CESE DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES POR EL COVID-19

La nueva fase que afronta España tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

CALLE LARIOS CORONAVIRUS ALONSO & WEBER

El citado texto legal prevé la absoluta paralización de las actividades no esenciales.

Entre dichas actividades se encuentran las sanitarias, de abastecimiento, de limpieza, de transporte, de servicios financieros, de telecomunicación y audiovisuales y algunos servicios jurídicos y de asesoramiento, entre los que se encuentran los prestados por abogados en actuaciones procesales no suspendidas por el RD 463/2020 y por gestorías y asesorías en cuestiones que se consideren urgentes.

A última hora del domingo 29 de marzo, prácticamente en la madrugada del día 30, el Gobierno decretó una moratoria de 24 horas para algunas actividades no esenciales que no hayan podido interrumpir su actividad de manera inmediata.

La decisión ha provocado una situación de caos en las empresas y en los propios trabajadores, muchos de los cuales no sabían a primera hora de la mañana si debían o no acudir a su puesto de trabajo.

El Decreto dispone que:

“En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial”.

Varias disposiciones transitorias vienen a establecer excepciones puntuales y limitadas para “aquellas actividades que puedan verse perjudicadas de manera irremediable o desproporcionada por el permiso establecido en el presente real decreto ley “y “el personal de actividades de transporte que se encuentre realizando un servicio en la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley”.

Los trabajadores, pese a no prestar su actividad laboral, deberán seguir percibiendo sus salarios, lo cual no ha sido acogido con satisfacción por los empleadores. A cambio, deberán comprometerse a recuperar las jornadas de trabajo no satisfechas, lo cual deberá hacerse sin vulnerar ninguno de los derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.

La patronal, además de considerar prácticamente imposible cumplir con lo requerido en el RDL, ha calificado de “precipitada” la decisión de paralizar las actividades no esenciales y especialmente que, a pocos minutos de la medianoche, se optara por una moratoria que ha llevado a muchas empresas a no saber qué comunicar a sus trabajadores.

Son muchas actividades en las que no puede cesar la actividad de manera automática. Es el caso sectores productivos como el industrial, que ha seguido recibiendo pedidos, muchos de los cuales del extranjero, y que se encuentran en la situación de elegir entre desatender a sus clientes o desobedecer lo previsto en el RD.

No obstante, se estima que la medida pueda traducirse en unas pérdidas significativas para la economía española. Así, un estudio elaborado por Fedea y BBVA Research concluye que el PIB caerá hasta un -4,5% en 2020.

José María Alonso Martín

Abogado

Lee el texto completo del RDL 10/2020, de 29 de marzo.

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CORONAVIRUS PANDEMIC AND ERTE IN SPAIN

Spain has the second largest coronavirus outbreak in Europe after Italy. For that reason the Spanish Authorities have put in place a series of measures to limit the spread of the virus and they declared the state of emergency (estado de alarma) under the shelter of the Article 116.2 of the Spanish Constitution. The state of emergency means that people are banned from going outside except to buy food, go to work, or get medical assistance.

ALONSO & WEBER COVID19 SPAIN

One of the measures taken by the Spanish Government has been allow the companies the streamlining of temporary dismissal files (known as ERTE).

An ERTE is a temporary employment regulation which enables companies to make suspensions within employment contracts or reduce their working hours due to force majure. This procedure can be applied to partial areas of the workplace or its entirety.

In this situation workers will be still be a part of this company and listed with them on their Social Security, however they would not be able to receive their salary.

Unemployment benefits in these circumstances will be 70% of the original payment and will accounted for within future benefits, as this is a temporary suspension and not an opportunity for compensation.

The employer has to communicate the ERTE to the Labour Authorities in the Regional Government. The employee does not need to do anything at all. Labour authorities will then approve or disapprove the ERTE and analyse the special circumstances. The state of emergency for coronavirus pandemic is the force majure reason.

When the force majure (in this case is the coronavirus pandemic), finishes, then the company can begin to suspend the ERTE and start reincorporating its workforce.

In a very pessimistic scenario, the company could even suspend this activity and conduct a collective dismissal.

 

José María Alonso Martín

Abogado – Lawyer

¿QUÉ HAY QUE SABER SOBRE EL ERTE?

El ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal) está siendo la medida aplicada por numerosas empresas que han debido cesar su actividad tras la declaración del estado de alarma decretado recientemente. Desde EL JURISTA incidimos en las que consideramos las claves de este mecanismo previsto para situaciones excepcionales.

 

ALONSO & WEBER ERTE

¿Qué es el ERTE?

Se trata de una suspensión temporal de los contratos de trabajo, que en algunos casos puede traducirse en una reducción de jornada.

Regulado en el art. 47 del Estatuto de los Trabajadores, el ERTE no debe confunidirse con el ERE (Expediente de Regulación de Empleo), regulado en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores.

Su diferencia fundamental es que, mientras que los ERTE son suspensivos, suspendiendo la relación laboral, los ERE son extintivos y definitivos, esto es, extinguen definitivamente la relación laboral.

 

¿Cómo afecta a los trabajadores?

Los empleados en una empresa que incoa un ERTE ven suspendida su relación laboral. Ello supone que no recibirán el salario por parte del empresario, pues dicha obligación se considera también suspendida.

En los casos de suspensión como de reducción de jornada, los trabajadores podrán solicitar la prestación por desempleo. Para ello deberán haber cotizado más de 360 días o bien sus rentas no superar el 75% del SMI.

Si los empleados no tuvieran derecho a percibir la prestación por desempleo, sí podrán solicitar el subsidio, cuya cuantía mensual será del 80 % del IPREM vigente en cada momento, siempre que el trabajador hubiera trabajado la jornada completa durante toda la vigencia del último contrato de trabajo por cuenta ajena.

 

¿Quién paga las cotizaciones?

El empleador debe seguir cotizando por sus empleados, pues la relación laboral no se ha extinguido. Por la misma razón, el empresario no está obligado a abonar indemnizaciones.

¿Cómo y cuándo debe solicitarse el ERTE?

Una vez que al empres ha decidido uniciar un ERTE, debe avisar a los trabajadores o a los representantes de los trabajadores para que se constituya una comisión negociadora. Si tienen representantes, el plazo debe ser como máximo de 7 días y , si el aviso es directamente a los empleados debe hacerse con un plazo máximo de 15 días.

Una vez avisados, la empresa comunica formalmente a la Autoridad Laboral el inicio del periodo de consultas, que durará como máximo 15 días.

Finalizado el periodo de consultas con los trabajadores, la empresa comunica el resultado a la Autoridad Laboral y después notifica a los empleados las suspensiones. Una cuestión importante en los casos de fuerza mayor es si debe existir o no autorización administrativa. En el caso del estado de alarma decretado por el riesgo de contagio por el Covid-19, se da por sentado que existe causa de fuerza mayor, sin que sea necesario que la Autoridad Laboral evalúe caso por caso.

 

¿Cuándo termina el ERTE?

Cuando la razón de fuerza mayor finaliza, la empresa puede suspender el ERTE y reincorporar a la plantilla.

En un escenario mucho más pesimista, puede suceder que la razón de fuerza mayor se prolongue tanto en el tiempo que el empleador decida convertir el ERTE en un ERE y proceder a realizar un despido colectivo.

En cualquier caso, habrá de estarse a las medidas de urgencia que implemente el Gobierno en las próximas fechas.

José María Alonso Martín
Abogado

LAS CINCO CLAVES DEL ESTADO DE ALARMA

Por segunda vez en la historia de nuestra democracia ha sido decretado el estado de alarma. En la primera ocasión esta situación excepcional fue motivada por la huelga de los controladores aéreos en el año 2010. El decreto que ha entrado en vigor esta mañana ha sido la consecuencia de la mayor crisis de alerta sanitaria de la historia reciente.

BOE RD ALARMA ALONSO & WEBER

Desde EL JURISTA tratamos de ofrecerles las respuestas a las cinco preguntas clave sobre el estado de alarma.

1)¿Qué es el estado de alarma?

Se trata de  un régimen excepcional cuyo objetivo es el aseguramiento de restablecer la normalidad en una sociedad democrática.

Nuestra Constitución contempla este mecanismo en el art. 116.2, estableciendo que el Gobierno podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad:

  • Grave riesgo, catástrofe o calamidad pública, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud.
  • Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
  • Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
  • Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad y concurra alguna de las circunstancias o situaciones anteriores.

2) ¿Cuánto puede durar el estado de alarma?

La declaración del estado de alarma la realiza el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros. El plazo máximo de duración es de 15 días, pudiendo ampliarse el mismo con la autorización del Congreso de los Diputados, el cual deberá reunirse con carácter inmediato a tal efecto.

 

3) ¿Qué supone el estado de alarma?

La activación del estado de alarma permite al Gobierno:

  1. a) Limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos.
  2. b) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias.
  3. c) Intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados.
  4. d) Limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad.
  5. e) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento de los mercados y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el apartado d) del artículo cuarto.

 

4) ¿Qué no se puede hacer durante el estado de alarma?

El Real Decreto por el que se declara el estado de alarma restringe los movimientos de los ciudadanos, permitiéndoles exclusivamente circular por las vías públicas para:

  • Acudir a su centro de trabajo.
  • Adquirir alimentos y productos de primera necesidad.
  • Acudir a centros sanitarios.
  • Acudir a entidades financieras.
  • Cuidar a personas mayoras o dependientes.

5) ¿Pueden sancionarnos si no respetamos las prohibiciones del Real Decreto?

El Real Decreto contempla que el mando de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas las policías autonómicas y forales pasa al Ministerio de Interior. La resistencia o el incumplimiento a las órdenes de las autoridades llevarán aparejados la correspondiente sanción.

Las multas van desde los 100 euros previstos en la Ley de Seguridad Ciudadana para sanciones leves  hasta las penas de prisión del art. 555 del Código Penal para el delito de desobediencia y resistencia grave a la autoridad.

Consulta el texto íntegro del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-3692

 

José María Alonso Martín

Abogado

¿EN QUÉ CONSISTE LA GOLDEN VISA?

 

GOLDEN VISA ALONSO & WEBERLa ley 14/2013 de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización otorga la residencia a extranjeros que quieran residir en España, facilitándoles la entrada o a los que ya residen, facilitándoles su permanencia por razones de interés económico. Es la denominada GOLDEN VISA, o Tarjeta de residencia para grandes inversores.

Los solicitantes extranjeros deberán cumplir una serie de requisitos importantes para que la solicitud del visado prospere. La ley exige que se cumpla al menos uno de los siguientes requisitos:

  • Que se realice una inversión en España en deuda pública por un valor igual o superior a dos millones de euros (2.000.000€), para ello, se presentará un certificado de la entidad financiera o del Banco de España en el que se indique que el solicitante es el titular único de la inversión para un periodo igual o superior a 5 años.
  • Invertir en depósitos bancarios en entidades españolasen cuyo caso se presentará un certificado de la entidad financiera en el que se constate que el solicitante es el titular único del depósito bancario; o acciones de empresas españolas por un valor igual o superior a un millón de euros (1.000.000€), se presentará el ejemplar de la declaración de inversión realizada en el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad.
  • Llevar a cabo una compra de bienes inmuebles en España cuya inversión sea superior a 500.000 mil euros.

 

  • O por último, realizar un proyecto empresarial en nuestro país.

 

Este punto es importante porque dicho proyecto debe ser considerado y por supuesto, acreditarse de interés general en España.

En esta última modalidad hay una serie de requisitos que van a ser tenidos en cuenta para que la concesión sea favorable, y son fundamentalmente: el perfil profesional del solicitante, se tendrá en cuenta su preparación, formación, currículo, en que ha trabajado, como se ha formado etc. y así comprobar si la actividad que va a desarrollar en España es acorde con su perfil.

Por otro lado, tendrá que tener preparado un plan de negocio para que comprueben si es viable, este plan incluiría por ejemplo, fecha de inicio de la actividad, en que va a consistir, el impacto económico que tendría en España, el número de puestos de trabajo que se van a crear y la cualificación que deberán tener los trabajadores que va a contratar, la descripción de sus productos y servicios…

En otro orden de cosas, hay otra clase de requisitos a cumplir, de carácter más personal:

  • El inversor no puede pertenecer a la Unión Europea, debe ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales en los últimos 5 años, que nunca se le haya negado la entrada a ninguno de los países pertenecientes al tratado “Schengen” o ningún otro país con acuerdo válido con España, que nunca haya estado de forma ilegal en nuestro país, debe tener acceso al seguro médico privado o público para cubrir su estancia y finalmente deberá tener medios financieros suficientes para mantenerse a él y a su familia sin trabajar en España, (digamos que deberá tener en depósito aproximadamente unos 26.500€ y 6.600€ por cada miembro de la familia de manera anual.

Hablemos ahora de la documentación, ésta deberá presentarse en el consulado español en el país de origen del solicitante, sea personalmente o por un representante, dándose el plazo de una semana para que sean revisados y presentarlos en el organismo correspondiente; en 20 días se obtendrá la resolución.

Una vez concedida la autorización, si el interesado está en otro país, tiene un plazo de 1 mes, para solicitar el visado ante el consulado español del país correspondiente. Una vez concedido el visado tiene que viajar a España para la solicitud del permiso de residencia con los documentos aprobados.Una vez en España, se cuenta con 1 MES para la solicitud y toma de huella con el fin de solicitar el TIE (Tarjeta de Identidad del Extranjero).

El artículo 65 de la Ley de Emprendedores  especifica que la simple concesión de este visado permite a su solicitante residir en España al menos un año. Además, el extracomunitario que posea una Golden Visa no necesitará solicitar la TIE.

Cuando pasa el período de concesión del visado (un año) el extracomunitario desea seguir en España, puede solicitar la autorización de residencia para inversores, que tendrá una duración de dos años y se podrá renovar finalizado el periodo de concesión por el mismo plazo inicial; para ello deberá poseer el visado de residencia para inversores en vigor o estar en el plazo de los 90 días naturales posteriores a la caducidad, haber viajado a España al menos una vez durante el periodo de residencia y/o mantener su inversión, recogido en el artículo 66 de dicha ley.

Muchos de las preguntas que nos hacen nuestros clientes inversores es respecto a sus familiares, cónyuges e hijos, si obtienen o no la residencia junto a ellos, la respuesta es afirmativa.

Marta Conejero Jiménez

Abogada

Las consecuencias de la Sentencia del TJUE sobre el IRPH

 

COURT OF JUSTICE ALONSO & WEBER

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto la cuestión más polémica y que más ha preocupado a los bancos españoles desde las cláusulas suelo. Cierto es que la resolución no ha sido todo lo contundente que los prestatarios y asociaciones de usuarios de banca hubieran querido, no obstante deja la puerta abierta a que casi un millón de damnificados puedan reclamar por la abusividad de la cláusula de tipo de interés de referencia.

El IRPH es un índice que fue elaborado por el Banco de España desde el año 1994 . Este índice se ha venido calculando según la media de los tipos de interés de los créditos de las hipotecas que conceden las entidades financieras.

En el año 2004, uno de cada diez hipotecas se vincularon al IRPH. Las demandas sobre el uso de este índice de referencia comenzaron en 2013, coincidiendo con la bajada del Euribor, mientras que el IRPH se estabilizó alrededor del 2%. La consecuencia directa de esta situación fue que las hipotecas referenciadas al IRPH resultasen significativamente más caras.

Las asociaciones de usuarios de banca basan sus reclamaciones en la falta de información sobre el funcionamiento del IRPH, solicitando se declare nula por la falta de transparencia en su comercialización.

En 2017 el Tribunal Supremo tuvo ocasión de pronunciarse sobre el caso. Sin embargo, el Supremo le dio la razón a Kutxabank, por considerar que el control de transparencia no era posible por tratarse de un índice oficial, establecido por el Banco de España.

Dos meses más tarde la cuestión fue elevada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). debido a una petición del Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona.

El TJUE ha establecido que el IRPH es susceptible de ser considerado abusivo y, por tanto, sometido a anulación por parte de los jueces nacionales. Esto es, deja en manos de los jueces españoles decidir caso por caso si la hipoteca es abusiva o no.

Según los datos hechos públicos por las propias entidades financieras, la banca española podría tener en préstamos referenciados al IRPH un importe cercano a los 20.000 millones de euros.

Cualquier particular cuyo préstamo esté referenciado a este índice podrá reclamar, tanto si se trata de hipotecas como de subrogaciones.

Autónomos y empresarios quedarían al margen de este tipo de reclamaciones pues el control de transparencia es una medida de protección para los consumidores y usuarios.

Tampoco podrán reclamar los afectados que demandaron previamente y cuyas sentencias fueron desestimatorias, ni aquellos prestatarios que firmaron con el banco la eliminación del IRPH y su sustitución por otro índice de referencia.

Para reclamar, ALONSO & WEBER abogados les aconseja acudir a su entidad y formular una reclamación con el objeto de obtener una solución extrajudicial.

Algunas entidades están ofreciendo a sus clientes sustituir el IRPH por otro índice a cambio de no continuar con las reclamaciones. Nuestra recomendación es que no firmen ninguna propuesta que les haga su banco sin haber consultado previamente con un abogado especializado. La razón es que, desgraciadamente, las cantidades ofertadas por el banco suelen ser significativamente inferiores a las que realmente pueden ustedes reclamar.

Si la reclamación al banco resulta infructuosa, cabe interponer una reclamación al Banco de España, si bien su respuesta no resulta vinculante para los bancos. Si las anteriores negociaciones también fracasan, no quedará otra opción que presentar demanda ante uno de los juzgados especializados en cláusulas bancarias.

José María Alonso Martín

Abogado

Socio Fundador de ALONSO & WEBER abogados