atenta contra la dignidad de las personas o vulnera los valores y derechos reconocidos en la Constitución, con especial consideración de la infancia,  la juventud y las mujeres.

2.- La publicidad subliminal. Esto es,  aquella que, mediante técnicas de producción de estímulos, puede actuar sobre las personas, sin ser ellas conscientes.

3.- La publicidad dirigida a menores que les incita a comprar explotando su inexperiencia o credulidad.

4.- La publicidad desleal, la publicidad engañosa y la publicidad agresiva. Se entiende que estas tipologías de publicidad pueden provocar error en las personas consumidoras, pudiendo ser constitutivas de fraude y sancionadas penalmente.

La publicidad de los servicios profesionales de un abogado debe ser digna, leal y veraz. De esta forma, se entiende que supone una vulneración del Código Deontológico la publicidad que constituya:

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.

b) Afectar a la independencia del abogado.

c) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado que se publicita.

d) Hacer referencia directa o indirectamente a clientes del propio Abogado que utiliza la publicidad o a asuntos llevados por éste, o a sus éxitos o resultados.

e) Dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o desgracias que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva, o a sus herederos o causahabientes.

f) Establecer comparaciones con otros abogados o con sus actuaciones concretas o afirmaciones infundadas de auto alabanza.

g) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión.

h) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.

i) Utilizar medios o expresiones, audiovisuales o escritos que supongan un descrédito, denigración y menosprecio de la Abogacía, de la Justicia y de sus símbolos.

j) No identificar al Abogado o Bufete Colectivo que ofrece sus servicios.

k) Utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, de la Abogacía o de la Justicia.

 

El Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea, en relación con la publicidad, dispone:


“2.6.1
El Abogado podrá informar al público sobre sus servicios siempre que la información no sea desleal o engañosa, y respetuosa con la salvaguarda del secreto profesional y los demás principios esenciales.

2.6.2. El Abogado podrá realizar publicidad personal a través de cualquier medio de comunicación siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.”

 

De lo expuesto debe deducirse que no se permitirá al abogado realizar ningún tipo de publicidad personal, ni directa ni indirectamente, más que en la medida que las normas del Colegio en que esté inscrito se lo autorice.

 

La publicidad personal y en particular aquella que se hace a través de los medios de comunicación se considerará realizada en el lugar donde fue autorizada, desde el momento en que el abogado demuestre que ha sido dirigida a clientes existentes o potenciales establecidos en el territorio.

 

La captación desleal de clientes se encuentra también prohibida en el campo de los servicios jurídicos, entendiendo que constituyen actos de competencia desleal todos aquellos que contravengan las normas de competencia y en particular:

a) La utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos contrarios a las disposiciones de la Ley General de Publicidad , y a las normas específicas sobre publicidad contenidas en el Código Deontológico y restantes normas complementarias.

b) Toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atenten a la dignidad de las personas o a la función social de la Abogacía.

c) La utilización de terceros como medio para eludir las obligaciones deontológicas. Se considerará responsable al abogado o abogados favorecidos por tal publicidad en tanto no acrediten su total ajenidad y su dimisión inmediata del encargo profesional al tener conocimiento de aquella.

d) La percepción o el pago de contraprestaciones infringiendo las normas legales sobre competencia y las deontológicas.

e) La contravención de los principios sobre honorarios, la prestación de servicios gratuitos que suponga la venta a pérdida (artículo 17 de la Ley de Competencia Desleal: “1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es libre. 2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal en los siguientes casos: a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento. b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos. c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.”)

 

Los profesionales del derecho con muchos años de experiencia conocen que la mejor captación de clientes es la realizada a través de otros que, por haber resultado satisfechos con los servicios prestados, recomiendan al profesional. Así, un estudio reciente del Consejo General de la Abogacía Española demuestra que menos de un 10% de los clientes se deja influir por la publicidad para elegir a su abogado.

 

Es evidente, en consecuencia, que fomentar las relaciones con los clientes es bueno para que estos no solo confíen en obtener buenos resultados a raíz de la intervención profesional de un abogado, sino que también valoren que sus servicios se han prestado con ética y profesionalidad.

 

Sin embargo, se ha demostrado que siguen existiendo actividades de comunicación y marketing que, sin ser propiamente publicitarias, son más eficientes y generan más confianza que un anuncio en radio o televisión. Así, la participación periódica de un abogado como experto en un medio de comunicación, la elaboración de artículos en prensa especializada o generalista o la creación de un buen blog de consulta y actualidad jurídica pueden ser herramientas mucho más efectivas que la publicidad de un despacho de abogados.

 

José María Alonso Martín

Abogado

¿CÓMO QUIERE EL CGPJ QUE SEA LA DESESCALADA DE LOS JUZGADOS?

El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un primer documento de trabajo que tiene como objeto mitigar los efectos negativos de la reanudación de la actividad judicial y del incremento de determinados asuntos, consecuencia todo ello de la declaración del estado de alarma provocado por la pandemia del COVID-19.

 

ALONSO & WEBER TRIBUNAL SUPREMO

 

Las medidas propuestas se presentan en un plan con cinco bloques:

  1. Medidas organizativas y procesales.
  2. Medidas para la solución extrajudicial de conflictos.
  3. Medidas para la protección de colectivos vulnerables.
  4. Medidas tecnológicas.
  5. Plan de formación específico.

Entre las de índole procesal, cabe resaltar la reducción generalizada de la segunda instancia, no permitiendo la posibilidad de recurso en diversos procedimientos, la amenaza en cuanto a la imposición de costas e incluso multas en determinados planteamientos judiciales así como la creación de nuevos órganos jurisdiccionales unipersonales.

Otra de las llamativas propuestas se centra en la plena habilitación del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales, sin perjuicio del escrupuloso respeto al disfrute de las vacaciones anuales de los miembros del Poder Judicial. Esta medida, que podría considerarse adecuada desde el punto de vista teórico y justificada por la excepcional situación de crisis sanitaria, resultaría ineficaz precisamente porque la mayor parte de los miembros del Poder Judicial tomará sus vacaciones en dicha fecha. El Consejo General de la Abogacía denuncia que no se hayan tomado en consideración las circunstancias de profesionales liberales tales como abogados y procuradores, quienes, además de verse privados de sus vacaciones encontrarán enormes dificultades en lo relativo a la conciliación familiar.

Parece evidente que la de declarar hábil el mes de agosto se trata de una medida excepcional, pues en dichas fechas los juzgados y tribunales se encuentran habitualmente cerrados. Los colegios profesionales de abogados y procuradores alegan que debe partirse del principio de igualdad para todos, existiendo lo que entienden un agravio comparativo con funcionarios y miembros del Poder Judicial.

En el ámbito civil, se refuerza la posibilidad de imponer una multa, lo que supone un crédito a favor del Estado, como consecuencia del mantenimiento de posiciones injustificables. Esta circunstancia, que no es otra que la de las denominadas “pretensiones insostenibles”, es precisamente una de las tareas de los Colegios de Abogados, que ya realizan una función de filtrado de este tipo de proposiciones, razón por la cual podría verse vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 24 de nuestra Constitución.

Igualmente en la jurisdicción civil se plantea un cambio de criterio de carácter sustancial. Se trata del dictado de sentencias orales (las conocidas sentencias “in voce”), debidamente motivadas y registradas en el correspondiente soporte audiovisual.

Las modificaciones propuestas en el ámbito jurisdiccional penal se centran fundamentalmente en reducir lo que el CGPJ entiende “un excesivo número de recursos frente a resoluciones interlocutorias”. Ante ellos, aprovechando el nuevo escenario, proponer que dichos recursos puedan ser resueltos en un solo trámite, e incluso plantea poder llegar a su absoluta supresión.

En la jurisdicción social es donde previsible aumente más significativamente la presentación de demandas derivadas de la normativa aprobada durante el estado de alarma. Para esta suerte de reclamaciones judiciales, el CGPJ prevé la ampliación de los plazos de caducidad tanto en la mediación como en la conciliación preprocesal (art. 65 LRJS), contribuyendo con ello, al menos en teoría, a que la mediación mantenga un carácter efectivo.

Del mismo modo, en materia de actos de comunicación se proponen las reformas de los artículos 55 y 59 de la LRJS. Se trata así de generalizar la comunicación telemática de los juzgados con los diferentes servicios de mediación, FOGASA u órganos de la administración, evitando el correo certificado. La pregunta en este caso es por qué ha habido que esperar hasta ahora para suprimir la necesidad de la comunicación por correo certificado, lo que ya se conocía que era un trámite completamente prescindible.

Al igual que en la jurisdicción civil, se propone reforzar la oralidad en la resoluciones, potenciando el dictado de las sentencias “in voce”.

Finalmente, en materia de ERTEs, el CGPJ propone suprimir en el art. 153.1 LRJS la frase: «que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores». La finalidad no es otra que la de reducir el número de impugnaciones individuales de los ERTE y correlativamente facilitar las impugnaciones conforme a la modalidad procesal de conflictos colectivos.

Aunque este primer documento de trabajo es una propuesta de carácter organizativo y procesal, el Consejo General de la Abogacía Española ha recogido la respuesta de los Colegios de Abogados, oponiéndose y rechazando enérgicamente la mayor parte de las medidas propuestas.

José María Alonso Martín

Abogado

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS PARA INQUILINOS AFECTADOS POR EL COVID-19?

Tras las medidas establecidas por el Gobierno en relación con la situación de los titulares de préstamos hipotecarios a raíz de la emergencia decretada por la propagación del COVID-19, se ha planteado un paquete de medidas para afrontar el estado en que han quedado miles de familias con contratos de arrendamiento en vigor y que han visto reducidos significativamente sus ingresos. Dichas medidas suponen una modificación en los derechos y obligaciones tanto de los arrendatarios como de los arrendadores.

ALONSO & WEBER Moratoria alquileres COVID19

Las medidas implementadas por el RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 se articulan en tres elementos.

En primer lugar, los arrendatarios podrán solicitar una prórroga extraordinaria por un máximo de 6 meses para aquellos contratos que vencieran entre el 2 de abril de 2020 y hasta dos meses desde que se decrete el fin del estado de alarma.

Por otro lado, con el objeto de proteger a los hogares más vulnerables, esto es, aquellos que se han visto más golpeados por la crisis económica derivada del estado de emergencia sanitaria, se adoptarán medidas especiales respecto de los arrendamientos de vivienda habitual.

De entre ellas, destacar la de la suspensión de todos los procedimientos de desahucio ya iniciados y así como de los lanzamientos para familias en situación de especial vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Cuando se decrete la finalización del estado de alarma podrá solicitarse a los juzgados una suspensión extraordinaria por un periodo máximo de 6 meses desde el 2 de abril de 2020.

Para ello será preciso que el arrendatario presente una solicitud alegando y acreditando su situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de la declaración del estado de alarma a raíz del riesgo de contagio del COVID-19.

De este modo, de cumplir los requisitos, el juzgado deberá decretar la suspensión del desahucio o del lanzamiento en el periodo establecido, fijándose como máximo el día 2 de octubre de 2020 (6 meses desde el 2 de abril de 2020).

No obstante, puede darse el caso de que también el arrendador se halle en situación de vulnerabilidad. De producirse dicha circunstancia, los servicios sociales actuarán a favor del arrendador y ello será tenido en cuenta por el juzgado para la declaración de la suspensión del procedimiento de desahucio o del lanzamiento.

Finalmente, otro aspecto importante de las medidas adoptadas, es el de la condonación del pago de rentas a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. En este caso, el RDL discrimina entre los casos en que el arrendador es un particular, y aquellos otros en que es una entidad pública de vivienda, una empresa, o un gran tenedor, esto es, un propietario de más de 10 fincas urbanas en arriendo o bien con una superficie construida de más de 1.500 m2.

En el primero de los casos, es decir, cuando el arrendador sea un particular, el arrendatario puede llegar a acuerdos voluntarios para aplazar o condonar total o parcialmente las rentas.

El arrendador no tiene la obligación de aceptar el aplazamiento, si bien, dadas las circunstancias, puede resultar esto lo que más pueda convenir a sus intereses.

De no existir pacto, los arrendatarios podrán solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de las rentas, fijándose como plazo el día 2 de mayo de 2020.

Con independencia del acuerdo de aplazamiento alcanzado con el arrendador, el arrendatario podrá acceder a una serie de medidas de ayuda. Así, podrán solicitar créditos sin gastos ni intereses, con la única condición de que se destinen al pago de las rentas, pudiendo llegar a cubrir un máximo de 6 mensualidades.

Está previsto poner en funcionamiento otro programa de ayudas, incluidas en el marco del Plan Estatal de Vivienda, y que podrán alcanzar en determinados casos hasta 900 euros mensuales. Las condiciones y requisitos serán establecidas por la correspondiente Comunidad Autónoma.

En el caso de que el arrendador sea una empresa, una entidad pública o un gran tenedor, los arrendatarios podrán solicitar un aplazamiento extraordinario, teniendo igualmente como fecha para hacerlo el 2 de mayo de 2020.

De no existir acuerdo entre las partes, el arrendador podrá optar entre una de las siguientes opciones:

  1. Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
  2. Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Los arrendatarios en situación de vulnerabilidad tienen derecho a solicitar las ayudas previstas para la financiación del pago de la renta. Una vez les fuesen concedidas, se levantaría la moratoria para el pago de las rentas.

José María Alonso Martín

Abogado

Accede al texto íntegro del RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

ALONSO & WEBER BOE-A-2020-4208

 

 

COVID-19 Y PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS

De entre las medidas económicas de carácter urgente que ha aprobado el Gobierno, medidas provocadas por el estado de alarma decretado a raíz del COVID-19, las más esperadas han sido las referidas a las hipotecas y alquileres. En este artículo nos centraremos en las primeras de ellas, regulada en los artículos 7 a 16 del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

ALONSO & WEBER Moratoria de hipotecas COVID-19

¿En qué consiste la moratoria del pago de la hipoteca?

La moratoria en el pago de las hipotecas es una medida que supondrá la suspensión -no la exoneración- de la deuda hipotecaria pendiente al momento de la declaración del estado de alarma. Ello se traducirá en que los prestatarios no estarán obligados a pagar la cuota prevista, ni por la parte de capital ni por los intereses, “ni íntegramente, ni en un porcentaje”, según establece el Real Decreto. Asimismo, mientras dure la moratoria, no serán de aplicación ni la cláusula de vencimiento anticipado ni los intereses moratorios.

¿Quién puede solicitar la moratoria?

Podrán pedir la moratoria todos aquellos prestatarios que hayan adquirido su vivienda habitual a través de un préstamo hipotecario y se encuentren en situación de “vulnerabilidad económica”. Esta situación será consecuencia, en la mayor parte de los casos, de la situación de desempleo en que se halle el titular del préstamo o, en el caso de trabajadores autónomos o empresarios, hayan visto una caída sustancial de sus ventas de al menos un 40%.

¿Cómo solicitar la moratoria?

Para solicitar la moratoria, el prestatario deberá dirigirse a la entidad financiera con quien tenga contratado el préstamo hipotecario y deberá presentar una solicitud y acompañar los documentos que acreditan su situación de vulnerabilidad.

La situación de desempleo se acreditará mediante certificado expedida por el Servicio Público de Empleo Estatal. En dicho certificado habrá de constar la cuantía mensual percibida en concepto de prestación por desempleo o bien el subsidio, en caso de haber agotado la primera opción. Los trabajadores autónomos que hayan solicitado la prestación por cese de actividad lo deberán demostrar además mediante certificados expedidos por AEAT y TGSS.

El carácter de vivienda habitual del inmueble que garantiza la hipoteca se hará valer mediante certificado de empadronamiento donde se hallen inscritos todos los miembros de la unidad familiar. Asimismo deberá acreditarse la existencia de hijos menores a cargo del prestatario por medio del libro de familia o certificado de nacimiento.

La entidad bancaria habrá de comprobar que ni el prestatario ni el resto de miembros de la unidad familiar son titulares de más inmuebles, por lo que será preciso presentar nota simple de titularidad expedida por el Registro de la Propiedad.

Finalmente, para certificar la situación de vulnerabilidad económica, el prestatario habrá de firmar un modelo de declaración responsable.

Hace escasas fechas el Ejecutivo ha elevado a tres meses el plazo de impago para aquellas personas que hayan perdido su empleo o hayan visto reducidos sus ingresos como consecuencia del COVID-19. La medida se ha ampliado también a préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo entre ellos los créditos al consumo.

José María Alonso Martín

Abogado

Accede al texto íntegro del Real Decreto 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

ALONSO & WEBER BOE-A-2020-3824