¿SE PUEDEN MODIFICAR LAS MEDIDAS DE CUSTODIA Y VISITAS TRAS EL COVID-19?

 

MEDIDAS DIVORCIO ALONSO & WEBER

 

La “nueva normalidad” que llega a la mayor parte de las provincias españolas con el inicio de la Fase 1 de la desescalada plantea nuevas situaciones también en el derecho de familia.

Hablamos de las planteadas en cuanto al ejercicio de la patria potestad, la custodia, régimen de visitas y pensión de alimentos.

La patria potestad, que es el conjunto de derechos y atribuciones de los padres respecto de sus hijos menores, sigue plenamente vigente, como lo ha estado durante el confinamiento. Así, si el menor resultase contrajese el virus, el cuidado correspondería a ambos progenitores, y, si fuese ingresado, dicho cuidado debería realizarse siempre respetando las normas del correspondiente centro sanitario.

En este punto, debemos recordar, como lo haremos más adelante, que la suspensión de las clases en los colegios en ningún caso debe entenderse como periodo vacacional de los menores, razón por la cual ambos progenitores, cualquiera que sea el régimen de custodia, deben interesarse de igual forma por la realización de las tareas y el desarrollo del curso académico.

Por lo que se refiere a la suspensión del régimen de custodia, habremos de diferenciar entre si se trata de custodia en exclusiva o compartida. En este orden de cosas, si nos encontramos ante un supuesto de custodia individual y dado que en la nueva fase de desescalada están permitidos los traslados con absoluta normalidad dentro de la provincia, no existe impedimento para que el progenitor no custodio realice tanto las visitas intersemanales como las recogidas para el disfrute de los fines de semana que le correspondan.

Llama poderosamente la atención que las visitas intersemanales sin pernocta habían quedado en principio suspendidas por acuerdo mayoritario de las juntas de jueces de familia.

En cuanto a los periodos vacacionales, aunque no  se haya levantado el estado de alarma para cuando deban disfrutarse, deberán respetarse los periodos de estancia de los menores con cada progenitor.

Como ya indicamos al inicio, muchos progenitores han identificado el periodo de interrupción de las clases por el estado de alarma con un periodo de vacaciones. Esta interpretación es absolutamente errónea. Aunque hayan sido suspendidas las clases presenciales, en muchos casos se están siguiendo de manera telemática y se están realizando tareas en casa. De este modo, no debe olvidarse que nos encontramos en pleno curso académico.

Aunque la magnitud de la crisis económica que va a provocar la situación actual es aún imprevisible, sí cabe adelantar que decenas de miles de padres y madres verán reducidos significativamente sus ingresos, bien porque hayan dejado de cobrar sus salarios y perciban únicamente una prestación por desempleo por haberse acogido a un ERTE la empresa en que trabajaban o directamente por haber perdido sus empleos. Esta situación, que intuimos será más que frecuente, y que afectará a las pensiones de alimentos y compensatorias a cuyo pago hayan venido obligados los progenitores, únicamente podrá ponerse de manifiesto a través de una demanda de modificación de medidas.

Sin embargo, debemos resaltar que, para que la demanda de modificación de medidas tenga visos de ser estimada, la situación de perjuicio económico sufrida por el progenitor debe ser permanente, o al menos continuada en el tiempo.

En el otro lado, nos encontraremos con progenitores que, como consecuencia de esta situación excepcional, han dejado de cobrar las pensiones de alimentos a favor de sus hijos o bien las pensiones compensatorias correspondientes. Esta circunstancia debe ser reclamada mediante una ejecución de sentencia. Aunque, hasta la fecha, los juzgados de familia habían adelantado que no darían trámite a este tipo de demandas, es previsible que, con la paulatina reincorporación de los funcionarios de la administración de justicia, comiencen a ser admitidas.

Podría darse el caso que, pese a encontrarse previstas en el convenio regulador o en la sentencia unas determinadas medidas, los progenitores hayan pactado otras durante el estado de alarma. Ni que decir tiene que este pacto tiene total validez y, siempre que quede constancia por escrito, deberá ser respetado por ambas partes, con independencia que tan pronto como se vuelva a la normalidad puedan rehabilitadas las medidas inicialmente previstas.

Siendo ya recomendable en situaciones normales consensuar todo tipo de medidas cuando existen hijos menores, con más motivo debe apelarse a la comprensión ante una situación excepcional y ajena a la voluntad de las partes.

Así las cosas, resulta ineludible concluir que, a la vuelta a la normalidad tras el estado de alarma, deberán seguirse las siguientes pautas:

– Evitar en la medida de lo posible acudir a procedimientos judiciales, agotando vías tales como la mediación y la conciliación.

– Concienciar a la administración de justicia de contar con medios y personal suficiente para hacer frente a la gran cantidad de nuevos asuntos que se plantearán en los próximos meses.

– Apelar al sentido común, tanto de los ciudadanos como de los órganos jurisdiccionales, teniendo en cuenta que muchas de las situaciones planteadas son consecuencia de una situación extraordinariamente excepcional.

 

José María Alonso Martín

Abogado

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