¿PUEDE LA POLICÍA ENTRAR EN MI DOMICILIO SIN MI CONSENTIMIENTO?

Las sucesivas prórrogas del estado de alarma y la prohibición expresa de reunirse con no convivientes a partir de cierto aforo ha llevado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a intervenir accediendo a inmuebles donde se celebraban fiestas que vulneraban las prohibiciones impuestas por el Gobierno y las Comunidades Autónomas.

Pero esta situación nos lleva a plantearnos la pregunta de si dichas intervenciones son legales si no media consentimiento ni orden judicial.

Supuestamente, la legalidad de la entrada y registro de los agentes de la policía en estos casos podría encontrarse amparada por los artículos 9.13 y 16.1 de la Ley de Seguridad Ciudadana

En particular, el artículo 16.1 establece que “en el cumplimiento de sus funciones de indagación y prevención delictiva, así como para la sanción de infracciones penales y administrativas, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir la identificación de las personas en los siguientes supuestos: 

a) Cuando existan indicios de que han podido participar en la comisión de una infracción.

b) Cuando, en atención a las circunstancias concurrentes, se considere razonablemente necesario que acrediten su identidad para prevenir la comisión de un delito”.

El artículo 16.5 dispone asimismo:

“En los casos de resistencia o negativa a identificarse o a colaborar en las comprobaciones o prácticas de identificación, se estará a lo dispuesto en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, en su caso, en esta Ley”.

El debate está planteado al ponerse en el otro extremo de la balanza  un derecho fundamental como es el recogido en el artículo 18 de la Constitución Española, y que consagra la inviolabilidad del domicilio, la cual no puede ser suspendida durante el estado de alarma, únicamente en caso de estado de excepción o de estado de sitio (art. 11 de la Ley 4/1981 de estados de alarma, excepción y sitio).

Sobre lo alegado por los agentes de la autoridad, en relación con que los ocupantes de estos inmuebles cometen un delito de desobediencia al negarse a abrir a la autoridad, cabe reseñar que dicha actuación de entrada y registro en el domicilio se encontraría únicamente justificada en el caso de comisión de un delito flagrante.

En ningún caso una infracción administrativa, como es el caso, legitimaría la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en estos casos.

Esto es, sin una orden judicial los agentes no podrán acceder a la vivienda, y en caso de hacerlo, los hechos podrían llegar a ser tipificados como allanamiento de morada, al no haberse recabado del propietario o del inquilino el consentimiento necesario.

 José María Alonso Martín
Abogado

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