CESE DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES POR EL COVID-19

La nueva fase que afronta España tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

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El citado texto legal prevé la absoluta paralización de las actividades no esenciales.

Entre dichas actividades se encuentran las sanitarias, de abastecimiento, de limpieza, de transporte, de servicios financieros, de telecomunicación y audiovisuales y algunos servicios jurídicos y de asesoramiento, entre los que se encuentran los prestados por abogados en actuaciones procesales no suspendidas por el RD 463/2020 y por gestorías y asesorías en cuestiones que se consideren urgentes.

A última hora del domingo 29 de marzo, prácticamente en la madrugada del día 30, el Gobierno decretó una moratoria de 24 horas para algunas actividades no esenciales que no hayan podido interrumpir su actividad de manera inmediata.

La decisión ha provocado una situación de caos en las empresas y en los propios trabajadores, muchos de los cuales no sabían a primera hora de la mañana si debían o no acudir a su puesto de trabajo.

El Decreto dispone que:

“En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, las personas trabajadoras incluidas en el ámbito subjetivo de este real decreto-ley podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la reanudación de la actividad empresarial”.

Varias disposiciones transitorias vienen a establecer excepciones puntuales y limitadas para “aquellas actividades que puedan verse perjudicadas de manera irremediable o desproporcionada por el permiso establecido en el presente real decreto ley “y “el personal de actividades de transporte que se encuentre realizando un servicio en la fecha de entrada en vigor de este real decreto ley”.

Los trabajadores, pese a no prestar su actividad laboral, deberán seguir percibiendo sus salarios, lo cual no ha sido acogido con satisfacción por los empleadores. A cambio, deberán comprometerse a recuperar las jornadas de trabajo no satisfechas, lo cual deberá hacerse sin vulnerar ninguno de los derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.

La patronal, además de considerar prácticamente imposible cumplir con lo requerido en el RDL, ha calificado de “precipitada” la decisión de paralizar las actividades no esenciales y especialmente que, a pocos minutos de la medianoche, se optara por una moratoria que ha llevado a muchas empresas a no saber qué comunicar a sus trabajadores.

Son muchas actividades en las que no puede cesar la actividad de manera automática. Es el caso sectores productivos como el industrial, que ha seguido recibiendo pedidos, muchos de los cuales del extranjero, y que se encuentran en la situación de elegir entre desatender a sus clientes o desobedecer lo previsto en el RD.

No obstante, se estima que la medida pueda traducirse en unas pérdidas significativas para la economía española. Así, un estudio elaborado por Fedea y BBVA Research concluye que el PIB caerá hasta un -4,5% en 2020.

José María Alonso Martín

Abogado

Lee el texto completo del RDL 10/2020, de 29 de marzo.

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