¿POR QUÉ LOS JUZGADOS ESTÁN REVOCANDO LAS MULTAS DEL CONFINAMIENTO?

Las primeras sentencias emitidas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo rechazan la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana para imponer sanciones.

Meses después de que se impusieran en pleno confinamiento tras la decretar el Gobierno el estado de alarma, los jueces están dictando resoluciones que revocan las sanciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impusieron a quienes no respetaban la limitación de movimientos en las primeras semanas del estado de alarma.

La razón es que ni el Real Decreto 463/2020, que instauró el estado de alarma, ni la ley orgánica 4/1981, y ni siquiera la Ley de Seguridad Ciudadana contemplan cuáles son los casos sujetos a multas durante el confinamiento. 

Respecto de aquellas sanciones impuestas en los casos en que no se ha requerido al ciudadano infractor para que rectifique y cumpla con las normas, y no haya existido menosprecio o violencia por parte del supuesto infractor, la jurisprudencia está siendo unánime y pacífica.

Llegados a este punto, debe tenerse en cuenta que, en materia sancionadora, debe regir el principio de tipicidad. Esto es, solamente constituyen infracciones las conductas identificadas por la norma. Es precisamente por este motivo que una sanción impuesta sobre una conducta no tipificada es ilegal y puede ser anulada.

El amparo legal que la Abogacía del Estado dio a la vía sancionadora fue la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, sobre protección de la seguridad ciudadana, que, en su artículo 36.6 considera infracción grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

Pero no estaríamos en los supuestos previstos por este precepto cuando el infractor, una vez requerido por la autoridad, obedeciese y corrigiese su conducta.

Distinto sería que se hubiese utilizado como respaldo legal la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, cuyo artículo 57 resulta perfectamente aplicable frente a infracciones directas de los deberes ciudadanos impuestos por las autoridades en materia sanitaria. Y es que, en estos supuestos, la sanción aparejada a la infracción cometida, la cual dependerá de la gravedad del daño podrá ir de 3.000 euros para las infracciones leves, es decir, si no se demuestra la concurrencia de un daño directo para la salud, a 60.000 euros para las graves, esto es, cuando pueda acreditarse que la infracción implique un serio daño para la salud.

En este ámbito, sin embargo, nos encontramos con un claro problema competencial, ya que, mientras el artículo 32 de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana atribuye competencias sancionadoras a la Administración del Estado y a la Administración Local, la competencia para imponer las multas previstas en la Ley General de Salud Pública, al ser materia sanitaria, es exclusiva de las Comunidades Autónomas.

En cualquier caso, todas las sanciones habrán de guardar proporción con la infracción cometida. La sanción máxima prevista en caso de desobediencia es de 30.000 euros, habiendo fijado el Ministerio de Interior una multa de 600 euros por “desplazamiento no autorizado sin circunstancias concurrentes”.

No obstante, además de la no existencia de una desobediencia a la autoridad una vez se es requerido, puede alegarse que concurren circunstancias excepcionales, de fuerza mayor o de cumplimiento de obligaciones familiares o laborales.

De lo expuesto, no debe interpretarse que de toda conducta infractora no puedan derivarse consecuencias jurídicas, pues siempre existirán casos en los que concurran requisitos que hagan imposible evitar la sanción.

Lo que sí parece claro es que, tras los acontecimientos vividos a raíz de la pandemia, resulta necesario plantear una nueva regulación de los estados de alarma, excepción y sitio contemplados en el artículo 116 de la Constitución.

José María Alonso Martín

Abogado

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s