La asistencia jurídica gratuita

 

Fundamento normativo

Establece el art. 119 de la CE el derecho a la justicia gratuita; la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

El art. 20 de la LOPJ recoge la declaración constitucional y la prohibición de exigir fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular. Una ley ordinaria regula el sistema de justicia gratuita: la Ley 1/1996, de 10 de enero, sobre Asistencia Jurídica Gratuita.

Sujetos de la asistencia jurídica gratuita

Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita los ciudadanos españoles, a los que se asimilan los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y los ciudadanos de otros países, siempre que residan legalmente en España.

En todo caso, los solicitantes habrán de acreditar la insuficiencia de recursos para litigar. Además, podrán solicitar el derecho de asistencia gratuita en el orden jurisdiccional social, y sólo para lo que se refiere a la defensa enjuicio, todos los trabajadores y todos los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, con independencia de cuáles sean su ciudadanía y el régimen de residencia que tengan en España.

En el orden jurisdiccional penal, tienen derecho a la asistencia letrada todos los ciudadanos extranjeros. Igualmente tendrán reconocido el derecho a asistencia letrada los extranjeros en el orden contencioso-administrativo.

 

Requisitos para la asistencia jurídica gratuita

Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente al momento de efectuar la solicitud.

La ley entiende que constituye la unidad familiar la integrada por los cónyuges no separados legalmente y por los hijos menores no emancipados; y la formada por el padre o la madre y los hijos menores de edad no emancipados. Para personas jurídicas el límite mínimo se fija en una base imponible en el Impuesto de Sociedades igual o superior al triple del salario mínimo interprofesional.

No obstante, existen supuestos en los que, teniendo el justiciable unos ingresos superiores al mínimo establecido, no tenga los medios suficientes para pagar los gastos de asistencia judicial (número de hijos, salud, obligaciones económicas, etc.) .

En estos casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá reconocer el derecho de manera total o parcial.

 

Contenido de la asistencia jurídica gratuita

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende:

• Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso .

• Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado.

• Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en los supuestos judiciales que la ley establezca.

• Inserción gratuita de anuncios o edictos que deban publicarse en los periódicos oficiales.

• Exención del pago de depósitos que algunas veces la ley exige para la interposición de los recursos.

• Asistencia pericial en el proceso.

• Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.

• Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas, copias y testimonios notariales.

 

Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita

El derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce en vía administrativa por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Estas Comisiones tendrán su sede en cada una de las capitales de provincia, en Ceuta y Melilla y en cada isla en que existan uno o más partidos judiciales.

La solicitud de reconocimiento produce la suspensión del proceso que pueda estar en marcha a fin de evitar que el tiempo que necesariamente transcurre en la tramitación del procedimiento administrativo pueda perjudicar al derecho de defensa de quien lo solicita.

La resolución, si es de reconocimiento, confirma los nombramientos provisionales de abogado y procurador.

Si por el contrario deniega la solicitud, las designaciones de abogado y procurador quedarán sin efecto, debiendo el solicitante abonar los honorarios correspondientes.

 

Prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita

Los Colegios de Abogados están obligados a la organización, dentro de su sede, de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Corresponde al Estado, a través del Ministerio de Justicia, aportar los fondos necesarios para hacer frente a este servicio público.

Los profesionales que intervienen en el servicio tendrán la facultad de no prestar el servicio para el que han sido requeridos cuando consideren que el derecho que se pretende ejercitar por el justiciable no tiene fundamento o es insostenible el recurso que pretende interponer.

¿Qué es la dación en pago?

¿Qué es la dación en pago?

En virtud del artículo 140 de la Ley Hipotecaria: podrá válidamente pactarse en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación garantizada se haga solamente efectiva sobre los bienes hipotecados.

En este caso, la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, quedarán limitadas al importe de los bienes hipotecados, y no alcanzarán a los demás bienes del patrimonio del deudor.

Cuando la hipoteca así constituida afectase a dos o más fincas y el valor de alguna de ellas no cubriese la parte de crédito de que responda, podrá el acreedor repetir por la diferencia exclusivamente contra las demás fincas hipotecadas, en la forma y con las limitaciones establecidas en el artículo 121.

El legislador parece dejar abierta la posibilidad de pactar en la escritura de constitución de la hipoteca voluntaria que la obligación afecte exclusivamente a los bienes hipotecados. En el caso de bienes inmuebles, en consecuencia, la deuda se saldaría con la entrega del mismo al acreedor hipotecario, esto es, el banco.

La deuda no alcanzaría a los demás bienes del patrimonio del deudor. Efectivamente, la Ley Hipotecaria contempla la dación de pago –datio in solutum- en virtud de la cual el deudor, realiza, a título de pago, una prestación distinta de la debida al acreedor, quien acepta recibirla en sustitución de ésta  Ahora bien, ésta será posible siempre y cuando se haya pactado entre deudor y acreedor antes de la formalización el préstamo hipotecario.

De no existir pacto, según lo dispuesto en el artículo 105 de la misma ley, la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor establecida en el artículo 1.911 del Código Civil, según el cual: Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.

Enlazando con lo establecido en el artículo 1.911 del Código civil, cabe recordar que en su articulado, si bien se habla de la dación en pago – artículos 1.521 y 1.636-, no se hace como modo extintivo de las obligaciones.

Sí se contempla de manera expresa en el artículo 155 de la Ley Concursal, al hablar del pago de créditos de privilegio especial.

¿Cómo hacer la dación en pago?

De lo anteriormente expuesto, cabe deducir que la dación en pago no siempre será posible. En cualquier caso, desde aquí recomendaremos cómo actuar si pretendemos negociar esta solución con la entidad financiera.

1.- En la escritura de hipoteca, que normalmente debió ser suscrita en el mismo acto de la compraventa del inmueble se encuentra reflejado si el tipo señalado para una hipotética subasta es igual o superior al importe de la deuda.

 
2.- Una vez confirmado este primer detalle, deberá recabarse toda la documentación que venga a justificar la situación económica que impida pagar las cuotas al deudor hipotecario. Será suficiente con los extractos bancarios que demuestren la insuficiencia de recursos.

 

3.- Una correcta exposición de los hechos será recomendable. Primero será conveniente plantearlo al director de tu oficina. Probablemente éste, cuando lo haya cotejado con sus superiores remitirá el expediente al Jefe de Morosidad territorial. Con independencia de que se cuente con el asesoramiento de un profesional –abogado o economista colegiados-, será interesante que la gestión sea realizada por el deudor en persona. Sigue valorándose que se planteen soluciones para resolver el problema en lugar de hacer caso omiso a las llamadas y notificaciones del acreedor.

 
4.- El hablar personalmente con los responsables de la entidad financiera no te debe hacer pensar que todo lo que le planteas va a ser remitido a sus superiores. Desde aquí recomendamos que de toda la documentación quede constancia fehaciente. Puede ser suficiente el envío de forma oficial por Burofax, aunque no debe descartarse la notificación o requerimiento notarial, si bien éste último es más costoso.

 

5.- Un factor importante es la ausencia de patrimonio con el que hacer frente al pago. Cabe insistir en el hecho de que, cuando la propuesta de dación en pago sea formalmente presentada, el analista de riesgo que estudie el expediente, decida finalmente aceptarla por la total imposibilidad de cobrarse de ninguna otra forma la deuda así como por las facilidades que el deudor está dando a la entidad para obtener la propiedad del bien hipotecado.

 

6.- Fundamental: En todo el proceso, habrá que tomar una actitud proactiva y no reactiva, es decir, conviene tomar las riendas de la situación en lugar de que sea el banco quien tome la iniciativa.

El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen

La publicación de determinadas imágenes, o la publicación de determinadas manifestaciones relativas a hechos pertenecientes a la vida privada de las personas constituyen en la actualidad el origen de litigios, frecuentemente sostenidos entre particulares y medios de comunicación e informadores.

 

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se encuentran reconocidos en el artículo 18.1º dela Constitución Española.

 

Muchas son las formas de aparición del honor, reconducidas, en palabras de Muñoz Conde, a la reputación social. Con ella se intenta resumir todas aquellas cualidades de la persona en la sociedad. Pero además el honor debe ser entendido en un sentido subjetivo, esto es, la consciencia de la persona de las referidas cualidades. La jurisprudencia tutela absolutamente todas las manifestaciones del honor. Fruto de su particular protección, es su regulación en el Código Penal, a través de la tipificación de los tipos de calumnias e injurias.

 

El reconocimiento de la llamada esfera privada de la persona lleva a la protección de la intimidad, como derecho que no puede ser objeto de indagaciones o intromisiones ajenas. Aunque en nuestro ordenamiento su consideración ha sido relativamente reciente, ya Nizer definía el derecho a la privacidad (right of privacy) como el derecho del individuo a una vida anónima. Particularmente interesante –y no menos polémico- es el problema de la delimitación de esa esfera privada en personas que, por su actividad o relevancia, pasan a ser considerados personajes públicos. La jurisprudencia ha venido a concluir, en definitiva, que el derecho a la intimidad en estos casos tendrá como límite otro derecho fundamental, como es el derecho a la información, por lo que habrá de estarse a la consideración del caso concreto.

 

También en conflicto con el derecho a la información, el derecho a la propia imagen posee una importante dimensión pública, llevando a cuestionar la libertad de difusión o reproducción de la imagen de las personas sin su expreso consentimiento. Este derecho, que no es más que un matiz del derecho a la intimidad, presenta dos vertientes. La primera, de índole negativa, que tendría como consecuencia la prohibición a terceros de divulgar la imagen o aspecto físico de una persona. La segunda, de carácter positivo, en tanto supondría la facultad de autorizar la difusión de la propia imagen e incluso la explotación comercial de la misma.