Abogado ¿Me pueden incluir en un fichero de morosos?

Una de las cuestiones que  más me plantean es ¿Me pueden incluir en un fichero de morosos? En la actualidad, es raro encontrar a alguien que no haya tenido problemas con una compañía telefónica u otro tipo de empresa (entidades financieras, sobre todo) que amenace con incluirle en un fichero de morosos si no paga la deuda que ilegítimamente le están reclamando. Suele ser tedioso y desesperante luchar contra una gran empresa que de manera injusta nos “marca”, incluyéndonos en un fichero de morosos (el cual impedirá, en no pocas ocasiones, que podamos concertar nuevos créditos o comprar a plazos cualquier bien). Vamos a ver en este post la normativa que se aplica en la actualidad y los requisitos necesarios para que puedan incluir a alguien en un fichero de morosos.

1.Normativa aplicable

A pesar de la inminente entrada en vigor del nuevo Reglamento de Protección de Datos, éste no realiza alusión directa a los ficheros de morosos (aunque afectará a las obligaciones de los responsables en cuanto a medidas de seguridad a aplicar, etc). De manera que, en la actualidad y hasta que no se promulgue la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, los ficheros de morosos se rigen por lo establecido en el artículo 29 de la LO 15/1999, y en los artículos 37 a 44 de Real Decreto Legislativo 1720/2007.

 

ALONSO WEBER LOPD

2. Requisitos

Los requisitos para que puedan incluir a una persona en el fichero de morosos son:

  1. Requerimiento de pago a quien corresponda el cumplimiento de la obligación y comunicación de que le han incluido en un fichero de morosos.
  2. Existencia de una deuda cierta, vencida, exigible, que haya resultado impagada.
  3. Que no hayan transcurrido seis años desde la fecha en que hubo de procederse al pago de la deuda o del vencimiento de la obligación o del plazo concreto si aquella fuera de vencimiento periódico.

 

1.Requerimiento de pago al deudor.

El acreedor  deberá informar al deudor en el momento en que se celebre el contrato de que en caso de impago le incluirá en un fichero de morosos y, además en el momento en que haya impagado la supuesta deuda, le deberá advertir en el requerimiento de pago que le envíen que será incluido en un fichero de morosos. Pero eso no es todo, una vez que la empresa a la que  supuestamente le debe la deuda ha comunicado los datos a la empresa que se encarga de los ficheros de morosos (ASNEF-EQUIFAX), esta última tiene la obligación de informar al deudor en el plazo de 30 días desde la inclusión de sus datos personales de que esta inclusión ha tenido lugar.

Este requisito suele ser uno de los más incumplidos y existen numerosas resoluciones en las que se castigan a las empresas por la inclusión de los datos personales sin haber informado al deudor como obliga la ley. Como ejemplo:  resolución de la AEPD en la que se impone una multa de 60.101,21 € a FRANCE TELECOM ESPAÑA (ORANGE), resolución de la AEPD en la que se impone una multa de 20.000 € a CAIXABANK, la denunciante tiene problemas con YOIGO por una portabilidad y la AEPD le impone una multa de 28.000 € por no haberle requerido previamente a la inclusión el pago de la deuda.

 

2. Existencia de una deuda cierta, vencida, exigible e impagada.

Suele ser uno de los que más problemas plantean, en tanto que a juicio del consumidor la deuda no es cierta, y por tanto no vencida y no exigible, y aún así, le han incluido en el fichero. Pues bien, la Agencia Española de Protección de Datos declara, entre otras muchas, en su última Resolución R/00814/2018  que,

” dentro del ámbito competencial de la Agencia Española de Protección de Datos no se encuentra la valoración de la deuda, los términos y las obligaciones derivadas de las relaciones contractuales entre las distintas partes de un contrato, ya tenga efectos civiles, mercantiles, laborales o administrativos. Esta Agencia sólo puede entrar a valorar estrictamente lo referido a la
observancia de los principios que fija la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), por lo que para determinar la legitimidad o no de aquellas obligaciones, habrá de instarse una
clarificación ante los órganos correspondientes de consumo o ante los órganos jurisdiccionales competentes en la materia.”

Esto significa que se establece una presunción iuris tantum de que la deuda es cierta y legítima, en tanto que al acreedor le basta con poseer determinada documentación relativa al impago para poder incluirnos en el fichero de morosos. Si queremos demostrar que la deuda es ilegítima, nos corresponderá a nosotros ejercitar la oportuna acción civil negatoria en los tribunales, y una vez obtengamos una resolución judicial favorable a nuestras pretensiones, eliminar nuestra inclusión en el mencionado fichero.

No obstante, y también resulta importante mencionar, que el acreedor  debe tener en su poder la documentación que acredite que la deuda es cierta y exigible (y tenerla a disposición de la empresa que se encargue del fichero de morosos), y en caso de no tener la misma, será sancionado. La AEPD sancionó a SIERRA CAPITAL con 120.000 euros por incluir a una persona en el fichero de morosos y no poseer el contrato que acreditase la supuesta deuda,  si quieres ver la resolución pincha aquí.

 

3. Que no hayan transcurrido más de seis años desde el impago.

Entedemos que este requisito no plantea mayor problema, estableciendo el precepto que en caso de obligaciones de vencimiento periódico deberá comenzar a contar el tiempo el día que la obligación debió cumplirse.

Carlota García Poveda

Abogada

 

¿Qué son las “tarjetas revolving”?

La Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, también denominada Ley de Represión de Usura, regula las causas de nulidad de determinado tipo de contratos de crédito al consumo.

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En particular, es su artículo 9 el que establece que:

“lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”.

Este precepto permite interpretar la norma de manera muy flexible, lo que ha posibilitado su aplicación a los créditos al consumo y, en concreto, a las denominadas “tarjetas revolving”.

Las “tarjetas revolving” son un tipo de contrato de crédito al consumo. Su característica es permitir un aplazamiento en las compras que puedan realizarse mediante su uso.

Esta modalidad de “pago a plazos” supone que el titular de la tarjeta decidirá el importe pagar, esto es, podrá escoger entre pago aplazado o pago total. Evidentemente, únicamente la primera de las dos modalidades generará el pago de intereses, existiendo distintos tipos de cuota en función de diferentes criterios.

Otra de sus características es el límite de crédito, lo que supone que el usuario no podrá disponer de una cantidad mayor que la establecida por la entidad. A esta característica, común a otros tipos de tarjetas de crédito, se añade la posibilidad de reponer el crédito mediante el pago de recibos periódicos.

Es precisamente esta tipología de pago aplazado la que va a generar unos intereses que son considerados abusivos por nuestra jurisprudencia reciente.

De este modo, la STS 628/2015 de 25 de noviembre de 2015 viene a reinterpretar la Ley de Represión de Usura mediante el análisis pormenorizado de un contrato de una “tarjeta revolving”. En particular el interés remuneratorio establecido en el supuesto analizado era de un 24,6%, siendo el interés de demora de un 29,1%.

La Ley de Represión de la Usura establece un límite a la autonomía negocial del artículo 1255 del Código Civil,  aplicable al préstamo y cualquier operación de crédito sustancialmente equivalente al préstamo.

El artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura viene a disponer:

“Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

Pese al establecimiento de unos requisitos en cuanto a nivel de experiencia, formación y facultades mentales del prestatario, el Tribunal Supremo opta por no exigir el cumplimiento de todos y cada uno de ellos para la consideración del préstamo como usurario, basta con que el interés sea “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”.

No podrá justificarse que se eleve el tipo de interés de manera desproporcionada en operaciones de financiación al consumo sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos. La concesión irresponsable de préstamos con intereses muy superiores a los normales, con el consiguiente sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser protegido bajo ningún concepto  por nuestro ordenamiento jurídico.

El Tribunal Supremo establece que el interés nominal no es el tipo de interés que ha de tomarse en consideración a la hora de analizar si un interés es notablemente superior al normal del dinero, sino la Tasa Anual Equivalente.

Para determinarlo habrá de acudirse a las estadísticas, siendo la fuente el Banco de España.
Establece la sentencia referida que:

“la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.”

De esta forma se cierra la puerta de la cláusula que recoge los intereses remuneratorios, pero no la del análisis de transparencia de los artículos 5.5 y 7 Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación.

Las entidades que comercializan este tipo de producto realizan frecuentemente la contratación vía telefónica, ofreciendo una tarjeta con multitud de descuentos y cuya modalidad de pago fraccionado ofrece muchas ventajas, pero sin hablar en ningún momento del tipo de interés. Se establece una cuota mínima del uso de la tarjeta de manera que, en cuanto el consumidor realiza un pago con la tarjeta, se le carga dicha cuota final de mes. En dicha cuota, sorprendentemente, se aumenta el principal.

La consideración como usurario del crédito va a suponer su inmediata declaración de nulidad “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva”.

En consecuencia, el prestatario deberá abonar exclusivamente la suma recibida, debiendo el prestamista devolver todo que haya recibido excediendo del capital prestado.

Con carácter previo a la interposición de la correspondiente demanda de juicio ordinario será preciso recabar toda la documentación entre la que debemos incluir el contrato, el cuadro de amortización y el extracto de los pagos realizados con la correspondiente tarjeta.

La entidad estará obligada a proporcionarnos la documentación que le solicitemos con carácter gratuito. De negarse a hacerlo podremos interponer reclamación previa ante el Banco de España.