¿CÓMO DEBE SER LA PUBLICIDAD DE LOS ABOGADOS?

El Colegio de Abogados de Madrid ha calificado recientemente como “especialmente repugnante” la publicidad de varios bufetes de abogados dirigida a la captación de clientes en plena pandemia del COVID-19.

 

ALONSO & WEBER PUBLICIDAD ABOGADOS

 

El comunicado del órgano colegial madrileño recuerda asimismo que el Estatuto de la Abogacía Española y el Código Deontológico prohíben expresamente todas aquellas prácticas publicitarias que se dirijan, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas y demás sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la libre elección de abogado.

 

Lo planteado por el Colegio de Abogados de Madrid nos lleva a recordar que publicitar servicios jurídicos no siempre ha sido legal. Los abogados tenían prohibida la publicidad con unas restricciones muy claras, incluyendo las placas en los portales de los edificios donde se encontraban sus despachos y la utilización de marcas. No se permitía identificar un bufete con una marca o logotipo y las denominaciones sociales como tales debían contener como mínimo el apellido de alguno de los socios ejercientes del bufete.

 

En concreto, el  Estatuto General de la Abogacía Española de 1982 establecía en su artículo 31: “Se prohíbe a los abogados: a) El anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través de medios publicitarios”.

 

La liberalización de la publicidad para abogados y su regulación fue fruto de años de debate entre diferentes sectores de la abogacía, y dado que el ejercicio de la profesión de abogado se ha de desarrollar siempre bajo el imperio de una ética profesional, basada en la confianza con el cliente, se entendió que la publicidad, siempre que no fuese desleal, debía permitirse para ofertar servicios jurídicos.

 

No obstante, la actual regulación define aquellas prácticas publicitarias en al ámbito de los abogados que debe considerarse ilícita. Entre ellas:

1.- La publicidad que atenta contra la dignidad de las personas o vulnera los valores y derechos reconocidos en la Constitución, con especial consideración de la infancia,  la juventud y las mujeres.

2.- La publicidad subliminal. Esto es,  aquella que, mediante técnicas de producción de estímulos, puede actuar sobre las personas, sin ser ellas conscientes.

3.- La publicidad dirigida a menores que les incita a comprar explotando su inexperiencia o credulidad.

4.- La publicidad desleal, la publicidad engañosa y la publicidad agresiva. Se entiende que estas tipologías de publicidad pueden provocar error en las personas consumidoras, pudiendo ser constitutivas de fraude y sancionadas penalmente.

La publicidad de los servicios profesionales de un abogado debe ser digna, leal y veraz. De esta forma, se entiende que supone una vulneración del Código Deontológico la publicidad que constituya:

a) Revelar directa o indirectamente hechos, datos o situaciones amparados por el secreto profesional.

b) Afectar a la independencia del abogado.

c) Prometer la obtención de resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado que se publicita.

d) Hacer referencia directa o indirectamente a clientes del propio Abogado que utiliza la publicidad o a asuntos llevados por éste, o a sus éxitos o resultados.

e) Dirigirse por sí o mediante terceros a víctimas de accidentes o desgracias que carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse en ese momento sufriendo una reciente desgracia personal o colectiva, o a sus herederos o causahabientes.

f) Establecer comparaciones con otros abogados o con sus actuaciones concretas o afirmaciones infundadas de auto alabanza.

g) Utilizar los emblemas o símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión.

h) Incitar genérica o concretamente al pleito o conflicto.

i) Utilizar medios o expresiones, audiovisuales o escritos que supongan un descrédito, denigración y menosprecio de la Abogacía, de la Justicia y de sus símbolos.

j) No identificar al Abogado o Bufete Colectivo que ofrece sus servicios.

k) Utilizar medios o contenidos contrarios a la dignidad de las personas, de la Abogacía o de la Justicia.

 

El Código Deontológico de los Abogados de la Unión Europea, en relación con la publicidad, dispone:


“2.6.1
El Abogado podrá informar al público sobre sus servicios siempre que la información no sea desleal o engañosa, y respetuosa con la salvaguarda del secreto profesional y los demás principios esenciales.

2.6.2. El Abogado podrá realizar publicidad personal a través de cualquier medio de comunicación siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el párrafo anterior.”

 

De lo expuesto debe deducirse que no se permitirá al abogado realizar ningún tipo de publicidad personal, ni directa ni indirectamente, más que en la medida que las normas del Colegio en que esté inscrito se lo autorice.

 

La publicidad personal y en particular aquella que se hace a través de los medios de comunicación se considerará realizada en el lugar donde fue autorizada, desde el momento en que el abogado demuestre que ha sido dirigida a clientes existentes o potenciales establecidos en el territorio.

 

La captación desleal de clientes se encuentra también prohibida en el campo de los servicios jurídicos, entendiendo que constituyen actos de competencia desleal todos aquellos que contravengan las normas de competencia y en particular:

a) La utilización de procedimientos publicitarios directos e indirectos contrarios a las disposiciones de la Ley General de Publicidad , y a las normas específicas sobre publicidad contenidas en el Código Deontológico y restantes normas complementarias.

b) Toda práctica de captación directa o indirecta de clientes que atenten a la dignidad de las personas o a la función social de la Abogacía.

c) La utilización de terceros como medio para eludir las obligaciones deontológicas. Se considerará responsable al abogado o abogados favorecidos por tal publicidad en tanto no acrediten su total ajenidad y su dimisión inmediata del encargo profesional al tener conocimiento de aquella.

d) La percepción o el pago de contraprestaciones infringiendo las normas legales sobre competencia y las deontológicas.

e) La contravención de los principios sobre honorarios, la prestación de servicios gratuitos que suponga la venta a pérdida (artículo 17 de la Ley de Competencia Desleal: “1. Salvo disposición contraria de las leyes o de los reglamentos, la fijación de precios es libre. 2. No obstante, la venta realizada bajo coste, o bajo precio de adquisición, se reputará desleal en los siguientes casos: a) Cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento. b) Cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento ajenos. c) Cuando forme parte de una estrategia encaminada a eliminar a un competidor o grupo de competidores del mercado.”)

 

Los profesionales del derecho con muchos años de experiencia conocen que la mejor captación de clientes es la realizada a través de otros que, por haber resultado satisfechos con los servicios prestados, recomiendan al profesional. Así, un estudio reciente del Consejo General de la Abogacía Española demuestra que menos de un 10% de los clientes se deja influir por la publicidad para elegir a su abogado.

 

Es evidente, en consecuencia, que fomentar las relaciones con los clientes es bueno para que estos no solo confíen en obtener buenos resultados a raíz de la intervención profesional de un abogado, sino que también valoren que sus servicios se han prestado con ética y profesionalidad.

 

Sin embargo, se ha demostrado que siguen existiendo actividades de comunicación y marketing que, sin ser propiamente publicitarias, son más eficientes y generan más confianza que un anuncio en radio o televisión. Así, la participación periódica de un abogado como experto en un medio de comunicación, la elaboración de artículos en prensa especializada o generalista o la creación de un buen blog de consulta y actualidad jurídica pueden ser herramientas mucho más efectivas que la publicidad de un despacho de abogados.

 

José María Alonso Martín

Abogado

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