¿POR QUÉ LOS JUZGADOS ESTÁN REVOCANDO LAS MULTAS DEL CONFINAMIENTO?

Las primeras sentencias emitidas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo rechazan la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer sanciones.

Meses después de que se impusieran en pleno confinamiento tras la decretar el Gobierno el estado de alarma, los jueces están dictando resoluciones que revocan las sanciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impusieron a quienes no respetaban la limitación de movimientos en las primeras semanas del estado de alarma.

La razón es que ni el Real Decreto 463/2020, que instauró el estado de alarma, ni la ley orgánica 4/1981, y ni siquiera la Ley de Seguridad Ciudadana contemplan cuáles son los casos sujetos a multas durante el confinamiento. 

Respecto de aquellas sanciones impuestas en los casos en que no se ha requerido al ciudadano infractor para que rectifique y cumpla con las normas, y no haya existido menosprecio o violencia por parte del supuesto infractor, la jurisprudencia está siendo unánime y pacífica.

Llegados a este punto, debe tenerse en cuenta que, en materia sancionadora, debe regir el principio de tipicidad. Esto es, solamente constituyen infracciones las conductas identificadas por la norma. Es precisamente por este motivo que una sanción impuesta sobre una conducta no tipificada es ilegal y puede ser anulada.

El amparo legal que la Abogacía del Estado dio a la vía sancionadora fue la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana, que, en su artículo 36.6 considera infracción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

Pero no estaríamos en los supuestos previstos por este precepto cuando el infractor, una vez requerido por la autoridad, obedeciese y corrigiese su conducta.

Distinto sería que se hubiese utilizado como respaldo legal la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuyo artículo 57 resulta perfectamente aplicable frente a infracciones directas de los deberes ciudadanos impuestos por las autoridades en materia sanitaria. Y es que, en estos supuestos, la sanción aparejada a la infracción cometida, la cual dependerá de la gravedad del daño podrá ir de 3.000 euros para las infracciones leves, es decir, si no se demuestra la concurrencia de un daño directo para la salud, a 60.000 euros para las graves, esto es, cuando pueda acreditarse que la infracción implique un serio daño para la salud.

En este ámbito, sin embargo, nos encontramos con un claro problema competencial, ya que, mientras el artículo 32 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana atribuye competencias sancionadoras a la Administración del Estado y a la Administración Local, la competencia para imponer las multas previstas en la Ley General de Salud Pública, al ser materia sanitaria, es exclusiva de las Comunidades Autónomas.

En cualquier caso, todas las sanciones habrán de guardar proporción con la infracción cometida. La sanción máxima prevista en caso de desobediencia es de 30.000 euros, habiendo fijado el Ministerio de Interior una multa de 600 euros por “desplazamiento no autorizado sin circunstancias concurrentes”.

No obstante, además de la no existencia de una desobediencia a la autoridad una vez se es requerido, puede alegarse que concurren circunstancias excepcionales, de fuerza mayor o de cumplimiento de obligaciones familiares o laborales.

De lo expuesto, no debe interpretarse que de toda conducta infractora no puedan derivarse consecuencias jurídicas, pues siempre existirán casos en los que concurran requisitos que hagan imposible evitar la sanción.

Lo que sí parece claro es que, tras los acontecimientos vividos a raíz de la pandemia, resulta necesario plantear una nueva regulación de los estados de alarma, excepción y sitio contemplados en el artículo 116 de la Constitución.

José María Alonso Martín

Abogado

¿QUÉ ES UN ALBACEA TESTAMENTARIO?

El albacea testamentario cumple con aquellas instrucciones que deja el testador, la persona que otorga el testamento, y cuya principal función es que se cumpla su última voluntad.

El nombramiento se realiza en el mismo testamento, aunque es un cargo voluntario, que debe ser expresamente. También queda a facultad del testador establecer si el cargo va estar o no retribuido.

El albacea suele ser alguien con quien el testador tiene mucha confianza. Se prevé que puedan ser varios los albaceas, en cuyo caso actuarán de manera mancomunada o solidaria, según el caso.

Las funciones del albacea, que quedarán plasmadas en el testamento, determinarán que existan dos tipos de albacea:

  • El albacea universal, quien queda a cargo de toda la herencia hasta la entrega de los bienes que la integran a cada uno de los herederos.
  • El albacea particular, que recibe del testador unas funciones específicas, debiéndose estar a lo que concretamente le sea encomendado.

Entre las funciones más comunes de los albaceas se encuentran la interpretación del testamento, contar, partir y administrar los bienes de la herencia, así como el pago de las deudas que existiesen y preservar los bienes.

Para el caso en que las funciones del albacea no sean previstas en el testamento, debe entenderse que son las establecidas legalmente. Son las siguientes:

  • Hacerse cargo de funeral, cremación o incineración, de acuerdo con las costumbres o con lo dispuesto por el testador.
  • Confirmar que el testamento sea válido.
  • Conservar los bienes de la herencia.
  • Vigilar el cumplimiento del testamento.
  • Pagar el legado en metálico.
  • Realización del inventario de bienes con la presencia de herederos y legatarios.

Pero el albacea, además de obligaciones, también tiene una serie de derechos.  Así, deben recibir el reembolso de los gastos en los que haya incurrido por el cumplimiento de sus funciones y podrá reclamar compensaciones por daños y perjuicios sufridos.

Puede ser albacea cualquier persona en la que confíe el testador, con los requisitos de ser mayor de edad y tener capacidad de obrar. Aunque ni la titulación académica ni su nivel formativo es decisivo, por lo general el albacea suele ser abogado o notario, elegido por el testador por su confianza y por sus conocimientos específicos en la materia.

El único requisito para cumplir con las funciones propias del albacea es aceptarlas. Esto es, el albacea debe aceptar su cargo. El albacea dispone de seis días desde que se le anuncie su nombramiento o desde el momento en el que conoce la muerte del testador para excusarse del cargo. En esta ocasión no necesita justificar su decisión.

Una vez aceptado el cargo, la única forma de evitar el cumplimiento de sus obligaciones es y renunciar con justa causa y ante notario. Entre los motivos más frecuentes para expresar esta renuncia se encuentra el padecer una enfermedad, disputas con los herederos o bien cuando el ejercicio de su cargo le ocasione algún tipo de perjuicio.

La muerte del albacea determina también el cese de sus funciones, las cuales no pueden ser delegadas.

José Maria Alonso Martín

Abogado

ALONSO & WEBER ABOGADOS: NUEVA SENTENCIA FAVORABLE SOBRE TARJETAS REVOLVING

ALONSO & WEBER abogados vuelve a obtener una sentencia favorable contra Wizink Bank en una nueva reclamación de tarjetas de crédito “revolving”.

El día 26 de octubre de 2020, la Magistrada-Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Vélez-Málaga dictó sentencia fallando a favor de uno de los clientes de Wizink.

Nuestro cliente había concertado inicialmente con Citibank un contrato de tarjeta de crédito “revolving” en el año 2005 bajo unas condiciones poco transparentes, no habiendo sido informado debidamente de los intereses que podía generar el uso de dicho crédito. 

Tales condiciones fueron modificadas en varias ocasiones, de modo que el interés pagado por el cliente llegó a ser del 26,82% TAE, muy superior al interés normal del dinero, tal como establece la sentencia:

“El tipo de interés del 26,82% (TAE) fijado en el contrato de tarjeta de crédito de 10 de noviembre de 2005 es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso. La comparación del TAE fijado en la operación y el interés medio de los préstamos al consumo en el año 2005, fecha inmediatamente posterior a la que fue concertado el crédito, que era de 8,11%, nos permite afirmar que el interés estipulado es notablemente superior al normal del dinero”.

Además la entidad fue aumentando las comisiones de manera injustificada, e incorporando otras que no habían sido fijadas en el momento inicial.

Según el fallo del Tribunal, se estiman íntegramente las pretensiones del demandante, declarando la nulidad del contrato de tarjeta “revolving” y condenando a la entidad demandada a soportar las consecuencias jurídicas y a la devolución al actor de las cantidades cobradas en otros conceptos no incluidos en el capital desde la fecha del contrato, con los intereses legales, cantidad que se determinará en ejecución de sentencia.

Con ello viene a consolidarse la posición de ALONSO & WEBER abogados como bufete de referencia en Derecho Bancario en Málaga y particularmente en la comarca de la Axarquía, en la que este despacho ha sido pionero en reclamación de cláusulas abusivas.