¿En qué se parecen la Ley de Tasas y la Reforma de la Justicia Gratuíta?

¿Qué tienen en común la Ley de Tasas y la Reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuíta? La respuesta es bien sencilla: ambas son erráticas y absolutamente incomprensibles.

 

La reforma de la Ley 1/96 de Asistencia Jurídica Gratuita ha sido una reivindicación de todos los que prestamos este servicio. La adecuación a la nueva realidad social y potenciar la labor de los letrados que, de manera casi altruista, desarrollan su actividad a veces pese a las circunstancias.

La Ley 10/12, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la administración de justicia ha tenido el dudoso mérito de poner de acuerdo a todos los operadores jurídicos, hecho absolutamente histórico y sin precedentes.

Pero, ¿cómo se ha llegado a poner en relación ambos textos legales? El anteproyecto vincula claramente a la Ley de Tasas con la Justicia Gratuita. Trata de compensar el cercenamiento de numerosos derechos en una a través de la ampliación de los presupuestos en otra. Pero, por si eso fuera poco, le futura ley contempla una reducción  de los Servicios de Orientación Jurídica Gratuita, conocidos entre nosotros como SOJ, en unos tiempos donde – el que suscribe es buen conocedor del funcionamiento del servicio- su labor trasciende el plano jurídico,  para convertirse en una auténtica función social.

La lamentable situación en la que los letrados pertenecientes al turno de oficio se encuentran en la actualidad es otro de los aspectos que debiera haberse contemplado en el anteproyecto. Lejos de ello, no existen garantías ni controles en que los profesionales percibamos de la Administración nuestra retribución. Para colmo de la desfachatez, se argumenta que la Ley de Tasas vendrá asegurar el cumplimiento de las obligaciones económicas de las administraciones regionales para con los letrados del turno.

La actitud mostrada desde el Ministerio de Justicia no invita al optimismo. No obstante, el tiempo, inexorable y despiadado, que da y quita razones, vendrá a dar su veredicto. Y esa es ahora nuestra única esperanza.

 

José María Alonso Martín es abogado y miembro del Servicio de Orientación Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

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