¿QUÉ DICE EL ART. 155 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA?

El artículo 155 de la Constitución Española (CE) constituye un instrumento conocido por la doctrina como “ejecución forzosa” o “compulsión o coerción federal”. Presente en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn, y propia del derecho federal, fue también previsto en España en la Constitución de la Segunda República.

 

ALONSO & WEBER Spanish flag

El mecanismo planteado en el artículo 155 CE tiene carácter excepcional, no pudiendo aplicarse más que en determinados supuestos. El precepto establece textualmente que si una comunidad autónoma no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actúa de forma que atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y, en caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligarla a cumplir forzosamente dichas obligaciones o proteger el mencionado interés general.

Añade asimismo que el Gobierno de España podrá para ello dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas. La excepcionalidad de esta medida comporta, en definitiva, la existencia de un presupuesto de hecho concreto, pero cuya precisión puede llamarse a interpretaciones, y que no es otro que la actuación de la comunidad autónoma ha de atentar gravemente contra el “interés general de España”.

Con independencia de dicha interpretación y de la determinación de los supuestos en que el mecanismo previsto en el precepto estudiado podría ponerse en funcionamiento, resulta especialmente interesante estudiar la doble vertiente que el legislador constitucional plantea:

En primer lugar, es evidente que habría que entrar a discutir acerca del alcance de los incumplimientos constitucionales o legales o del grave atentado al interés general de España por parte de una comunidad autónoma. Pero también de las medidas coactivas a poner en práctica por el Gobierno central. En cualquier caso, es frecuente que las constituciones modernas doten al Ejecutivo de poderes bastantes para garantizar la viabilidad del Estado, consecuencia ineludible del principio constitucional de unidad, a cuya garantía está obligado todo Gobierno responsable.

En un segundo plano, y ante las siempre interesadas críticas a este tipo de medidas coercitivas, hay que recordar que éstas no son una anomalía de nuestra Constitución, pues la Ley Fundamental de Bonn y Constitución Italiana, por poner dos ejemplos cercanos en el ámbito europeo, ya las habían previsto. Por el contrario, dichos instrumentos son comunes en el derecho constitucional comparado. Las normas constitucionales referidas, entre otras, contemplan la posibilidad de suspensión o disolución de los órganos federales, en el supuesto de que a los mismos se les pudiese atribuir una grave lesión del orden constitucional o legal. Debe recordarse que en 2002, el Gobierno Británico, encabezado por el Primer Ministro Blair, y en aplicación del mandato constitucional equiparable a nuestro artículo 155, suspendió la Autonomía del Ulster para atemperar la crisis política imperante en pleno proceso de paz.

Cabe concluir sin embargo que no es el objeto de la medida prevista en el artículo 155 CE, pues, “la suspensión de la Autonomía”, sino arbitrar los posibles remedios proporcionados que puedan obligar al destinatario al cumplimiento forzoso de sus deberes, previa advertencia suficiente en tal sentido, que bien podrán consistir en que el Estado e incluso otras Comunidades Autónomas limítrofes asuman temporalmente determinadas competencias, o bien impedir temporalmente la actividad del órgano autonómico que haya vulnerado el ordenamiento constitucional.

José María Alonso Martín

Abogado

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