¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS PARA INQUILINOS AFECTADOS POR EL COVID-19?

Tras las medidas establecidas por el Gobierno en relación con la situación de los titulares de préstamos hipotecarios a raíz de la emergencia decretada por la propagación del COVID-19, se ha planteado un paquete de medidas para afrontar el estado en que han quedado miles de familias con contratos de arrendamiento en vigor y que han visto reducidos significativamente sus ingresos. Dichas medidas suponen una modificación en los derechos y obligaciones tanto de los arrendatarios como de los arrendadores.

ALONSO & WEBER Moratoria alquileres COVID19

Las medidas implementadas por el RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 se articulan en tres elementos.

En primer lugar, los arrendatarios podrán solicitar una prórroga extraordinaria por un máximo de 6 meses para aquellos contratos que vencieran entre el 2 de abril de 2020 y hasta dos meses desde que se decrete el fin del estado de alarma.

Por otro lado, con el objeto de proteger a los hogares más vulnerables, esto es, aquellos que se han visto más golpeados por la crisis económica derivada del estado de emergencia sanitaria, se adoptarán medidas especiales respecto de los arrendamientos de vivienda habitual.

De entre ellas, destacar la de la suspensión de todos los procedimientos de desahucio ya iniciados y así como de los lanzamientos para familias en situación de especial vulnerabilidad y sin alternativa habitacional. Cuando se decrete la finalización del estado de alarma podrá solicitarse a los juzgados una suspensión extraordinaria por un periodo máximo de 6 meses desde el 2 de abril de 2020.

Para ello será preciso que el arrendatario presente una solicitud alegando y acreditando su situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida como consecuencia de la declaración del estado de alarma a raíz del riesgo de contagio del COVID-19.

De este modo, de cumplir los requisitos, el juzgado deberá decretar la suspensión del desahucio o del lanzamiento en el periodo establecido, fijándose como máximo el día 2 de octubre de 2020 (6 meses desde el 2 de abril de 2020).

No obstante, puede darse el caso de que también el arrendador se halle en situación de vulnerabilidad. De producirse dicha circunstancia, los servicios sociales actuarán a favor del arrendador y ello será tenido en cuenta por el juzgado para la declaración de la suspensión del procedimiento de desahucio o del lanzamiento.

Finalmente, otro aspecto importante de las medidas adoptadas, es el de la condonación del pago de rentas a los arrendatarios en situación de vulnerabilidad. En este caso, el RDL discrimina entre los casos en que el arrendador es un particular, y aquellos otros en que es una entidad pública de vivienda, una empresa, o un gran tenedor, esto es, un propietario de más de 10 fincas urbanas en arriendo o bien con una superficie construida de más de 1.500 m2.

En el primero de los casos, es decir, cuando el arrendador sea un particular, el arrendatario puede llegar a acuerdos voluntarios para aplazar o condonar total o parcialmente las rentas.

El arrendador no tiene la obligación de aceptar el aplazamiento, si bien, dadas las circunstancias, puede resultar esto lo que más pueda convenir a sus intereses.

De no existir pacto, los arrendatarios podrán solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de las rentas, fijándose como plazo el día 2 de mayo de 2020.

Con independencia del acuerdo de aplazamiento alcanzado con el arrendador, el arrendatario podrá acceder a una serie de medidas de ayuda. Así, podrán solicitar créditos sin gastos ni intereses, con la única condición de que se destinen al pago de las rentas, pudiendo llegar a cubrir un máximo de 6 mensualidades.

Está previsto poner en funcionamiento otro programa de ayudas, incluidas en el marco del Plan Estatal de Vivienda, y que podrán alcanzar en determinados casos hasta 900 euros mensuales. Las condiciones y requisitos serán establecidas por la correspondiente Comunidad Autónoma.

En el caso de que el arrendador sea una empresa, una entidad pública o un gran tenedor, los arrendatarios podrán solicitar un aplazamiento extraordinario, teniendo igualmente como fecha para hacerlo el 2 de mayo de 2020.

De no existir acuerdo entre las partes, el arrendador podrá optar entre una de las siguientes opciones:

  1. Una reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si aquel plazo fuera insuficiente, con un máximo en todo caso de cuatro meses.
  2. Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente, sin que puedan superarse, en ningún caso, los cuatro meses.

Los arrendatarios en situación de vulnerabilidad tienen derecho a solicitar las ayudas previstas para la financiación del pago de la renta. Una vez les fuesen concedidas, se levantaría la moratoria para el pago de las rentas.

José María Alonso Martín

Abogado

Accede al texto íntegro del RDL 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

ALONSO & WEBER BOE-A-2020-4208

 

 

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