¿SE PUEDEN DENUNCIAR LAS INJURIAS LEVES?

La reforma del Código Penal operada en 2015 despenalizó las injurias leves. De este modo, este tipo de injurias, muchas de las cuales eran proferidas en internet, a través de redes sociales, y que antes eran castigadas como falta, ya no son denunciables.

 

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El único supuesto en que el Código Penal sigue considerándolas tipificadas como delito es el supuesto en que las injurias se profirieran en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 173.2. Ello se traduce en que el sujeto pasivo de este delito sea alguna de las siguientes personas:

  • Quien sea o haya sido su cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia.
  • Los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente.
  • Menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente.
  • Persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar.
  • Personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados.

En consecuencia, las ofensas producidas entre extraños fuera de los casos referidos tendrán carácter privado, razón por la cual deberán ser dilucidadas en la vía civil.

Particularmente ilustrativa resulta la Sentencia de 17 de septiembre de 2015 de la Audiencia Provincial de Toledo, que refiere:

” Las injurias leves y las vejaciones injustas, salvo cuando se cometen sobre alguna de las personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 173, quedan al margen del ámbito penal, por tratarse de ofensas de carácter privado cuya reparación puede exigirse en la vía jurisdiccional civil o mediante los  actos de conciliación”.

Lo cual se traduce en que, desde el punto de vista procedimental, quien haya sido objeto de este tipo de injurias se verá obligado a interponer una demanda de protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

Evidentemente, en comparación con la situación anterior a la reforma de 2015, la actual supone más gastos para el justiciable, pues para incoar un procedimiento civil requerirá de la asistencia de un abogado y de la representación de un procurador. Pero además se puede entender que el ofendido deberá acreditar de manera fehaciente y exhaustiva que el demandado ha sido autor de las injurias.

Desde el punto de vista del autor de las injurias leves, supone una considerable ventaja, toda vez que todos los por desgracia frecuentes insultos proferidos en redes sociales pueden quedar impunes si quien los ha recibido no cuenta tanto con medios económicos como con un completo asesoramiento en una materia de tal complejidad y preparación.