¿CÓMO DEBO RECLAMAR EL IMPUESTO DE MI HIPOTECA?

Aunque el sentido de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado jueves 16 de octubre es muy claro en el sentido de que son los bancos quienes tienen que abonar el tributo, son numerosas las preguntas que se plantean acerca de la forma en que reclamar la devolución de la cuota del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

 

 

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¿Cuánto dinero me devolverán?

El AJD es un impuesto que grava la constitución de préstamos hipotecarios con un tipo que oscila entre el 0,5% y el 1,5% del importe recibido por el prestatario. Para conocer el importe que hemos abonado habremos de obtener el modelo 600 de liquidación del AJD.

¿Acudo a la Administración Tributaria Autonómica o a los juzgados?

Se está estudiando si la devolución del impuesto, en el caso de que éste se hubiera liquidado en los cuatro últimos años, debería solicitarse a la administración tributaria regional mediante un procedimiento de devolución de ingresos indebidos. En este caso nos encontramos ante un procedimiento administrativo que puede ser iniciado por el ciudadano, pero que puede demorarse muchos meses, incluso años.

Si la hipoteca fue contratada antes de 2014 no podrá solicitarse la devolución a la administración tributaria, con lo que sería imprescindible acudir a la vía civil, en cuyo caso será necesario acudir a un abogado especializado.

¿Cómo es el procedimiento judicial?

El procedimiento judicial es el denominado procedimiento declarativo, que se ventila por la vía del juicio ordinario, en que existe una audiencia previa, en la que las partes proponen prueba,  y una vista principal, tras la cual quedaría el asunto visto para sentencia.

¿Es válido el acuerdo que he firmado con mi banco?

Aunque se hubiera firmado con el banco algún tipo de pacto por el que se renunciaba a reclamar, dicho acuerdo sería nulo de pleno derecho y no habría obstáculo en plantear la correspondiente demanda judicial.

¿Qué son las capitulaciones matrimoniales?

Cuando contraemos matrimonio podemos elegir entre el régimen de bienes gananciales o el de separación de bienes. Las capitulaciones matrimoniales son el contrato por el que los futuros contrayentes fijan las normas que, de forma alternativa al régimen de gananciales, regularán la relación económica matrimonial.

En puridad, las capitulaciones pueden ser otorgadas tanto antes como después de haber contraído matrimonio. El único requisito que se exige es que los cónyuges o futuros contrayentes estén de acuerdo y realicen el otorgamiento ante notario, por medio de escritura pública, con la cual habrá que acudir al Registro Civil, para que quede constancia de que el régimen económico ha sido consensuado.

También cabe que se pueda modificar el régimen matrimonial en cualquier momento del matrimonio, siempre que exista acuerdo de los cónyuges.

Es interesante el hecho de que el cambio de régimen económico matrimonial carece de efectos respecto a terceros, como, por ejemplo, posibles acreedores.

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El régimen de bienes gananciales

En el denominado régimen de gananciales todos los bienes que se adquieran o el dinero que se gane por los dos cónyuges pasará a la sociedad conyugal, esto es, se dividirá al 50% aunque los ingresos y compras se hayan realizado por cada uno individualmente.

Para vender un bien ganancial deberá existir acuerdo de los cónyuges, pues, como ya hemos expuesto, la mitad es de cada uno de ellos. De esta forma, aunque un cónyuge pueda comprar un inmueble sin que firme el otro, para venderlo sí deberá contar con su firma, por tratarse de un bien ganancial.

Dentro del régimen de gananciales sí se consideran privativos los bienes que se habían adquirido por los cónyuges antes de contraer matrimonio y aquellos otros que, aunque se adquieran después de casarse, lo sean a título gratuito, como es el caso de las donaciones y de las herencias y legados.

El régimen de separación de bienes

En este régimen se mantendrá la relación económica previa al matrimonio. Es decir, cada uno de los esposos sigue siendo titular de sus ingresos y de sus bienes y posesiones. Podrán comprar y vender sin el consentimiento del otro y únicamente tendrán en común aquellos bienes que adquieran conjuntamente.

 

José María Alonso Martín

Abogado