EL REGISTRO DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS

El Gobierno andaluz dio en febrero, desde la publicación del Decreto en el BOJA, un plazo de tres meses para el registro de las viviendas turísticas.

De esta manera, la Junta de Andalucía trata de evitar situaciones de fraude, sacando de la situación de alegalidad en el que se encontraban apartamentos, casas o habitaciones alquiladas con usos turísticos.

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La regularización de la actividad de alquiler de inmuebles pasa por la inscripción en el denominado Registro de Turismo de Andalucía  por parte de los propietarios.

Estos inmuebles contarán con un año de plazo para adaptarse a los requisitos que la nueva norma exige.

Se calcula que son 80.000 las viviendas de este tipo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Son viviendas turísticas todas las ubicadas en suelo de uso residencial donde se ofrece, mediante precio, el servicio de alojamiento de forma habitual y con fines turísticos, es decir, con comercialización y promoción en agencias de viaje, empresas mediadoras u organizadoras y medios que incluyen posibilidad de reserva.

Las viviendas deberán disponer de licencia de primera ocupación, tener ventilación exterior, mobiliario, refrigeración, ropa de cama, menaje y botiquín de primeros auxilios además de ofrecer a los usuarios información turística de la zona y disponer de hojas de quejas y reclamaciones, así como un teléfono de contacto para resolver incidencias.

La prestación del servicio de alojamiento turístico sin estar inscrito en el Registro de Turismo se considerará una infracción grave, castigándose con una multa que ascenderá a 150.000 euros.

Los propietarios deberán indicar el código de inscripción en el registro en toda publicidad realizada, sea en internet, prensa o cualquier otro medio. En cualquier caso los propietarios deberán permitir el trabajo de la inspección de la Consejería de Turismo y Deporte.

Legalizar este tipo de actividad se encuentra desde la entrada en vigor del decreto condicionada a su Registro de Turismo de Andalucía y sus titulares presentar la correspondiente declaración responsable para el inicio de la actividad.

Esta es la primera normativa de España que contempla la posibilidad de alquilar una única habitación de la vivienda. Los trámites y la documentación a seguir son los mismos que si se alquila la vivienda al completo. En este caso recibirán igualmente un número de registro con el que publicitar este servicio en las plataformas ‘on line’ especializadas en el alquiler vacacional.

La normativa obliga a hacer un contrato a cada inquilino, aunque éste únicamente permanezca una noche. Este acuerdo escrito se deberá guardar durante un año por si es requerido por los inspectores de Turismo. En este documento deberá constar el nombre de la persona o entidad explotadora de la vivienda, el código alfanumérico de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, el número de personas que van a ocupar el piso, las fechas de entrada y salida, el precio total de la estancia y el número de teléfono que se le proporciona al cliente para comunicar incidencias.

Quienes alquilen tres o más inmuebles en un mismo edificio o en bloques que estén en un radio de un kilómetro deben regularse por el decreto de Apartamentos Turísticos. Esta norma es más exigente, pues obliga a tramitar una licencia de apertura y a cumplir con requisitos que incluyen unas medidas mínimas en las distintas estancias de la casa. Pero además, al ser considerado ya un establecimiento turístico, la tributación será diferente a la de un servicio turístico como es el alquiler de un inmueble. El propietario de tres o más viviendas tendrá que darse de alta como autónomo para explotar esta actividad y regirse a nivel fiscal por los requerimientos propios de quien realiza una actividad empresarial.

CÓMO HEREDAR EN LA UNIÓN EUROPEA

Hace unos años nuestros clientes que heredaban en el ámbito de la UE nos planteaban difíciles y complejos casos, para muchos de los cuáles no había solución.

La nueva legislación comunitaria en materia hereditaria permite simplificar los trámites y viene a determinar los tribunales competentes y la ley a aplicar en cada caso.

Básicamente, puede decirse que los tribunales del país de la Unión Europea donde el finado tuviera su residencia habitual al momento del fallecimiento serán los competentes para tramitar la herencia, aplicándose en consecuencia el derecho de ese país.

No obstante, se permitirá a los ciudadanos de otros estados elegir que se aplique su ley nacional.

Las sentencias sobre herencias que se hayan dictado en cualquier país de la UE serán automáticamente reconocidas en el resto de los estados miembros.

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El certificado sucesorio europeo.

Una de las principales novedades reside en la existencia de este documento, que acreditará la condición de heredero, legatario, ejecutor testamentario, albacea o administrador de la herencia.

El certificado sucesorio europeo es expedido por el notario que sea competente a instancia de persona interesada, es decir, la autoridad no actúa de oficio.

En definitiva toda persona que sea heredero, legatario, ejecutor, albacea o administrador de la herencia puede tener interés en contar con un certificado sucesorio europeo, y, en consecuencia, instar ante la autoridad competente la expedición de un certificado que acredite su condición.

El certificado sucesorio europeo es un instrumento con el objeto de eliminar los obstáculos con los que se encuentran las personas que quieren ejercer sus derechos como interesados en una sucesión con carácter transfronterizo, pues, actualmente, son tan variados los medios de probar y acreditar la cualidad de interesado en una sucesión en los distintos estados.

 

¿A quién afecta?

En líneas generales, las nuevas normas hereditarias serán de aplicación en todos los estados miembros de la UE, exceptuando Reino Unido, Irlanda y Dinamarca.

Esto supone que las personas que residan en estos países no están sujetas a la normativa expuesta. Por el contrario, los ciudadanos británicos, irlandeses o daneses que residan en cualquiera de los países de la UE sí podrán beneficiarse de las nuevas normas.

 

¿Qué incluye y qué no incluye la nueva legislación?

HERENCIA ALONSO & WEBER