La asistencia jurídica gratuita

 

Fundamento normativo

Establece el art. 119 de la CE el derecho a la justicia gratuita; la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

El art. 20 de la LOPJ recoge la declaración constitucional y la prohibición de exigir fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular. Una ley ordinaria regula el sistema de justicia gratuita: la Ley 1/1996, de 10 de enero, sobre Asistencia Jurídica Gratuita.

Sujetos de la asistencia jurídica gratuita

Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita los ciudadanos españoles, a los que se asimilan los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y los ciudadanos de otros países, siempre que residan legalmente en España.

En todo caso, los solicitantes habrán de acreditar la insuficiencia de recursos para litigar. Además, podrán solicitar el derecho de asistencia gratuita en el orden jurisdiccional social, y sólo para lo que se refiere a la defensa enjuicio, todos los trabajadores y todos los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, con independencia de cuáles sean su ciudadanía y el régimen de residencia que tengan en España.

En el orden jurisdiccional penal, tienen derecho a la asistencia letrada todos los ciudadanos extranjeros. Igualmente tendrán reconocido el derecho a asistencia letrada los extranjeros en el orden contencioso-administrativo.

 

Requisitos para la asistencia jurídica gratuita

Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente al momento de efectuar la solicitud.

La ley entiende que constituye la unidad familiar la integrada por los cónyuges no separados legalmente y por los hijos menores no emancipados; y la formada por el padre o la madre y los hijos menores de edad no emancipados. Para personas jurídicas el límite mínimo se fija en una base imponible en el Impuesto de Sociedades igual o superior al triple del salario mínimo interprofesional.

No obstante, existen supuestos en los que, teniendo el justiciable unos ingresos superiores al mínimo establecido, no tenga los medios suficientes para pagar los gastos de asistencia judicial (número de hijos, salud, obligaciones económicas, etc.) .

En estos casos, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá reconocer el derecho de manera total o parcial.

 

Contenido de la asistencia jurídica gratuita

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende:

• Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso .

• Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado.

• Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en los supuestos judiciales que la ley establezca.

• Inserción gratuita de anuncios o edictos que deban publicarse en los periódicos oficiales.

• Exención del pago de depósitos que algunas veces la ley exige para la interposición de los recursos.

• Asistencia pericial en el proceso.

• Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.

• Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas, copias y testimonios notariales.

 

Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita

El derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce en vía administrativa por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Estas Comisiones tendrán su sede en cada una de las capitales de provincia, en Ceuta y Melilla y en cada isla en que existan uno o más partidos judiciales.

La solicitud de reconocimiento produce la suspensión del proceso que pueda estar en marcha a fin de evitar que el tiempo que necesariamente transcurre en la tramitación del procedimiento administrativo pueda perjudicar al derecho de defensa de quien lo solicita.

La resolución, si es de reconocimiento, confirma los nombramientos provisionales de abogado y procurador.

Si por el contrario deniega la solicitud, las designaciones de abogado y procurador quedarán sin efecto, debiendo el solicitante abonar los honorarios correspondientes.

 

Prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita

Los Colegios de Abogados están obligados a la organización, dentro de su sede, de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Corresponde al Estado, a través del Ministerio de Justicia, aportar los fondos necesarios para hacer frente a este servicio público.

Los profesionales que intervienen en el servicio tendrán la facultad de no prestar el servicio para el que han sido requeridos cuando consideren que el derecho que se pretende ejercitar por el justiciable no tiene fundamento o es insostenible el recurso que pretende interponer.

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