¿Qué son las “tarjetas revolving”?

La Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, también denominada Ley de Represión de Usura, regula las causas de nulidad de determinado tipo de contratos de crédito al consumo.

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En particular, es su artículo 9 el que establece que:

“lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido”.

Este precepto permite interpretar la norma de manera muy flexible, lo que ha posibilitado su aplicación a los créditos al consumo y, en concreto, a las denominadas “tarjetas revolving”.

Las “tarjetas revolving” son un tipo de contrato de crédito al consumo. Su característica es permitir un aplazamiento en las compras que puedan realizarse mediante su uso.

Esta modalidad de “pago a plazos” supone que el titular de la tarjeta decidirá el importe pagar, esto es, podrá escoger entre pago aplazado o pago total. Evidentemente, únicamente la primera de las dos modalidades generará el pago de intereses, existiendo distintos tipos de cuota en función de diferentes criterios.

Otra de sus características es el límite de crédito, lo que supone que el usuario no podrá disponer de una cantidad mayor que la establecida por la entidad. A esta característica, común a otros tipos de tarjetas de crédito, se añade la posibilidad de reponer el crédito mediante el pago de recibos periódicos.

Es precisamente esta tipología de pago aplazado la que va a generar unos intereses que son considerados abusivos por nuestra jurisprudencia reciente.

De este modo, la STS 628/2015 de 25 de noviembre de 2015 viene a reinterpretar la Ley de Represión de Usura mediante el análisis pormenorizado de un contrato de una “tarjeta revolving”. En particular el interés remuneratorio establecido en el supuesto analizado era de un 24,6%, siendo el interés de demora de un 29,1%.

La Ley de Represión de la Usura establece un límite a la autonomía negocial del artículo 1255 del Código Civil,  aplicable al préstamo y cualquier operación de crédito sustancialmente equivalente al préstamo.

El artículo 1 de la Ley de Represión de la Usura viene a disponer:

“Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales”.

Pese al establecimiento de unos requisitos en cuanto a nivel de experiencia, formación y facultades mentales del prestatario, el Tribunal Supremo opta por no exigir el cumplimiento de todos y cada uno de ellos para la consideración del préstamo como usurario, basta con que el interés sea “notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso”.

No podrá justificarse que se eleve el tipo de interés de manera desproporcionada en operaciones de financiación al consumo sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos. La concesión irresponsable de préstamos con intereses muy superiores a los normales, con el consiguiente sobreendeudamiento de los consumidores, no puede ser protegido bajo ningún concepto  por nuestro ordenamiento jurídico.

El Tribunal Supremo establece que el interés nominal no es el tipo de interés que ha de tomarse en consideración a la hora de analizar si un interés es notablemente superior al normal del dinero, sino la Tasa Anual Equivalente.

Para determinarlo habrá de acudirse a las estadísticas, siendo la fuente el Banco de España.
Establece la sentencia referida que:

“la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter “abusivo” del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.”

De esta forma se cierra la puerta de la cláusula que recoge los intereses remuneratorios, pero no la del análisis de transparencia de los artículos 5.5 y 7 Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación.

Las entidades que comercializan este tipo de producto realizan frecuentemente la contratación vía telefónica, ofreciendo una tarjeta con multitud de descuentos y cuya modalidad de pago fraccionado ofrece muchas ventajas, pero sin hablar en ningún momento del tipo de interés. Se establece una cuota mínima del uso de la tarjeta de manera que, en cuanto el consumidor realiza un pago con la tarjeta, se le carga dicha cuota final de mes. En dicha cuota, sorprendentemente, se aumenta el principal.

La consideración como usurario del crédito va a suponer su inmediata declaración de nulidad “radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es fatalmente insubsanable, ni es susceptible de prescripción extintiva”.

En consecuencia, el prestatario deberá abonar exclusivamente la suma recibida, debiendo el prestamista devolver todo que haya recibido excediendo del capital prestado.

Con carácter previo a la interposición de la correspondiente demanda de juicio ordinario será preciso recabar toda la documentación entre la que debemos incluir el contrato, el cuadro de amortización y el extracto de los pagos realizados con la correspondiente tarjeta.

La entidad estará obligada a proporcionarnos la documentación que le solicitemos con carácter gratuito. De negarse a hacerlo podremos interponer reclamación previa ante el Banco de España.

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