LA PANDEMIA AMENAZA CON RALENTIZAR AÚN MÁS LA JUSTICIA EN ESPAÑA

Los ya negativos datos del informe sobre eficiencia de la justicia Esclerosis judicial en España, aún más llamativos si se contrastan con la situación de la justicia en el escenario internacional amenazan con empeorar tras la vuelta al funcionamiento de juzgados y tribunales tras el levantamiento del estado de alarma decretado en nuestro país.

 

ALONSO & WEBER Lentitud justicia España

 

Y es que el informe, que toma como referencia datos de 2019, establece que la justicia en España logró resolver 5,78 millones de casos de los casi 9 millones planteados, lo que constituye menos del 70% del total.

El dato es especialmente preocupante en los juzgados de lo contencioso-administrativo, donde la tasa de casos resueltos a un 53%, así como en los juzgados de lo social, con algo más de un 56% de los asuntos planteados.

Sin embargo, los datos apuntan a ser igualmente inquietantes en los juzgados de primera instancia, en el ámbito jurisdiccional civil, que a duras penas bajaban en 2019 de un 60% de ratio de asuntos resueltos sobre el total de las demandas planteadas.

Es previsible que, además de un considerable aumento de la litigiosidad, los procesos judiciales tiendan a dilatarse en el tiempo, con plazos muy superiores a la media de la Unión Europea. Especialmente llamativo era ya antes de la pandemia el retraso en los juzgados de lo mercantil, donde un proceso pasó de resolverse en una media de 17 meses, frente a los escasos 8 meses de 2007.

ALONSO & WEBER LENTITUD EN LA JUSTICIA

La lentitud de la justicia y su consecuencia en la percepción que de los  órganos jurisdiccionales tienen los ciudadanos se percibe en los datos de los procedimientos instados contra juzgados y tribunales. De los expedientes promovidos por responsabilidad patrimonial del Ministerio de Justicia la mayor parte se concentra precisamente en el funcionamiento anormal de la administración de justicia. Por otro lado llama poderosamente la atención que los expedientes promovidos por dilaciones indebidas de los juzgados y tribunales sean en su mayor parte desestimados.

En el contexto actual, las medidas de choque recientemente planteadas por el Consejo General del Poder Judicial van dirigidas en la línea de reorientar recursos hacia áreas que se prevén más saturadas tras la vuelta al funcionamiento de la administración de justicia.

Con todo, cabe resaltar que la litigiosidad no es que sea especialmente preocupante ni perjudicial en sí misma, pues se encuentra por debajo de otros países de nuestro entorno, tales como Francia o Italia. De lo que se trata es de fomentar otras vías de resolución de conflictos, tales como el arbitraje o la mediación que, si bien son más caros, son herramientas más rápidas y especialmente beneficiosas en ámbitos como familia o mercantil.

Asimismo, más allá de proponer la habilitación del mes de agosto para el pleno funcionamiento de los juzgados y tribunales, habría que garantizar su eficiencia, permitiendo que las plantillas de estos órganos jurisdiccionales se encuentren siempre completas y haciendo que se provea de manera ágil  y ordenada.

Que la situación actual va a tener serias consecuencias en cuanto a garantizar los derechos de los ciudadanos ya es un hecho. Confiamos en que no lo sea que se pierda esta oportunidad para implementar los mecanismos de la administración de justicia. Que la aprovechemos es, en cierta medida, responsabilidad de todos los operadores jurídicos.

José María Alonso Martín

Abogado

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