¿CÓMO QUIERE EL CGPJ QUE SEA LA DESESCALADA DE LOS JUZGADOS?

El Consejo General del Poder Judicial ha elaborado un primer documento de trabajo que tiene como objeto mitigar los efectos negativos de la reanudación de la actividad judicial y del incremento de determinados asuntos, consecuencia todo ello de la declaración del estado de alarma provocado por la pandemia del COVID-19.

 

ALONSO & WEBER TRIBUNAL SUPREMO

 

Las medidas propuestas se presentan en un plan con cinco bloques:

  1. Medidas organizativas y procesales.
  2. Medidas para la solución extrajudicial de conflictos.
  3. Medidas para la protección de colectivos vulnerables.
  4. Medidas tecnológicas.
  5. Plan de formación específico.

Entre las de índole procesal, cabe resaltar la reducción generalizada de la segunda instancia, no permitiendo la posibilidad de recurso en diversos procedimientos, la amenaza en cuanto a la imposición de costas e incluso multas en determinados planteamientos judiciales así como la creación de nuevos órganos jurisdiccionales unipersonales.

Otra de las llamativas propuestas se centra en la plena habilitación del mes de agosto para la tramitación y resolución ordinaria de los procesos judiciales, sin perjuicio del escrupuloso respeto al disfrute de las vacaciones anuales de los miembros del Poder Judicial. Esta medida, que podría considerarse adecuada desde el punto de vista teórico y justificada por la excepcional situación de crisis sanitaria, resultaría ineficaz precisamente porque la mayor parte de los miembros del Poder Judicial tomará sus vacaciones en dicha fecha. El Consejo General de la Abogacía denuncia que no se hayan tomado en consideración las circunstancias de profesionales liberales tales como abogados y procuradores, quienes, además de verse privados de sus vacaciones encontrarán enormes dificultades en lo relativo a la conciliación familiar.

Parece evidente que la de declarar hábil el mes de agosto se trata de una medida excepcional, pues en dichas fechas los juzgados y tribunales se encuentran habitualmente cerrados. Los colegios profesionales de abogados y procuradores alegan que debe partirse del principio de igualdad para todos, existiendo lo que entienden un agravio comparativo con funcionarios y miembros del Poder Judicial.

En el ámbito civil, se refuerza la posibilidad de imponer una multa, lo que supone un crédito a favor del Estado, como consecuencia del mantenimiento de posiciones injustificables. Esta circunstancia, que no es otra que la de las denominadas “pretensiones insostenibles”, es precisamente una de las tareas de los Colegios de Abogados, que ya realizan una función de filtrado de este tipo de proposiciones, razón por la cual podría verse vulnerado el derecho a una tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 24 de nuestra Constitución.

Igualmente en la jurisdicción civil se plantea un cambio de criterio de carácter sustancial. Se trata del dictado de sentencias orales (las conocidas sentencias “in voce”), debidamente motivadas y registradas en el correspondiente soporte audiovisual.

Las modificaciones propuestas en el ámbito jurisdiccional penal se centran fundamentalmente en reducir lo que el CGPJ entiende “un excesivo número de recursos frente a resoluciones interlocutorias”. Ante ellos, aprovechando el nuevo escenario, proponer que dichos recursos puedan ser resueltos en un solo trámite, e incluso plantea poder llegar a su absoluta supresión.

En la jurisdicción social es donde previsible aumente más significativamente la presentación de demandas derivadas de la normativa aprobada durante el estado de alarma. Para esta suerte de reclamaciones judiciales, el CGPJ prevé la ampliación de los plazos de caducidad tanto en la mediación como en la conciliación preprocesal (art. 65 LRJS), contribuyendo con ello, al menos en teoría, a que la mediación mantenga un carácter efectivo.

Del mismo modo, en materia de actos de comunicación se proponen las reformas de los artículos 55 y 59 de la LRJS. Se trata así de generalizar la comunicación telemática de los juzgados con los diferentes servicios de mediación, FOGASA u órganos de la administración, evitando el correo certificado. La pregunta en este caso es por qué ha habido que esperar hasta ahora para suprimir la necesidad de la comunicación por correo certificado, lo que ya se conocía que era un trámite completamente prescindible.

Al igual que en la jurisdicción civil, se propone reforzar la oralidad en la resoluciones, potenciando el dictado de las sentencias “in voce”.

Finalmente, en materia de ERTEs, el CGPJ propone suprimir en el art. 153.1 LRJS la frase: «que afecten a un número de trabajadores igual o superior a los umbrales previstos en el apartado 1 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores». La finalidad no es otra que la de reducir el número de impugnaciones individuales de los ERTE y correlativamente facilitar las impugnaciones conforme a la modalidad procesal de conflictos colectivos.

Aunque este primer documento de trabajo es una propuesta de carácter organizativo y procesal, el Consejo General de la Abogacía Española ha recogido la respuesta de los Colegios de Abogados, oponiéndose y rechazando enérgicamente la mayor parte de las medidas propuestas.

José María Alonso Martín

Abogado

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