¿PUEDE EXIGIRSE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS DURANTE EL ESTADO DE ALARMA?

 

ALONSO & WEBER INCUMPLIMIENTO CONTRATO COVID19

 

La declaración del estado de alarma el pasado mes de marzo dio lugar al establecimiento de una serie de medidas urgentes y excepcionales, en el ámbito social, laboral y económico. Pero, ¿qué sucede con el cumplimiento de los contratos firmados con anterioridad a la emergencia sanitaria? ¿deben cumplirse las obligaciones contractuales a pesar de concurrir situaciones extraordinarias sobrevenidas? ¿puede exigirse a particulares y empresas el cumplimiento de los contratos durante el estado de alarma?

Lo primero a lo que debemos estar es al contenido del contrato y, una vez examinado, habrá de comprobarse si son de aplicación la excepción de fuerza mayor y la cláusula rebus sic stantibus.

La fuerza mayor se encuentra definida como aquella circunstancia imprevisible que se traduce en una modificación de las condiciones contractuales, llevando a la imposibilidad de su cumplimiento.

La consecuencia de la existencia de fuerza mayor no es otra que la producción de una situación de desequilibrio entre los contratantes.

Para el caso en que no fuera posible la consideración de fuerza mayor, en muchos supuestos sería sin embargo aplicable el principio rebus sic stantibus que permite la modificación de los términos de la relación contractual por un cambio imprevisible en las circunstancias.

No debe olvidarse que, además de los referidos, en materia de contratación son tenidos en cuenta otros dos principios: el principio de la autonomía de la voluntad y el llamado pacta sunt servanda.

El primero de ellos, también conocido como libertad contractual, supone reconocer el poder de ambas partes de la autorregulación de sus propios objetivos e intereses, con la única exigencia de la observancia de la ley, el orden público y la moral.

El principio pacta sunt servanda equivale a entender que el contenido del contrato obliga a ambas partes, debiendo ser escrupulosamente cumplido de conformidad con su clausulado.

En cualquier caso, la aplicación del principio rebus sic stantibus en el contexto actual vendrá sujeta a la concurrencia de los siguientes requisitos:

  1. Alteración extraordinaria de las circunstancias al cumplimiento del contrato, en relación con aquellas otras que concurrieron en el momento de su celebración. Se entiende este requisitos como el acaecimiento de un cambio en la denominada fase fáctica del contrato, esto es, que los hechos son ahora diferentes a los de la firma del contrato.
  2. Desequilibrio entre las prestaciones de las partes. Se considera que dicho desequilibrio debe ser desorbitante, lo que supone que debe frustrar la finalidad del contrato. El cambio en las circunstancias debe dar lugar a un desequilibrio entre las partes y las obligaciones asumidas por las mismas.
  3. Circunstancias radicalmente imprevisibles. Para la consideración de una circunstancia imprevisible será preciso que no sea achacable a la parte perjudicada, es decir, que obedezca a una circunstancia que no fue causada por quien manifiesta no poder cumplir.
  4. Carencia de otra vía de reequilibrio. Así las cosas, la cláusula rebus sic stantibusse aplicará únicamente en defecto de otro remedio que posibilite reequilibrar el desequilibrio ocasionado en la relación contractual.

En cualquier caso, para analizar si cabe aplicar este principio, habremos de acudir a un abogado especializado, que procederá al análisis de las circunstancias desde dos vertientes, esto es, dependiendo de si actuamos como proveedores de bienes o servicios o bien si lo hacemos como perceptores de los mismos. En el primero de los casos, la modificación de las circunstancias fácticas ha de imposibilitar la prestación del servicio o la entrega del producto en cuestión. En el segundo supuesto el contratante, quien venía inicialmente obligado a abonar el servicio o bien recibido, ve como las circunstancias concurrentes impiden que pueda atender al pago.

Además de lo anterior, en el análisis del cambio en las condiciones habrá de estarse a dos factores:

  • El contenido de los contratos, pues puede que se haya previsto la concurrencia de este tipo de acontecimientos.
  • Las circunstancias geográficas, temporales, personales, etc.

Sea como fuere resulta altamente recomendable que, una vez se constate la imposibilidad de cumplimiento, se comunique esta circunstancia a la otra parte, debiendo hacerse de manera fehaciente. En dicha comunicación deberán explicarse y acreditarse en qué consisten las modificaciones que dificultan o impiden el cumplimiento del contrato. Solamente si no se consigue alcanzar un acuerdo amistoso, deberá acudirse a la vía judicial, siendo los juzgados quienes aprecien si concurren los elementos de la fuerza mayor y si la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus permite que puedan ser moduladas las obligaciones contractuales.

José María Alonso Martín

Abogado

¿SE PUEDEN MODIFICAR LAS MEDIDAS DE CUSTODIA Y VISITAS TRAS EL COVID-19?

 

MEDIDAS DIVORCIO ALONSO & WEBER

 

La “nueva normalidad” que llega a la mayor parte de las provincias españolas con el inicio de la Fase 1 de la desescalada plantea nuevas situaciones también en el derecho de familia.

Hablamos de las planteadas en cuanto al ejercicio de la patria potestad, la custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos.

La patria potestad, que es el conjunto de derechos y atribuciones de los padres respecto de sus hijos menores, sigue plenamente vigente, como lo ha estado durante el confinamiento. Así, si el menor resultase contrajese el virus, el cuidado correspondería a ambos progenitores, y, si fuese ingresado, dicho cuidado debería realizarse siempre respetando las normas del correspondiente centro sanitario.

En este punto, debemos recordar, como lo haremos más adelante, que la suspensión de las clases en los colegios en ningún caso debe entenderse como periodo vacacional de los menores, razón por la cual ambos progenitores, cualquiera que sea el régimen de custodia, deben interesarse de igual forma por la realización de las tareas y el desarrollo del curso académico.

Por lo que se refiere a la suspensión del régimen de custodia, habremos de diferenciar entre si se trata de custodia en exclusiva o compartida. En este orden de cosas, si nos encontramos ante un supuesto de custodia individual y dado que en la nueva fase de desescalada están permitidos los traslados con absoluta normalidad dentro de la provincia, no existe impedimento para que el progenitor no custodio realice tanto las visitas intersemanales como las recogidas para el disfrute de los fines de semana que le correspondan.

Llama poderosamente la atención que las visitas intersemanales sin pernocta habían quedado en principio suspendidas por acuerdo mayoritario de las juntas de jueces de familia.

En cuanto a los periodos vacacionales, aunque no  se haya levantado el estado de alarma para cuando deban disfrutarse, deberán respetarse los periodos de estancia de los menores con cada progenitor.

Como ya indicamos al inicio, muchos progenitores han identificado el periodo de interrupción de las clases por el estado de alarma con un periodo de vacaciones. Esta interpretación es absolutamente errónea. Aunque hayan sido suspendidas las clases presenciales, en muchos casos se están siguiendo de manera telemática y se están realizando tareas en casa. De este modo, no debe olvidarse que nos encontramos en pleno curso académico.

Aunque la magnitud de la crisis económica que va a provocar la situación actual es aún imprevisible, sí cabe adelantar que decenas de miles de padres y madres verán reducidos significativamente sus ingresos, bien porque hayan dejado de cobrar sus salarios y perciban únicamente una prestación por desempleo por haberse acogido a un ERTE la empresa en que trabajaban o directamente por haber perdido sus empleos. Esta situación, que intuimos será más que frecuente, y que afectará a las pensiones de alimentos y compensatorias a cuyo pago hayan venido obligados los progenitores, únicamente podrá ponerse de manifiesto a través de una demanda de modificación de medidas.

Sin embargo, debemos resaltar que, para que la demanda de modificación de medidas tenga visos de ser estimada, la situación de perjuicio económico sufrida por el progenitor debe ser permanente, o al menos continuada en el tiempo.

En el otro lado, nos encontraremos con progenitores que, como consecuencia de esta situación excepcional, han dejado de cobrar las pensiones de alimentos a favor de sus hijos o bien las pensiones compensatorias correspondientes. Esta circunstancia debe ser reclamada mediante una ejecución de sentencia. Aunque, hasta la fecha, los juzgados de familia habían adelantado que no darían trámite a este tipo de demandas, es previsible que, con la paulatina reincorporación de los funcionarios de la administración de justicia, comiencen a ser admitidas.

Podría darse el caso que, pese a encontrarse previstas en el convenio regulador o en la sentencia unas determinadas medidas, los progenitores hayan pactado otras durante el estado de alarma. Ni que decir tiene que este pacto tiene total validez y, siempre que quede constancia por escrito, deberá ser respetado por ambas partes, con independencia que tan pronto como se vuelva a la normalidad puedan rehabilitadas las medidas inicialmente previstas.

Siendo ya recomendable en situaciones normales consensuar todo tipo de medidas cuando existen hijos menores, con más motivo debe apelarse a la comprensión ante una situación excepcional y ajena a la voluntad de las partes.

Así las cosas, resulta ineludible concluir que, a la vuelta a la normalidad tras el estado de alarma, deberán seguirse las siguientes pautas:

– Evitar en la medida de lo posible acudir a procedimientos judiciales, agotando vías tales como la mediación y la conciliación.

– Concienciar a la administración de justicia de contar con medios y personal suficiente para hacer frente a la gran cantidad de nuevos asuntos que se plantearán en los próximos meses.

– Apelar al sentido común, tanto de los ciudadanos como de los órganos jurisdiccionales, teniendo en cuenta que muchas de las situaciones planteadas son consecuencia de una situación extraordinariamente excepcional.

 

José María Alonso Martín

Abogado

¿QUÉ HACER SI NO HAS COBRADO LA PRESTACIÓN POR ERTE?

 

ERTE ALONSO & WEBER

 

A pesar de las constantes afirmaciones del Ministerio de Trabajo sobre la rapidez en los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal, los datos que refleja la realidad son bien distintos. Las quejas de cientos de miles de trabajadores que se encuentran aún a la espera de cobrar sus prestaciones aumentan cada mes.

Es cierto que el aluvión de solicitudes de ERTE recibidas desde finales de marzo por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha provocado una ralentización en la resolución de este tipo de expedientes. De este modo, solamente en Andalucía más de 100.000 trabajadores afectados aún no han cobrado su prestación.

¿Cómo saber si un ERTE ha sido aprobado?

La aprobación de la solicitud de ERTE puede comprobarse en la página del Servicio Público de Empleo Estatal (https://sede.sepe.gob.es), donde se solicitan los datos relativos al NIF, cuenta bancaria y fecha de solicitud o número de teléfono. Si alguno de los datos no es correcto, aparecerá el siguiente mensaje: “la numeración facilitada no coincide con la cuenta corriente registrada en nuestro sistema”. No obstante, ello no supone que la denegación de información se deba realmente a un error, pues a continuación puede leerse  este mensaje: “Es posible que su presentación no esté aún recogida en nuestra base de datos”. Esto supone directamente que el ERTE no ha sido aún tramitado, no pudiendo aún comprobarse si ha sido admitido o denegado.

Para el caso del que el ERTE haya resultado aprobado, se podrá conocer la cuantía de la prestación -un 70% de la base reguladora- y su duración.

La página del SEPE facilita la resolución de dudas a través de un formulario online y de un número de teléfono (900 81 24 00).

¿Cómo reclamar?

Quienes comprueben que su ERTE ha sido ya aprobado pero, aún así, no han percibido su prestación deben formular una reclamación patrimonial ante el SEPE. Dicha reclamación puede ser presentada desde el día 11 del mes siguiente al que haya sido aprobado del ERTE y a través de la propia web o bien enviada por correo certificado a la dirección provincial del SEPE.

Desde el envío de la reclamación el plazo de la Administración para resolver es de seis meses, entendiéndose el silencio como desestimatorio de la reclamación. Tanto en este caso como en el supuesto de resolución expresa no reconociendo el derecho a la prestación, deberá agotarse la vía administrativa antes de presentar demanda judicial ante el juzgado de lo social.

La denegación de la prestación o la falta de resolución hará que, con carácter previo a la demanda, debamos formular una reclamación previa a la vía jurisdiccional social. En el caso de resolución expresa, el plazo es de treinta días desde la notificación del SEPE y, de tratarse de silencio administrativo, dispondremos de un plazo de tres meses desde la solicitud del ERTE.

No obstante, aunque la reclamación la deberá tramitar el trabajador, resulta recomendable informar a la empresa pues no debemos olvidar que la situación del ERTE es una simple suspensión de la relación laboral que no desvincula al trabajador de la empresa que lo tiene contratado.

La redacción de la reclamación previa es aconsejable que la realice un abogado especializado pues, de no ser estimada por la Administración, determinará como deba ser redactada la demanda que habrá de ser presentada al juzgado de lo social. De esta forma, deberá aportar todos los datos necesarios (trabajador, empleador, fecha de solicitud, fecha de denegación), relatar los hechos de manera clara y concisa y aportar las pruebas necesarias.

José María Alonso Martín

Abogado