¿Seguridad jurídica en el comercio internacional? El caso Repsol YPF

Para entender la situación actual de YPF es necesario conocer algunos aspectos básicos para así llegar a comprender la dimensión real de los últimos acontecimientos acaecidos en Argentina. Desde estas páginas intentaremos esclarecer el por qué de la situación actual.

Antecedentes históricos

La privatización de YPF tuvo comienzo como parte del importante paquete de reformas que el gobierno de Carlos Menem desarrolló entre los años 1989 y 1999.
De esta manera, el Decreto N° 2.778 del Poder Ejecutivo Nacional de fecha 31 de diciembre de 1990, reglamentario de la Ley N° 23.696 transformó a “Yacimientos Petrolíferos Fiscales Sociedad del Estado” en “YPF Sociedad Anónima”. Se daba así el primer paso para poner uno de los buques insignia de la energía en Sudamérica en manos del mejor postor que, parecía inevitable, debía venir del extranjero.

Como el objetivo de Menem no era otro que obtener pingües beneficios a muy corto plazo, para de esta manera sanear las arcas públicas, Repsol se hizo con el control de la mercantil argentina por 2.000 millones de dólares. El proceso de venta continuó en 1992 cuando, por la Ley 24.145, se consumó la privatización del resto del capital social disponible de YPF S.A.  Para compensar, el dominio público  de los yacimientos de los hidrocarburos pasó a las provincias.

Las decisiones estratégicas sobre el principal recurso natural del país pasaron a tomarse en Madrid. Repsol desarrolló una estrategia basada en cuatro pilares: mantener el liderazgo en el mercado español; desarrollar nuevos descubrimientos y adquisiciones; asegurar la expansión internacional; y generar recursos propios logrando satisfacer la demanda eléctrica interna al mínimo coste posible.

A finales de 2007, Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz, impuso el ingreso en YPF de la familia Eskenazi, propietaria del Banco de Santa Cruz, encabezando el Grupo Petersen. El precio fue módico: los Eskenazi adquirieron el 25% de las acciones sin abrir la billetera. Como contrapartida la familia Eskenazi contrajo una importante deuda con varias entidades financieras y con la propia Repsol, a la que se le obligó repartir dividendos periódicamente  –el 90% de sus ganancias netas durante diez años-  con el objeto de que los nuevos accionistas pudieran satisfacer lo que debían. El argumento para consumar la expropiación de que Repsol no ha invertido lo suficiente, utilizado por la propia Sra. Fernández, pierde solidez por este motivo.
Seguridad en el Comercio Internacional

Cualquier contrato internacional supone riesgos a niveles muy superiores a los planteados, aún en situaciones de crisis económica como en la que nos encontramos, en el panorama doméstico. La cultura negociadora y empresarial de la contraparte, el ámbito geográfico o el sistema financiero obligan a quien desee invertir en un país extranjero a tomar numerosas medidas de precaución.

Repsol había adoptado todo tipo de precauciones y, lo que era más importante, había cedido a la entrada en el accionariado de una familia vinculada al peronismo. Poco o nada podían sospechar de que la viuda de quien favoreció a los Eskenazi en esta operación a tres bandas determinaría la necesidad de recuperar YPF en manos estatales. La razón, una más que discutible argumentación que lleva al ejecutivo argentino a acusar a la multinacional española de no dedicar suficientes inversiones al desarrollo de la petrolera argentina. Lo que no trasciende es que el sector energético, particularmente el de los hidrocarburos, se encuentra altamente subsidiado, lo que, ya de inicio, supone un obstáculo insalvable para obtener una rentabilidad medianamente aceptable.

El caso recientemente expuesto, contra lo que pudiera llegar a pensarse por el escaso peso internacional de España en círculos económicos, podría haberle pasado a cualquier inversor extranjero en Argentina. Ya le sucedió a la también petrolera americana –y mayor multinacional a nivel mundial, según dicen- Exxon Mobil en Venezuela. Aunque el caso más llamativo se produjo en México, a finales de los años 30. En marzo de 1938, el gobierno de México expropió la industria petrolera extranjera en manos de empresas estadounidenses, británicas y holandesas. Este acontecimiento precipitó una crisis sin precedentes que puso a México y Estados Unidos al filo del conflicto armado. Por añadidura, si bien la expropiación sirvió para cohesionar el sistema y para unir al pueblo con su líder –el general Cárdenas-, los mercados financieros –sí, ya existían- pusieron el punto de mira en derrocar a un gobierno que suponía un serio escollo a la carrera petrolífera en Centroamérica. Únicamente el inicio de la Segunda Guerra Mundial pudo desviar la atención hacia Europa, brindando a México la posibilidad de utilizar la expropiación como un símbolo de liberación del sometimiento y la dependencia que hasta entonces tenían del país vecino.

Es evidente pensar que las grandes potencias económicas del mundo deberían plantarse ante situaciones como la sufrida por Repsol. Ese sentimiento de esto mismo me podría pasar a mí  sería más que suficiente para cerrar filas entorno a una empresa que, si bien ha obtenido ingresos –para eso está la actividad empresarial-, no se ha mostrado especialmente despiadada en la negociación de los contratos que ha suscrito en Sudamérica. Esto es algo que al grupo petrolero chino Sinopec no parece importarle en demasía, pues, según algunas fuentes, ya había hecho hace escasas fechas una interesante oferta a Repsol –se habla de 15.000 millones de dólares- por adquirir el control de YPF.
Ni que decir tiene que las garantías contractuales son un instrumento legal que tienen por objeto minimizar el riesgo de incumplimiento del contrato desarrollado en el ámbito internacional, pero de nada sirven aquéllas ante la contundencia de una decisión política, más cuando ha sido tomada por un ejecutivo que apoya su discurso en el populismo y la demagogia. Y no olvidemos que el término expropiación se halla estrechamente relacionado al de justiprecio, y que el gobierno argentino ha pretendido desde el principio negociar a la baja e incluso ha llegado a amenazar a Repsol con la imposición de importantes sanciones.

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